jueves, 25 de septiembre de 2014

PRIMERA PLANA

Ruiz Massieu.El crimen perfecto 

Carlos Puig/Nexos   (Sexta Parte)


 A Rodríguez González se le olvidó contar que dos días después de su declaración a Chapa Bezanilla, su hija había recibido 500 mil dólares de la Procuraduría General de la República como pago por su colaboración.  
Por cierto, en su declaración de febrero, Rodríguez dice que es hasta agosto que Muñoz Rocha lo cita para decirle que acababa de ver a Raúl y que había llegado “la hora de la verdad” y que la familia Salinas había decidido eliminar a José Francisco Ruiz Massieu y ahora se lo encomendaba a Muñoz Rocha y éste a Fernando Rodríguez González. En esa declaración Rodríguez González vuelve a mencionar a Abraham Rubio Canales, pero ahora como la persona a la que Raúl y Muñoz Rocha le han ordenado implicar en caso de ser atrapado, para despistar a la autoridad.
Rubio Canales, quien ya había sido indiciado, fue exonerado por la Fiscalía en esos mismos días. No podía presentar ante un juez a dos autores intelectuales.   

La declaración de Fernando y muy poco más —un par de registros de llamadas telefónicas e identificaciones de los coches que usaban los presuntos culpables— fue lo que la Procuraduría General de la República le presentó a un juez que determinó culpable a Raúl Salinas y lo sentenció a 50 años de prisión.
Nunca, por cierto, se formularon cargos contra Carlos o Adriana Salinas de Gortari o su padre Raúl Salinas Lozano; aunque en la teoría del gobierno eran tan autores intelectuales como Raúl.
El mismo día que se arrestó a Raúl en casa de su hermana Adriana, la Procuraduría dio por cerrada su investigación: “Los elementos con que cuenta la Procuraduría General de la República documentan la probable responsabilidad de Raúl Salinas de Gortari como el co-autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y a menos que hubiese evidencias probadas como las que hoy fundamentan la consignación y orden de aprehensión, el caso se consideraría agotado por lo que se refiere a los autores intelectuales”.
Horas después del arresto y consignación de Raúl, su hermano Carlos anunció una huelga de hambre. Hay una fotografía del 2 marzo de 1995 que simboliza al país en ese momento. Ahí está el que hace unos meses presumía de haber llevado a México a la modernidad, elogiado hasta el cansancio en el extranjero, sentado en una cama de una pequeña casa en un barrio pobre de Monterrey. Trae pantalón de mezclilla, botas y una chamarra de piel con abundante borrega en el cuello mirando a la cámara. Pide que se le exonere formalmente de haber obstaculizado las investigaciones en torno al asesinato de Luis Donaldo Colosio y que se diga, públicamente, que su administración no fue culpable de la crisis económica que tiene al país en caída libre. Formalmente no dice nada de Raúl, pero todo mundo sabe que también tiene que ver con Raúl. La PGR cumple la primera condición. Nada de la segunda. Salinas levantó la huelga y se fue del país.
En noviembre de ese mismo año la tercera esposa de Raúl, Paulina Castañón, fue detenida en Suiza cuando intentaba retirar dinero de cuentas a nombre de su esposo que acumulaban más de 120 millones de dólares. En los meses siguientes se hicieron públicas cuentas mexicanas aún más abultadas, más de 40 propiedades entre casas, ranchos, departamentos; todo controlado con prestanombres e identidades falsas. Un año después de su arresto por homicidio, se le consignó por enriquecimiento ilícito. En Suiza lo acusaron por lavado de dinero.
La PGR, para no variar, fue perdiendo uno a uno en la Corte sus casos contra Raúl —apenas en 2013 un juez ordenó la devolución de la mayoría de sus propiedades— pero los Salinas nunca han explicado de dónde había salido tanto dinero. Lo más cercano es apenas una insinuación de Raúl en una llamada telefónica con su hermana Adriana desde prisión, filtrada al noticiario de Joaquin López Dóriga, en donde amenaza con “decir la verdad” e involucrar públicamente a su hermano Carlos, el ex presidente, con el dinero, los prestanombres y los pasaportes falsos.
La metódica exhibición de la inexplicable riqueza y probable corrupción de Raúl Salinas, sin embargo, no incluyó nada más que pudiera apuntalar la versión que Raúl había ordenado, a nombre de su familia, matar a quien fuera su cuñado. Apenas la declaración de un burócrata de segundo nivel de nombre Fernando Rodríguez que nunca pudo contestar el mayor misterio del asesinato: ¿Dónde estaba Manuel Muñoz Rocha?

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