POLICRÓNICA

  Antidoping…Una de las medidas acertadas para conocer en qué condiciones de salud y aptitud se encuentran laborando las y los hombres del volante del servicio público, sin duda es sometiéndolos a un examen riguroso de antidoping completo de drogas para genera confianza con los usuarios.

Aplicar esta medida, significa que hay preocupación de los dirigentes ante tantos hechos de sangre que se han venido presentando en toda la entidad, principalmente en Chilpancingo y Acapulco, pues algunas autoridades con o sin confirmarlo afirman que el gremio de transportistas está infiltrado por la delincuencia organizada, y por ello han sido asesinados. También habría que puntualizar que algunos trabajadores del volante han cometido ilícitos en agravio de sus usuarios, como uno de los casos sonados en Chilpancingo, que no solo la asaltó, sino violó a una mujer en estado de gravidez, gracias a la eficiencia de la policía de la “Fuerza Municipal”, lograron detener al rufián metido de chofer de taxi. Normalmente las personas que consumen estupefacientes de todo tipo, sin duda deben tener una relación directa e indirecta con los vendedores de todo tipo de droga, forzosamente tienen que conocer a las personas que se dedican a fomentar el vicio prohibido y que se castiga con la ley y con la muerte. Nos parece una decisión acertada del  Consejo de Autotransportes de Chilpancingo y la Zona Centro del Estado de Guerrero, que dirige Servando de Jesús Salgado Guzmán, al anunciar en asamblea gremial que las y los choferes de taxis y urvans serán sometidos a una serie de pruebas para garantizar que cada uno de los trabajadores del volante no sean infiltrados por la delincuencia organizada.  Además al saber a ciencia cierta en las condiciones de salud de cada uno de los agremiados y que se haga público, entonces los ciudadanos que utilizan este tipo de transporte masivo e individual,  podrán estar seguros que quienes van al frente del volante, son personas respetables y de confianza, y que no son viciosos y están aptos para prestar un servicio de calidad y calidez. Esto se conoció durante un encuentro en el que participaron al menos mil trabajadores del volante, para tomar un curso de proximidad ciudadana, en donde fueron notificados que serán expedidos tarjetones, someterse a pruebas de antidoping y presentar cartas de antecedentes no penales, a fin de depurar la organización. Son algunas medidas preventivas que debieron haber tomado desde hace tiempo, pero para salvaguardar el prestigio, la integridad física y sobre todo ofrecer un excelente servicio a la sociedad, nunca es tarde buscar mecanismos como aplicar exámenes de antidoping, que tiene un costo de alrededor de dos mil pesos que incluye al menos cinco estudios  para conocer si consume marihuana, cocaína u otro tipo de drogas. Esta serie de medidas serán tomadas en coordinación con transportistas y autoridades estatales. Esta es una primera respuesta a las declaraciones hechas la semana pasada responsables o irresponsables del presidente municipal de Chilpancingo, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Leyva Mena, quien ha asegurado que el transporte está infiltrado por la delincuencia organizada. Por lo que el dirigente de manera puntual y responsable, ofrece una contundente  respuesta: “Nos hemos dado a la tarea de hacer algo, si hay delincuencia en el transporte, si él tiene ese dato y no lo sabemos, queremos darles un poco de certeza a nuestros trabajadores, a los agremiados, a los líderes, eso es lo que estamos haciendo con este tipo de gafetes que vamos a expedir”. Creemos que es oportuno el anuncio de aplicar el antidoping, aunado a que a cada uno de los trabajadores del volante público entre otros requisitos también se pedirán cartas de antecedentes no penales a todos los miembros del transporte para evitar que haya “delincuentes” al interior del servicio público. Además esta serie de medidas es para evitar una situación como la que está viviendo el transporte del puerto de Acapulco, donde en la última semana se han dado al menos cinco ataques a sitios de taxis, por represalias del crimen organizado y no hay que olvidar que  esos ataques en meses pasados sufrió el transporte de Chilpancingo, donde al menos 12 urvans fueron incendiadas y un número similar de choferes fueron asesinados, es un dato que se debe analizar a profundidad por parte de los dirigentes de los trabajadores del volante y por las mismas autoridades, para ello debe haber una excelente coordinación y cooperación. Por cierto a la fecha se desconoce en que quedaron todos esos casos, si la Fiscalía General del estado de Guerrero, ha investigado y ofreció justicia para las familias, pero hasta el momento no se ha  informado ningún avance, ni líneas de investigación que se hayan abierto por cada uno de los casos registrados en Chilpancingo. Es correcto que ahora se estén dando a la tarea de hacer algo, para que esto ya no ocurra, para ello también  se conoció que han buscado un acercamiento con el alcalde Leyva Mena y el gobierno estatal, pero no les han informado nada al respecto. Ahora a toda costa se busca evitar la infiltración de la delincuencia organizada en las filas del transporte por lo que se llevarán a cabo esta serie de