martes, 28 de octubre de 2014

POLICRONICA

    31...Nunca será suficiente una licencia o renuncia de un gobernante, como está sucediendo en Guerrero, al cumplirse hoy 31 días y no aparecen los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, aparte de que no se les ha hecho justicia a los seis muertos y a los más de 23 heridos de los hechos sangrientos en Iguala de la Independencia. 



Los días 26 y 27 de septiembre del 2014, en la noche y madrugada, respectivamente en Iguala de la Independencia, región norte de la entidad, un grupo de policías municipales y sicarios de los “Guerreros Unidos”, arremetieron contra todo lo que se les puso enfrente, lo mismo que estudiantes normalistas, jugadores de fútbol y civiles, dejando un saldo inicial de seis muertos, de los cuales tres estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, y otros 43 desaparecidos, además de un jovencito de 15 años jugador de fútbol, el chofer del autobús de su equipo “Los Avispones” y una dama, además de 23 heridos que se atendieron como pudieron y por sus propios medios. A raíz de esto, comenzó  a crecer una bola de nieve de protestas locales, nacionales e internacionales que ha venido teniendo resultados a favor del movimiento social. Primero solicitó licencia a los seis días de los sucesos-30 de septiembre- como presidente municipal de Iguala de la Independencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Luis Abarca Velázquez, quien finalmente el Congreso local, le revocó el mandato y el pasado 23 de octubre, 27 días después de la masacre, presentó su licencia ante el Congreso local, el gobernador perredista, Angel Heladio Aguirre Rivero, y este domingo por la mañana fue nombrado gobernador sustituto para los 11 meses que restan del mandato constitucional de cuatro años y medio. Las licencias o renuncias como se les quiera ver, nunca serán suficiente para resarcir la muerte de seis personas, mucho menos de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Una vez más queda en evidencia de que el Partido de la Revolución Democrática PRD), no sabe gobernar, porque todo se le está desmoronando, pues ni sus  gobernantes, mucho menos sus dirigentes estatales y nacionales, no pudieron administrar la crisis, por ello ahí están los resultados negativos y que se van a concretizar en los comicios del 7 de junio del 2014. En Guerrero no termina el conflicto con las licencias del alcalde y del gobernador, porque no aparecen los 43 normalistas al cumplirse este  domingo y lunes un mes de los sucesos sangrientos. Además este lunes los guerrerenses conmemoramos el 165 aniversario del nacimiento como entidad federativa, debió ser un regalo no solo para los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, sino para todo Guerrero, México y el mundo, el anuncio y presentación con vida de estos jóvenes.  Pero seguro que no habrá de suceder nada de esto, quedando en evidencia también los equipos de trabajo de inteligencia del gobierno estatal y federal, además de que carecen de tecnología para este tipo de eventualidades. Un mes de rabia, de ira e impotencia no solo de los familiares de los desaparecidos, sino de todos los que participan directa e indirecta en las movilizaciones sociales, por culpa de gobiernos insensibles. Las protestas siguen y se van a radicalizar, porque no se puede admitir que los cuerpos policiacos que están para cuidar a los ciudadanos sean los principales responsables de la masacre y desaparición de personas de manera forzada y más aún confabulados con la delincuencia mal llamada “organizada” a través de este grupo “Guerreros Unidos”. En medio de este contexto social convulsionado, que no existe para los gobiernos, pero si para los ciudadanos como nosotros, si lo es, porque la tranquilidad de sus habitantes se ha alterado por la ineficacia de los gobiernos. La caída de gobernadores en medio de escándalos o por venganzas políticas del presidente en turno tiene su origen en el régimen priista. Esa tradición fue suspendida durante los 12 años de gobiernos del Partido Acción Nacional, en que los mandatarios estatales consolidaron su inamovilidad. Ahora con la solicitud de licencia del guerrerense perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, realizada la tarde-noche del 23 de octubre, el segundo caso en los casi dos años de gobierno del priísta Enrique Peña Nieto. Apenas el pasado 19 de junio