martes, 16 de junio de 2015

BOLETIN

Hay Ley de derechos de
 niñas, niños y jóvenes


(Prensa-Congreso).--Ahora en Guerrero el gobierno estatal deberá implementar políticas públicas y programas especiales de educación, salud y asistencia social para las niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Así se establece en la Ley para la Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado, que aprobó este lunes la 60 Legislatura en su sesión ordinaria.
En el dictamen, derivado de dos iniciativas presentadas una por el diputado Jorge Salazar Marchán y la otra por el Ejecutivo Estatal, se señala que  se considera a los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad a quienes desarrollen diversas actividades en la calle, cruceros, espacios públicos, abiertos o cerrados, para contribuir a la economía familiar.
Asimismo, a los que están en situación de calle y que por diversas circunstancias trabajan y viven en la calle y han roto vínculos con sus familias, como resultados de un proceso de abandono social.
Se considera también vulnerables a las víctimas de abuso, a los fármaco-dependientes, los jornaleros agrícolas que trabajan para ayudar a la economía familiar y a los niños explotados sexualmente y víctimas de la prostitución infantil.
Para este sector, la Ley contempla que es atribución del Estado y municipios impulsar políticas públicas coordinadas con los distintos órdenes de gobierno para proteger a la niñez guerrerense.
En el mismo documento se crea el Sistema Estatal de Protección Integral, que se encargará de establecer instrumentos, políticas, procedimientos y acciones encaminadas a proteger a las niñas, niños y adolescentes y estará integrado por funcionarios estatales.
También para garantizar la integridad física y psicológica de los niños y adolescentes se especifica la regulación de los Centros de Asistencia Social públicos y privados, para que cuenten con la infraestructura adecuada y espacios idóneos a su género, edad y condición física. 
Además, se creará un registro estatal de dichos centros y los responsables de autorizar, registrar, certificar y supervisarlos serán las procuradurías de Protección Estatal y Federal en sus ámbitos de competencia.  

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