PRIMERA PLANA

Ausente en la agenda legislativa

adecuaciones al código J.Militar

 MEXICO D.F., A 23 de abril de 2013.-El día de hoy organizaciones nacionales e internacionales emitieron una carta pública dirigida a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República,  instando a  iniciar los trabajos para reformar el Código de Justicia Militar.

Externaron que desde hace varios años la armonización del Código de Justicia Militar con la Convención Americana de Derechos Humanos ha sido un asunto de primera relevancia para las organizaciones de derechos humanos, para la comunidad internacional, y sobre todo para aquellas personas víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas, quienes han constatado directamente los obstáculos que limitan el acceso a la justicia en el ámbito castrense. 

Recordaron que el Senado cuenta con todos los elementos técnicos para llevar a cabo dicha reforma tras la declaración de inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al discutir el Amparo en Revisión 133/2012, promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua de la Montaña de Guerrero que en 2009 fue ejecutado extrajudicialmente por soldados del Ejército mexicano en un retén militar,así como por las cuatro sentencias consecutivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) contra México, en las que se impone la obligación de modificar dicho código en lo tocante al fuero militar.

En la misiva, las organizaciones firmantes externaron que el incumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado Mexicano será señalado en octubre próximo frente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal y frente al Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, que actualmente visita de manera oficial nuestro país y quien en su último informe a México señaló que la jurisdicción militar no cumple con los Principios Básicos de Independencia Judicial.

Cabe mencionar que a la fecha, se han presentado diversas iniciativas de reforma; que la SCJN ha establecido criterios en esta materia; que víctimas y familiares han alcanzado sentencias inéditas ante la CorIDH para urgir reformas al fuero militar; por lo que es turno ahora del Poder Legislativo, propiamente del Senado de la República, para adecuar dicho cuerpo normativo conforme a losmás altos estándares en la materia.

El Poder Legislativo tiene la oportunidad histórica de enviar un mensaje contundente de su interés por el respeto y defensa de los derechos humanos priorizando la discusión sobre la reforma al Código de Justicia Militar con base en los estándares internacionales existentes en materia de derechos humanos. De atender este importante asunto, la actual Legislatura podría dar un primer paso en aras de armonizar la legislación secundaria conforme al bloque de constitucionalidad creado por virtud de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.

1] Las organizaciones internacionales firmantes son: Amnistía Internacional; la Organización Mundial Contra la Tortura; la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos; la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Las organizaciones nacionales firmantes son: el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan»; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C.;Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», A. C.; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.; Equis Justicia para las Mujeres A.C.; Fundar, Centro de Investigación y Análisis A.C.; Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. A.C.; Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Servicio y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República).

[2] Las sentencias refieren a los casos: Rosendo Radilla Pacheco (2009), Inés Fernández Ortega (2010), Valentina Rosendo Cantú (2010), Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García (2010).