COLUMNA

El desastre educativo de México

 Apolinar Castrejón Marino 

Para que siga funcionando el sistema educativo mexicano, el gobierno de Enrique Peña dispuso que el próximo año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reciba 38 mil millones de pesos extra, que se sumarán a los 51 mil millones de pesos que viene recibiendo anualmente.

Esto representa un 13% de incremento en la nómina que cubre los sueldos de 591 mil profesores de todo el país. A pesar de que organizaciones como Mexicanos Primero, OCDE y México Evalúa, han insistido en que hay graves irregularidades en el pago de maestros.

Son abundantes las denuncias de gran cantidad de “trabajadores” que cobran sin estar asignados a un centro de labores, otros que cobran sueldos de docentes, cuando en realidad realizan actividades para partidos políticos, y una gran cantidad que cobran con elevadas categorías académicas, pero solo tienen estudios elementales.

A través del Congreso y de las Secretarías, Enrique Peña ha dispuesto que el 13% adicional se haga llegar a la SEP a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en vez de transferirlo a los gobiernos estatales, como se venía haciendo, según lo establece la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental 2013.

Al parecer, Enrique Peña pretende acabar con la “caja Chica” que representaban para los gobernadores el dinero del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, de los cuales desviaban miles de millones de pesos para otros fines, como el pago de maestros a su servicio, agazapados como comisionados sindicales, administrativas o públicas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) llegó a detectar más de 298 mil pagos irregulares, que equivalen a un desfalco superior a 35 mil millones de pesos al año, y más de 591 mil pagos con anomalías, lo que representa un robo de 51 mil millones de pesos al año, lo que Claudio X. González de la organización Mexicanos Primero, calificó como “el robo del siglo”.

Los 3 estados que reciben más recursos de la federación, por tener el mayor número de escuelas y de maestros, son el Estado de México, el Distrito Federal y Veracruz. Mientras que los estados donde se advierte más corrupción son Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

En Oaxaca, el gobernador Gabino Cué fue completamente vencido por los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al grado que él es quien abandera las propuestas del magisterio, y que ha propuesto al Senado, su propia Ley de Educación, a su gusto y conveniencia.

En el Estado de Guerrero, se arrastra el enorme lastre del gobernador René Juárez Cisneros, quien para seducir a la fauna magisterial y mantenerla a su servicio les concedió gran cantidad de plazas, aunque no hubiera “techo presupuestal” con qué pagarles.

Siendo gobernador interino Ángel Aguirre, cometió el primer resbalón al concederles un aguinaldo del doble asignado por la Ley General de Educación. Siendo los maestros del estado de Guerrero, los únicos que cobran 90 días de aguinaldo.

Y en el actual desempeño de Ángel Aguirre como gobernador constitucional, impera el nepotismo, el compadrazgo y tráfico de influencias. 99 % de los directivos del sector educativo han sido impuestos por el gobernador y sus “funcionarios”, pasando encima de empleados profesionales de cada ramo. La afectación es de un billón 716,134,273 pesos cada año.

Al imponer a familiares y amistades, sin el requerido perfil académico, y sin tomar en cuenta la experiencia, preparación y arraigo en los distintos niveles académicos y profesionales, la productividad de los centros educativos y de apoyo a la educación, se ha desplomado.