lunes, 22 de febrero de 2016

POLICRÓNICA

  Abusivo…En lugar de demostrar sensibilidad como servidor público, actúa con abusos contra los trabajadores, además de que no despacha en la capital del estado, sino en otras ciudades y hasta fuera de la entidad Jorge Salgado Parra, director del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en Guerrero (IEEJAG).



Los reportes que ha recibido el equipo de investigaciones especiales son muy negativas para un colaborador del actual gobierno estatal del Partido Revolucionario Institucional (PR), estando a la cabeza como gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores, a quien está engañando Jorge Salgado Parra, director del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en Guerrero (IEEJAG) de que está trabajando en bien de la entidad suriana. Sin embargo salen a relucir sus abusos como servidor público, primero Salgado Parra no está despachando toda la semana en sus oficinas que tiene ubicadas en la calle “Ignacio Ramírez”, por ello nunca se le encuentra, porque con el presupuesto de la institución le da por rentar inmuebles en Cuernavaca, Morelos, Distrito Federal y Acapulco para pasar los fines de semana. Llega a la capital del estado solo de entrada por salida, por ello los conflictos se agudizan cada días más, tanto que ya tiene programado despedir a por lo menos 100 trabajadores, con el falso argumento de que le van a recortar presupuesto. Además al comenzar en el encargo a finales del año pasado, por sus pistolas intentó cambiarse de domicilio de la calle “Ignacio Ramírez” número 18 de Chilpancingo, intentó a toda costa desconocer un contrato de arrendamiento, para llevárselas a casas de su familia o de sus amigos y de esa manera elevar el costo de la renta. Además para habilitar como casa de precampaña político electoral a la presidencia municipal de la capital del estado, pues dicen que afirma que  Astudillo Flores tiene el compromisos de hacerlo candidato para los comicios del 2018, por ello que no le interesa tanto bajar los altos índices de analfabetismo. La mejor prueba es demostrando su insensibilidad del servidor público estatal,  Jorge Salgado Parra, director del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en Guerrero (IEEJAG), con fecha  14 de febrero consideró que con el cambio de las reglas de operación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), en este 2016 quedaron como desempleadas aquí en Guerrero 55 personas que fungían como “figuras solidarias”, pero en realidad son más de 100 inicialmente, con el falaz argumento de que la federación le está recortando el presupuesto, pues el 90 por ciento proviene del centro y el gobierno estatal apenas lo apoya con un 10 por ciento. Según neófita explicación es que la figura “solidaria” tenía sólo una relación laboral con el patronato de esa institución, y que como su nombre lo dice, “ayudaban, coadyuvaban” con los coordinadores de zonas y los asesores o aplicadores en la aplicación de los exámenes. Pero como todo un tipo abusivo, le valió un cacahuate lo que estaban haciendo esas personas, por ello ahora sostiene “No son personas que tuvieran una relación laboral con nosotros como IEEJAG y como INEA, y se les pagaba de acuerdo a la productividad” y para despedir al persona sin compensarles en algo por sus años de servicio, según Salgado Parra, aclaró que en esta ocasión quedaron fuera en las reglas de operación.  Dejando en claro que pese a ello, tienen personal para la aplicación de los exámenes de primaria y secundaria en este ejercicio fiscal, y agregó que ese recurso que se les pagaba a las figuras solidarias, se ahorrará y se invertirá en otros temas educativos.  En realidad no es ahorro, sino es para pagar la renta de los inmuebles que tiene para estar escondiéndose de los problemas que enfrenta  el IEEJAG, prueba de ello que tampoco conoce cuanto supuestamente  se ahorraría con dejar fuera a las figuras solidarias, pero aclaró que el recurso será bien invertido en los procesos educativos del IEEJAG en coordinación con el INEA. Lo que no sabe Astudillo Flores es que le está viendo la cara su colaborador amarillo por fuera y rojo por dentro, y que desde ahora anda diciendo que tiene su aval para ser el futuro candidato a presidente municipal de Chilpancingo. Por lo pronto anda de turista en Cuernavaca, Distrito Federal, en donde dicen que despacha y desde allá toma equivocadas decisiones que afecta directamente a la buena marcha del IEEJAG y los fines de semana se la pasa en Acapulco,  con cargo al erario destinado a los programas de alfabetización. Es necesario que Astudillo Flores tome en serio esta denuncia, porque finalmente irá en contra de su gobierno, cuando se supone que el IEEJAG tiene que responder ante los altos índices de personas que no saben leer y escribir. También debe estar enterado que normalmente no está en Chilpancingo su colaborador, está manejando la institución a control remoto…¿Honestidad?...El pasado viernes un grupo de padres de familia de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, acompañados con alumnos de esa institución y su abogado, marcharon de la alameda “Francisco Granados Maldonado” hasta la entrada de las oficinas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, a fin de solicitar una audiencia con el magistrado presidente,  Robespierre Robles Hurtado  y quien por cierto los recibió y platicó con los manifestantes. La pregunta está en el aire ¿habrá de demostrar honestidad con los padres de