el michoacano Fausto Vallejo Figueroa dimitió de manera definitiva. En ambos casos, las salidas se han generado en medio de escándalos de inseguridad y, señaladamente, por el involucramiento de la clase política gobernante en dichas entidades con grupos de la delincuencia organizada. No obstante, Peña Nieto ha evitado pronunciarse, y el pasado viernes 17 de octubre esquivó un cuestionamiento al respecto, al señalar que la renuncia de Aguirre  Rivero era “una decisión de allá”, expresión que se interpretó como una alusión a los ciudadanos de Guerrero. La salida de Ángel Heladio Aguirre Rivero ocurre a casi un mes del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, víctimas de un ataque de policías y criminales en Iguala, Guerrero, cuyo destino hasta ahora se desconoce. Paradójicamente, Aguirre Rivero ya había sido gobernador en los años noventa, cuando llegó al poder en sustitución de Rubén Figueroa Alcocer, luego de que el 28 de junio de 1995, policías estatales dispararon contra un grupo de campesinos, dando muerte a 17 en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande. Los señalamientos de numerosas organizaciones sociales contra el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer–como ocurrió esta vez con Aguirre Rivero, por los hechos de Iguala de la Independencia– motivaron su renuncia en marzo de 1996. En su lugar fue designado Ángel Heladio Aguirre Rivero, para concluir su período. Habría que recordar las viejas prácticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde la presidencia de Plutarco Elías Calles hasta la de Ernesto Zedillo Ponce de león, prácticamente todos los presidentes han recurrido a la desaparición de poderes, las presiones para forzar dimisiones o la negociación política ante una crisis para conseguir renuncias. El tinglado del presidencialismo hegemónico, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, consolidó el poder metaconstitucional para deponer gobernadores. Cárdenas del Río se deshizo del callismo con una “limpia”, incluyendo a los gobernadores de Colima, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Chiapas y Morelos. Desde entonces, los casos fueron más o menos frecuentes vía renuncia conciliatoria, desaparición de poderes o cualquier otro mecanismo. Miguel Alemán depuso al inicio de su administración al gobernador tamaulipeco Hugo Pedro González. La fórmula para evitar formalmente el involucramiento presidencial fue plantear la desaparición de poderes a petición ciudadana y de políticos locales vinculados al régimen, ante el Senado de la República presidido entonces por el incondicional alemanista Carlos I. Serrano. Adolfo Ruiz Cortines removió a los gobernadores Tomás Marentes Miranda, de Yucatán, en 1953; de Guerrero, Alejandro Gómez Maganda, en 1954; Manuel Barttlet Bautista (padre del actual senador homónimo), de Tabasco, en 1955. López Mateos depuso al guerrerense Raúl Caballero Aburto. Díaz Ordaz hizo dimitir al duranguense Enrique Dupré Ceniceros, y Luis Echeverría quitó a Eduardo Elizondo Lozano en Nuevo León, en 1971 “por motivos de salud”. También a los gobernadores de Guerrero, Israel Noguera Otero; de Sonora, Carlos Armando Biebrich, y de Hidalgo, Otoniel Miranda Andrade, en 1975. José López Portillo recurrió a la fórmula para deshacerse del echeverrista gobernador de Coahuila, Óscar Flores Tapia, en 1981. Ordenar la renuncia de quienes respondían a los intereses de un grupo político precedente o por cualquier otro motivo, se dio también durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en cuyo período se produjeron las renuncias de los gobernadores que asumieron por la vía electoral en San Luis Potosí, Fausto Zapata, y en Chiapas, Elmar Setzer. También en Chiapas, Ernesto Zedillo Ponce de León depuso, en apenas cuatro años, a Elmar Setzer, Eduardo Robledo y Julio César Ruiz; en Guerrero, a Rubén Figueroa; en Morelos, a Jorge Carrillo Olea, y en Nuevo León, a Sócrates Rizzo, principalmente por ajustes de cuentas con el ingrediente de escándalos por sus excesos, especialmente en los tres últimos mencionados. La práctica se suspendió durante los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por los panistas de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, quienes gobernaron con mandatarios mayoritariamente de extracción priista y sin mucho margen de maniobra ni base social. Los casos mencionados