POLICRONICA

Perversidad…Tras el encontronazo entre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) región montaña-Costa Chica y el Poder Judicial y Poder Ejecutivo, esconde perversidades, buscan tumbar al gobernador perredista y limpiar de inconformes contra la instalación de mineras en esa zonas de Guerrero.

Para conocimiento de nuestros lectores, deben saber que el lunes pasado por la mañana había sido detenido por la Policía Ministerial del estado el integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Máximo Tranquilino Santiago por el presunto delito de privación de la libertad (secuestro) de una persona, supuestamente esto se configuraba porque no estaba acreditado de que era uno de los 10 coordinadores de la Policía Comunitaria. La respuesta fue inmediata de la CRAC el martes procedieron a detener al juez Filemón Vázquez Espinosa, el agente titular del Ministerio Público Omar Sandoval León, el secretario de Acuerdos José Luis Bernabé y el agente auxiliar Napoleón Hernández fueron trasladados a la comunidad de Buena Vista, pues, a decir de los dirigentes, había temor de que la Policía Ministerial irrumpiera por la madrugada al Centro de Justicia a rescatarlos y se desatara un enfrentamiento. Pero afortunadamente este miércoles por la tarde mediante el diálogo y aclaraciones fue liberado el coordinador de la Policía Comunitaria Máximo Tranquilino Santiago, por consecuencia también pusieron en libertad a los cuatro funcionarios del Poder Judicial y Poder Ejecutivo vía Procuraduría General de Justicia del estado. La detención de estos servidores públicos, fue en estricto apego a la Ley 701, misma que fue aprobada por los integrantes de la agonizante LIX Legislatura Local en sesión de fecha 15 de febrero del 2011, los Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, presentaron a la Plenaria el Dictamen con proyecto de Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. En base a esto, se integró una asamblea microrregional de la CRAC ayer miércoles y se llevó a cabo un juicio popular en el que las autoridades comunitarias lograron que los empleados funcionarios retenidos desde el martes reconocieran que se equivocaron al detener al dirigente porque desconocían la ley publicada el año pasado, que en su artículo 37 reconoce a la CRAC para todos los efectos y sus actuaciones legales, por cierto les regalaron una copia de esa ley para que salgan de su simulada ignorancia. En esa asamblea popular, los comandantes de la CRAC también detallaron el momento en que detuvieron al juez y al titular del Ministerio Público del Fuero Común, a quien le encontraron una pistola calibre 9 milímetros, la cual fue mostrada a los asistentes. El agente aseguró que la portaba para su defensa como parte de las medidas adoptadas por la dependencia ante los ataques que han recibido. En sus participaciones, el juez y el agente del Ministerio Público dijeron tener en la zona menos de un mes, por lo que no conocían a fondo el caso, al igual que otros, lo cual fue refutado por varios de los presentes, quienes dijeron que deben de analizar los casos y actualizar su base de datos porque hay algunos que ya prescribieron. En la asamblea se destacó el vacío de las autoridades del estado que fueron convocadas a pesar de que un día antes el gobierno del estado emitió un escueto comunicado en el que aseguraba que privilegiaría el diálogo. Cuando afirmamos que hay perversidad en este conflicto intercultural, pues hay personas interesadas dentro de la administración estatal perredista-aguirrista que encabeza Angel Heladio Aguirre Rivero, en crearle conflictos a costa de lo que sea y desplazarlo del poder. El pasado 20 de agosto, los mismos funcionarios encargados de la logística, le tendieron una emboscada en Tixtla, porque lo llevaron a inaugurar el ciclo escolar 2012-2013, en un municipio mal gobernado por un alcalde priísta y tierra de la escuela normal rural de Ayotzinapa, que está agraviada por el asesinato de dos de sus compañeros el 12 de diciembre por Policías Ministeriales en la Autopista del Sol, suficiente para que se manifestaran, y finalmente eso sucedió, eso ocasionó que Aguirre Rivero salieron huyendo del evento, porque los manifestantes le reclamaban justicia, por consecuencia su primer guarura Felipe Martín de Jesús Ornelas Rebollo arremetió y amenazó a los periodistas Erick Chavelas Hernández y Miguel Ángel Morán Delgadillo. En el caso de San Luis Acatlán, región de la Costa Chica, está inmerso en la perversidad, porque los cuatro funcionarios del Poder Judicial y Ejecutivo, argumentaron ignorancia de la ley, cuando no tiene más que un año en que se aprobó la Ley 701 por el Congreso Local, y decir que no la conocen, es pura falsedad, aunque digan que llevaban escasamente dos y tres meses laborando en la región y sabiendo que estaría en zona indígena, pero eso no los justifica, porque lo primero que debieron haberse actualizado en las leyes porque hasta el cansancio se ha hablado de que en la zona indígena existe la CRAC y su Policía Comunitaria. En todo caso, habría que aseverar que esto fue una demostración de fuerza entre la CRAC y el gobierno del estado que encabeza el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Lo rescatable de todo esto, es que no se cometió la imprudencia de alguien de sus colaboradores de Aguirre Rivero haber mandado a policías a rescatar a los detenidos por la CRAC, pues hubiera terminado en un enfrentamiento con consecuencias lamentables. Lo bueno que se impuso el diálogo. Sin embargo también es cuestionable la actitud y la respuesta de la Procuradora General de Justicia del Estado, Martha Elba Garzón Bernal, en torno al suceso al decir que la actuación de la CRAC está fuera de la ley, aseveración totalmente aberrante, evidenciándose como una auténtica ignorante y flaco favor le hizo a su jefe Aguirre Rivero, porque en lugar de apaciguar los ánimos, los encendió más, ahora mismo estará