familia para informarles el paradero de la videograbación de los hechos sangrientos en la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala de la Independencia? Dirán nuestros lectores, porque esa interrogante, sencillo, el representante de uno de los tres poderes del estado, es hijo del defenestrado  políticos y funcionario honesto a carta cabal, José Rubén Robles Catalán, quien siempre respondió con honestidad a todos los planteamientos de la sociedad guerrerense. Robles Catalán fue un político sincero y como servidor público, honesto, nunca le dio vueltas a los problemas, siempre les dio la cara y la gente confiaba en él, cada vez que lo buscaban y firmaba todas las minutas se cumplían. El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el estado, Robespierre Robles Hurtado, se comprometió a que en un plazo de 15 días dará a conocer el informe sobre un video grabado la noche del 26 de septiembre en Iguala de la Independencia, cuando un grupo de 25 de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron bajados de un autobús, sin que aparezcan hasta el momento.  Esta promesa la hizo el magistrado presidente ante los reclamos de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes aseguran que ese video fue grabado por las cámaras que tienen las instalaciones de los juzgados Civil y la Sala Penal Regional de Iguala de la Independencia. Dicha evidencia fue ocultada por personal de este Poder Judicial de Guerrero, a cargo en ese entonces por la magistrada presidenta Lambertina Galeana Marín, quien contó con la complicidad del ex presidente y en ese tiempo fungía como secretario general de gobierno, Jesús Martínez Garnelo. Por esa pérdida de material, hay elementos, primero de fincarle responsabilidades a los dos magistrados, porque  obstruyeron la justicia y destruyeron material, en tanto Galeana Marín debe ser sujeta a un juicio político ante el Congreso local, para demandar su destitución y castigo ejemplar. De ambos personajes se habla que fueron los responsables de desaparecer esa videograbación y que es parte importante a la esa pieza de investigación.  Por ello reiteramos la pregunta ¿habrá honestidad de Robles Hurtado en dar a conocer exactamente el paradero de esa videograbación? Por ahora le dejamos el beneficio de la duda, y no hay que desesperarse, ya están transcurriendo los 15 días a partir del viernes, es decir únicamente le faltan escasamente once días para conocer la honesta o deshonesta respuesta. Para que no haya duda y que al rato pudiera argumentarse de que la petición no se hizo por escrito, pues si la hicieron los  los padres y su asesor jurídico, Vidulfo Rosales Sierra, a Robespierre Robles Hurtado, relatan que en ese video que ya fue solicitado desde hace meses por la Procuraduría General de la República (PGR) al Poder Judicial del estado de Guerrero, se observa a policías municipales y civiles armados bajando por la fuerza a los normalistas que viajaban en el autobús foráneo con número económico 1531. En el documento que se leyó frente al magistrado, se pide que los juzgados penales de Iguala de la Independencia y de Acapulco rindan un informe sobre el avance de los procesos judiciales que se les sigue a 120 policías de los municipios de Iguala de la Independencia y Cocula. Como se sabe este grupo de uniformados es acusado de tener nexos con el grupo delincuencial “Guerreros Unidos” y de ser directamente responsables de la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de seis personas entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014. Existe la desconfianza de los inconformes “No queremos que salgan libres; en el caso de Aguas Blancas, fueron detenidos muchos policías, pero después fueron puestos en libertad”, dijo una madre de un estudiante desaparecido durante la reunión que se desarrolló en el salón de sesiones del Tribunal. Por su parte  el presidente del TSJ citó en dos semanas a los padres en este mismo lugar para darles a conocer los resultados de las investigaciones del video desaparecido. Además se comprometió a dar un informe sobre los expedientes de los procesos que se les sigue a los 120 agentes policiacos. Creemos que es una excelente respuesta, ahora habría que esperar que tan contundente y honesta la respuesta de parte de Robespierre Robles Hurtado, esperemos que no defraude la memoria de su señor padre que siempre actúo como lo reiteraba una y otra vez en el marco del imperio de la ley. Robles Hurtado está llamado a que le responda a cabalidad a los padres, primero como honesto servidor público del Poder Judicial y segundo, como humano sabe lo que duele un ser querido como fue el aberrante crimen de su padre, y que seguramente hasta la fecha no habido justicia, entonces sabe perfectamente el dolor de los 43 padres de familia. Por ello insistimos de que Robles Hurtado por ahora tiene que analizar bien la respuesta que tiene que dar a los incansables padres en la búsqueda porque aparezcan sus hijos con vida o en el peor de los escenarios saber en dónde quedaron los cadáveres de los muchachos a casi 17 meses de los sucesos lamentables en la ciudad de Iguala de la Independencia.  