medidas, y evitar comentarios, como los vertidos por el presidente municipal, Leyva Mena, y de esta forma empezar a hacer una depuración, en favor de la ciudadanía que es la que tiene contacto directo con las y los trabajadores del volante todos los días. Se espera que en un lapso de 15 a 30 días esta depuración sea terminada, así como se hizo con la expulsión de todo el transporte “pirata” y números duplicados. Por ahora es lo más urgente de los transportistas a entrar en un proceso de depuración y limpia, porque lamentablemente hay afectaciones tanto para cada uno de los trabajadores y los usuarios, estos últimos  ya no viajan con mucha seguridad, pues no saben si son o no cuando alguno de los trabajadores del volante en realidad estaban infiltrados o fueron confundidos y ahora con mayor certeza se podrá saber si hay o no viciosos en el gremio de los choferes del transporte público y lo más grave que están infiltrados por la delincuencia organizada. Vamos esperar resultados…Incomunicación….Una vez más le damos la razón a sus cuestionamientos incómodos y como chivo en cristalería, pero ciertos del borracho Fiscal General del estado, Xavier Ignacio Olea Peláez, al cuestionar la actuación de los cuerpos castrenses, además de que no se sabe nada de sus operativos, mucho menos de los resultados.  Cada vez que haga críticas  Olea Peláez en torno al trabajo de seguridad de los elementos del ejército, marina y policías federales que muchas de las veces no se sabe nada que están haciendo a favor de los ciudadanos, es porque existe una verdadera incomunicación y hasta de coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno---municipal, estatal y federal--- a fin de que haya más y mejores resultados. Lo bueno de todo esto, es que el día de ayer en Acapulco el comandante de la Octava Región Naval, Juan Guillermo Fierro Bracho reconoció que “hay carencias, no hay un sistema de comunicación expedita que permita informarnos. Hay incapacidad nuestra para relacionarnos con las autoridades”, pero aseguró que ya se ha hablado al respecto con los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero. En el mismo espacio y con el grupo ACA en donde vertió sus declaraciones incómodas para los próceres del gobierno el pasado miércoles,  Olea Peláez en donde pidió que los militares y marinos fueran más “arribita de la Cuauhtémoc”, ahora  lo hizo el comandante de la Octava Región Naval, Juan Guillermo Fierro Bracho quien reconoció que  no hay esa comunicación y hasta coordinación entre los sectores de ofrecer seguridad a los ciudadanos y esta información la recibieron los “ACAsocios” quienes escucharon de viva voz del jefe militar de que no se tiene un sistema de comunicación “que nos permita a nosotros comunicarnos y que cuando una patrulla naval esté desplazándose, esté enlazada con la patrulla Federal, la patrulla de la Secretaría de la Defensa y la patrulla de la policía municipal. Desafortunadamente está situación pareciera que estamos haciendo esfuerzos unilaterales”. Efectivamente ese fue el reclamo directo e indirecto de hace ocho días de Olea Peláez en su calidad de Fiscal y que eso le costó que le pusieran bozal, y ahora esperamos que los altos jerarcas de la Marina también no vayan a reaccionar igual en contra del que está haciendo una declaración sincera y real por parte de Fierro Bracho, ya que en su participación expresó que por ley a la Marina Armada le corresponde proteger todo el litoral del estado pero debido a las necesidades y el problema de seguridad se ha tenido que trabajar en coordinación con las fuerzas policiacas y militares. Otra revelación que hizo el jefe marino, que actualmente son 16 patrullas y más de 50 efectivos los que vigilan desde la bahía de Santa Lucía hasta Puerto Marqués. De igual manera dijo que la Marina Armada de México ha ofrecido a las autoridades municipales cursos de capacitación para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil en materia de Control de Confianza pero hasta el momento no han respondido a la oferta. Ahora que ya está llegando la temporada vacacional de Semana Santa se aplicará el Operativo Salvavidas y que para éste, personal a su mando dejará el atuendo militar y las armas largas para vestir el uniforme de color blanco y así “brindar mayor confianza a la ciudadanía”. Sin embargo señaló que estos portaban tolete y pistola tipo escuadra con la finalidad de brindar seguridad en la franja de arena. “Se pretende dar una imagen más sensible a la ciudadanía. Se reforzará la zona de playa para generar un ambiente de disuasión y seguridad”, aseveró tras ser cuestionado en entrevista sobre si este dispositivo se debe a los hechos violentos y muertes sucedidas en la zona turística. Ahí están las dos caras de la moneda, en la que se confirma que no hay estrecha coordinación entre las corporaciones castrenses y policiacas.  Entonces si tenía razón el reclamo Olea Peláez, ahora en recompensa el mismo gobernador del estado y los altos mandos militares reconozcan que se equivocaron al darle una reprimenda pública y hasta mandaron a publicar sendos comunicados disque que corrigiendo la plana al fiscal, cuando él estaba en lo cierto y por ello no hay muchos resultados en materia de seguridad en favor de los ciudadanos.