corresponden a mandatarios depuestos en medio de escándalos y no incluye a los que se incorporó a cargos federales o de elección popular o dirigencias partidista. Como se puede leer, la historia está llena de contrastes, pero en ninguno de los casos,  se habla que haya habido justicia plena para los que sufrieron las barbaries o abuso de poder, simplemente se fueron los mandatarios, llegaron otros, sin hacerle al pitonizo, lo mismo sucederá  con el caso Ayotzinapa. Todo mundo quiere la presentación con vida de los 43 desaparecidos, pero parece que no hay muchas esperanzas hasta entrada la tarde, no había noticias buenas. Habría que esperar, hasta el último muere la esperanza, entonces hay que esperar que sucede en las próximas horas. Por lo pronto, y con todo el dolor de un ser humano, el futuro se perfila, para reafirmar la acuñada frase “Ni Perdón y ni Olvido”…Agresión…Nada más por cumplir con su trabajo de informar a la sociedad, sobre lo que está ocurriendo de la masacre de Iguala de la Independencia la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre pasado, los periodistas representando diversos medios de comunicación le han estado dando seguimiento tanto locales, nacionales, e internacionales. Pues ayer los agresores, civiles con armas largas, viajaban en vehículos sin placas y bajaron a los periodistas de sus carros antes de llegar a las fosas halladas en Cocula, municipio cercano a Iguala de la Independencia, de donde se sabe que también participaron policías municipales en la agresión y desaparición de los estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”. Pues un grupo de periodistas fueron agredidos este lunes por civiles que portaban armas largas cuando se dirigían a las fosas clandestinas encontradas en Cocula, Guerrero. En un video se observa cuando los hombres vestidos de civil con armas largas golpearon la camioneta y apuntaron a los periodistas. Los comunicadores están solicitando el apoyo de las autoridades para trasladarse resguardados hacia Iguala. Este lunes, peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) hallaron otra fosa clandestina en un basurero de Cocula. La especulación es amplia, que se podría tratar de los cuerpos de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala de la Independencia y estamos a 31 días, sin que se sepa a ciencia cierta si están vivos o muertos. Parece que se perfila a su esclarecimiento con estos nuevos hallazgos de fosas clandestinas. Desde este espacio condenamos esa agresión de los hombres armados de civil contra nuestros colegas comunicadores. Además de que no se identificaron los agresores, los periodistas no estaban haciendo otra cosa que cumplir con su misión de informar, y lo condenable que esos elementos se transportaban en carro sin placas de circulación, lo que realmente es condenable, porque en este momento de confusiones cualquier tipo armado es de desconfiar, en cambio los comunicadores iban bien identificados, entonces porque agredirlos golpeando su carro y apuntándolos con sus armas de grueso calibre. Hasta después de las 22:30 horas, se conoció mediante un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación  federal explicando que eso sucedió para que no “pusiera en riesgo una operación en la que se trasladaba a una persona involucrada en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa” y que efectivamente eran elementos de la Policía Ministerial federal. Esa acción lo único que quedó demostrado que los elementos no están capacitados para actuar en una contingencia y que pueden disparar sin tomar en cuenta los protocolos de seguridad y el respeto a los derechos humanos. Sea lo que sea que hayan estado haciendo esos elementos federales, lo cierto es que es una agresión directa contra los comunicadores, y esto debe ser motivo para que las diversas organizaciones de periodistas hagan un pronunciamiento público y  condenando lo sucedido, porque no se puede permitir que se abuse de la fuerza de las armas. Además los periodistas únicamente se estaban transportando, no sacaron armas, ni mucho menos disparaban, como para que los ministeriales actuaran con violencia como ha quedado grabado en videos y plasmados en fotografías en la que se observa la agresividad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por leer La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, Realice su comentario.