Hay una alentadora expectativa, tras ese encuentro del pasado viernes entre el representante del Poder Judicial y los  padres de familia…Defensa…Una de las pocas veces congruentes del “Alka-Seltzer” Secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Pedro Almazán Cervantes ofrece una respuesta congruente a los cuestionamientos que se le hacen públicamente, pues la semana pasada en una lona lo acusaron de brindar protección a la familia de un presunto delincuente. “Alka-Seltzer” funcionario porque está repitiendo el gobierno Astudillista, es residuo del aguirrismo y orteguismo, por recomendación del gobierno federal, porque como servidor público da mucho que desear para los intereses de los surianos. Sus antecedentes nos tan buenos, como para decir que “bruto” servidor público, pues está sostenido por las esferas castrenses y respaldado por el gobierno federal. El fin de semana, se ofreció un comunicado de prensa de parte de Almazán Cervantes, en la que aclara que  Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, fue quien ordenó a la policía estatal enviar elementos de esa corporación para brindar seguridad a la familia de Onésimo Castillo Adame, preso y acusado de ser el responsable de secuestros, extorsiones y homicidios que han ocurrido en Chilpancingo. En un comunicado enviado por la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, a la que se acusa de dar protección a familiares del presunto secuestrador, se hace la precisión que las medidas cautelares fueron dictadas por la Codehum, por lo que esa dependencia acató la ley. Enseguida el comunicado completo: En atención al respeto y consideraciones que se merece la ciudadanía en general y particularmente por las publicaciones que han hecho distintos medios de comunicación, difundiendo el mensaje que contenía una lona impresa que se localizó esta mañana sobre un puente peatonal de la capital guerrerense, en la que se acusa abiertamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero General Pedro Almazán Cervantes de “brindar protección” a familiares de Onésimo Castillo Adame, (a) alias El Bombón, actualmente preso, cuyo texto señala : “General Pedro Almazán Secretario del Seguridad Pública del Estado, si tiene dignidad y vergüenza renuncia, como es posible que arbitrariamente brindes protección a narcotraficantes y narcopolíticos poniéndole escoltas de la policía estatal al padre y hermano del bombón….”. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de guerrero, se permite hacer las siguientes precisiones:1. Esta Secretaría de Seguridad Pública no está facultada para proporcionar por sí misma, servicio de seguridad a persona alguna. 2. En el caso específico del servicio de seguridad que tiene actualmente asignado el señor Luis Castillo García, obedece a una petición que en su momento hizo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al Gobierno del Estado de Guerrero. 3. La severa acusación que sin fundamento alguno y valiéndose del anonimato hacen al titular de esta secretaría, además de infundada resulta tendenciosa y perversa al tratar de confundir a la ciudadanía y denostar abiertamente el trabajo honesto, responsable y profesional con el que desde hace ya más de un año, se ha venido rescatando a una de las instituciones oficiales más importantes del estado. 4. A pesar de la gran responsabilidad y retos que actualmente representa dirigir a la Secretaría de Seguridad Pública de esta entidad, el titular de la misma, General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Pedro Almazán Cervantes, reitera su genuino compromiso de seguir sirviendo con profesionalismo, justicia y rectitud a la sociedad guerrerense; puesto que su estancia en el cargo que hoy ostenta, no tiene otro interés, más que ayudar a Guerrero y servir con lealtad a su pueblo como lo ha demostrado a lo largo de su carrera militar. 5. Finalmente, se compromete a realizar las gestiones necesarias para que a través de las instancias correspondientes, se revisen de manera inmediata, las condiciones o circunstancias que motivaron la asignación de las medidas cautelares de que gozan cada una de las personas que cuentan con un servicio de esta naturaleza por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Desde nuestro punto de vista, está claramente explicado por el funcionario “Alka-Seltzer”. En cuanto a la actuación de Ramón Navarrete Magdaleno, es dudosa, porque sabemos de muchos casos que han solicitado medidas cautelares para luchadores sociales, su trámite tarda no solo semanas, sino hasta años y esto está probado con infinidad de casos. En cambio con Castillo García, se dio en menos de cuatro días, cuando esa familia ya gozaba de seguridad pagada con los impuestos del pueblo, y no es que estemos en contra, sino que es cuestionable la pronta intervención de Navarrete Magdaleno. Recordamos que la detención del hijo del perredista se informó el viernes 12 de febrero, y en menos de ocho días  la familia Castillo Adame ya tenía resguardo policiaco. Ojalá que en lo sucesivo el presidente de la Codehum siga siendo diligente con las demás demandas cautelares que necesitan principalmente luchadores sociales que se ven amenazados por los delincuentes, entre ellos podemos afirmar que están los periodistas y el caso más reciente es del colega y corresponsal de la revista semanal “Proceso”, Ezequiel Flores Contreras de quien pesa la sentencia de otro militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD),  Roger Arellano Sotelo, quien ya deber ser citado por las autoridades de la Procuraduría General de la República. Ojalá que Ramón Navarrete Magdaleno sigan siendo diligente en su trabajo y no solo atienda a unos por intereses políticos y a otros los abandone, al no tener el respaldo de ninguna organización política o social. 

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