miércoles, 23 de abril de 2014

PRIMERA PLANA

Presenta deficiencias ley 
sobre tortura en Guerrero 

Javier Francisco Reyes.--En Guerrero existe una ley  sobre tortura pero que tiene una serie de deficiencias legales que imposibilita castigar a los incurran en este delito.

E un informe que presenta al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez,  el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, indican que la Ley Número 439 para prevenir y sancionar la Tortura en Guerrero, tiene deficiencias en la investigación de este delito incluyendo lo relativo a la aplicación del protocolo de Estambul que obliga a los gobiernos investigar los casos de tortura.
Un ejemplo es el desalojo que las policías federales y estatales realizaron contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 12 de diciembre del 2011 en donde murieron a tiros los alumnos, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel de Jesús Echeverría.
Barrera Hernández, señala que en este caso, el gobierno perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, no investigó a fondo a los responsables para que fueran castigados conforme a las leyes.
En entrevista, el activista, afirmó que pese a que en Guerrero ya existe esta ley especial que fue aprobada por el Congreso, no hay ningún presunto responsable de este delito que esté en la cárcel sujeto a un proceso de carácter penal.
Mencionó el caso del estudiante de Ayotzinapa Gerardo García quien durante el desalojo del 12 de diciembre, fue detenido por un grupo de agentes judiciales y después de torturarlo lo obligaron a disparar un rifle Ak-47.
Eso para que ese mismo día en la noche, el entonces Procurador de Justicia, Alberto López Rosas, dijera ante los medios que el normalista había disparado y eso provocó la reacción de los policías federales y estatales para también accionar sus armas durante el desalojo.
"Ese caso fue perfectamente documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que el estudiante fue torturado, y aquí en Guerrero, las autoridades de la Procuraduría, nunca investigaron a los agentes judiciales y menos los procesaron", externó.
Indicó que en la reunión que tuvieron con el Relator de la ONU, también estuvieron organizaciones civiles de los estados de Morelos, Nuevo León y Coahuila.
Dijo que el representante de la ONU, se llevó la información y les dijo que se elaborará un informe y seguramente una serie de recomendaciones al gobierno mexicano. 

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