recibiendo reprimendas de los sectores y Organismos No Gubernamentales. Todo esto es producto de que la señora Garzón Bernal no es licenciada en derecho, sino técnica como criminóloga, pero eso no le da derecho a declarar desaciertos, para ello tiene que prepararse para responder a los incómodos cuestionamientos de la prensa. La detención del indígena Máximo Tranquilino Santiago no fue otra cosa que una provocación gubernamental y de manera perversa probar la capacidad de respuesta de la CRAC, pero afortunadamente los dirigentes actuaron con prudencia y con apego a la Ley 701. Cuando hablamos de perversidad también va implícito ver hasta donde están dispuestos a defender su territorio indígena, no hay que olvidar en la región montaña-Costa Chica, está siendo asediada por empresarios extranjeros, entre ellos canadienses para entrar a la zona y explotar los grandes yacimientos mineros de plata y zinc, a lo que se han opuesto rotundamente los étnicos porque saben que esos depredadores de la naturaleza traen desgracias para los pueblos, por lo que anticipamos que lo van a impedir a toda costa y si es necesario hasta con su vida. No estamos alejados de nuestra visión cuando afirmamos que hay perversidad dentro del gobierno para provocar que caiga del poder Angel Heladio Aguirrre Rivero, pues solamente habría que recordar que hace 16 años cuando fue gobernador interino, respaldó no solamente en el discurso, sino con apoyos a la CRAC y ahora que volvió nuevamente como gobernador constitucional, refrendó su compromiso de apoyar a la Policía Comunitaria y por cierto ha incumplido a la fecha todos los ofrecimientos que hizo el jefe del ejecutivo, entre otras cosas los 500 mil pesos mensuales, hasta hoy solamente ha dado 100 mil pesos por única vez, porque supuestamente no se comprueba el egreso, tampoco les ha dado las 200 armas pactadas porque no cuenta con una licencia colectiva y otras cosas más. Estos incumplimientos seguramente no es imputable al propio Aguirre Rivero, sino de sus mismos colaboradores interesados que caiga del poder, y nombrar a un interino y repetir la historia de hace 16 años. Si siguen insistiendo en evidenciar incapacidad de Aguirre Rivero y ponerlo en mal, van a lograr que el PRD se quede sin gobernador constitucional en Guerrero…Delincuentes…Utilizando sinverguenzadas, los 46 inútiles e improductivos casi ex diputados de la LIX legislatura Local, se salieron con la suya, pues van a recibir, si es que no ya los tienen en sus bolsillos más de un millón de pesos. Como fueron severamente cuestionados por la sociedad de que estaban exigiendo la entrega de un «bono» de 300 mil pesos de retiro. Simplemente cambiaron el concepto. Habría que precisar que este tipo de «estímulos» no lo contempla la Ley Orgánica del Poder Legislativo, primero porque son representantes populares y si los enroláramos en personal de «confianza», hasta hoy no conocemos alguna legislación que contemple «bonos de retiro». Sin embargo estos 46 delincuentes de «cuello blanco» cambiaron el concepto de «bono», por «caja de ahorro», por lo que ahora le recetan a la población guerrerense de manera impune se llevan a sus bolsillos estos bribones la cantidad de 300 mil pesos cada uno, es decir que el Congreso local será desfondado en sus arcas la despreciable cantidad de 13 millones 800 mil pesos, esto sin contar que sus «achichincles» que llevaron a vegetar por tres años, también están exigiendo que se les indemnice, pese a que es personal de confianza y tampoco lo contempla alguna ley, por ende no tienen derechos para recibir «bonos» de retiro. Pese todo esto, los malandrines del Congreso Local, ya se embolsaron los millones de pesos, cuando su productividad legislativa es inexistente. Como verdaderos delincuentes están saqueando las arcas del Congreso Local, tanto que lo van a dejar endeudado para que LX Legislatura pague los platos rotos, inicialmente se habla de por lo menos 21 millones de pesos de déficit. No cabe duda que los cargos de representación popular son para robar, no para servir a los ciudadanos con leyes y gestoría. Definitivamente los 46 delincuentes de «cuello blanco» se van forrados de miles de pesos, mientras que los ciudadanos seguimos esperando beneficios en obras sociales. Con esto queda demostrado que en donde desgobierna el Partido de la Revolución Democrática (PRD), es sinónimo de robo, porque la anterior legislatura también saqueó el erario dejando deudas millonarias que nunca se aclaró con precisión. El futuro de la LX Legislatura también será presidida por el PRD, por consecuencia habrá robos a lo descarado. Eso es lo que se conoce, pero en realidad lo que se van a llevar será más de un millón de pesos, cantidad revelada por sus colaboradores más cercanos de cada uno de los 46 aún diputados, lo que significa que saquearán el Congreso con más de 46 millones de pesos, además tampoco es creíble que vayan a dejar un déficit de 21 millones, sino de más dinero, pese a que tienen un presupuesto para el 2012, más de 300 millones de pesos, por lo que la LX legislatura local habrá de recibir en bancarrota y tendrá que enfrentar los gastos para terminar el ejercicio fiscal 2012. Así que los delincuentes se van bien contentos, sería bueno que algún honesto facineroso revelara exactamente cuando se llevará como indemnización, porque por ahora van a terminar el año sin un empleo, aunque algunos ya se andan frotando las manos con un cargo en la administración pública.Se espera que los nuevos diputados revelen en que condiciones económicas reciben las arcas del Congreso Local, además que se audite y se finquen responsabilidad en contra del diputado perredista y presidente de la Comisión de Gobierno, Faustino Soto Ramos, quien a su antojo ha manejado el erario. Si hablan de que más de un millón de pesos se está dando a cada delincuente, no está descabellado el trascendido, por ello es necesario que se nos aclare a los ciudadanos.