POLICRÓNICA

   Robamotos…Imparable la banda de “robamotos” en Chilpancingo, en donde desgobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al mes cambian de dueño unas 100 motocicletas, algo así como tres diarias, y las autoridades bien gracias, en su mundo de las maravillas.

La inseguridad pública en Chilpancingo es imparable, los ciudadanos ya no saben qué hacer, entre todos los sectores, uno de ellos hace su denuncia pública y todo cae en el vacío. Se cuantifican que cada mes en la capital del estado de Guerrero, se roban al menos unas cien motocicletas, sin que haya autoridad que frene tal irregularidad. Ese es el sentir de Vito Dazahe Abarca González, presidente del Moto Club “Cráneos de Zumpango”. Los frecuentes robos de motocicletas en la capital guerrerenses ocurren en el centro de Chilpancingo, donde se estacionan demasiadas motocicletas, de las que se están robando al menos tres por día. Los amantes de lo ajeno, regularmente, aprovechan el momento en que los motociclistas realizan algún tipo de trámite en diversas dependencias federal, estatal, municipal, o en alguna institución educativa, donde muchos de los propietarios asisten a clases.  El dirigente de los  motociclistas sostiene “Me han informado que a muchas personas les han robado sus motociclistas fuera de la cancha del Instituto del Deporte de Guerrero (Indeg), donde no existe vigilancia policiaca, sencillamente el Ayuntamiento de Chilpancingo nada hace por proteger a nuestro sector”.Es lamentable que un sector vulnerable y que con mucho esfuerzo muchos de estos y otros con el apoyAo de sus padres se compran sus unidades motrices de dos llantas. Nadie sabe, nadie detiene a la banda de “robamotos” en la capital de la entidad suriana. El presidente municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Leyva Mena, vive en su mundo de rosas y no ve, ni oye, mucho menos atienda a ese sector de la sociedad que utiliza las motocicletas como su medio de transporte. También carecen de espacios específicos para estacionarse, en los que les coloquen argollas para amarrar sus motocicletas y puedan colocarles al menos un candado, para que no se las roben tan fácilmente. Pese a que los “caballos de acero” regularmente los dejan con su seguro, sin embargo llegan dos o tres personas y se las suben a una camioneta, se la roban y los dejan desamparados sin motocicletas. Otra queja más, los afectados han denunciado en tiempo y forma en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, pero no existe confianza en la autoridad, ya que después de tantas denuncias que han interpuesto, nunca dan a conocer las investigaciones y a la fecha no se ha recuperado ninguna de las  motocicletas robadas. Así de grave está la inseguridad en Chilpancingo, en la que solamente escuchamos declaraciones triunfalistas y hasta minimizando de lo que está sucediendo de parte del alcalde Leyva Mena, quien anda más ocupado en cosas triviales, que los problemas que aquejan a los ciudadanos, en este caso específico de los jóvenes motociclistas, que han puesto el grito al cielo. Para la autoridad eso no importa, cuando debería exigir a las autoridades investigadoras a que ofrezcan resultados y detengan a los responsables, hasta el día de hoy, no hay ningún arresto como probable imputado. El hurto de “caballos de acero” sigue imparable, existen denuncias, y no hay detención de los que se han llevado impunemente estos medios de transporte. Los jóvenes con tanto esfuerzo e ilusión de tener una unidad de dos llantas, simplemente se esfumaron y se quedaron nuevamente con ese deseo. Lo peor de todo esto, muchos de los casos compraron las motocicletas en pagos en 12 y hasta 18 mensualidades y nada más se quedaron la deuda y hasta terminarla de cubrir. Primero porque al parecer las tiendas departamentales que venden este tipo de mercancía, no ofrecen ningún seguro, y por el otro lado, no es garantía, porque ante tantos robos que se registran en Chilpancingo, pues nadie estaría dispuesto a ofrecer un seguro de motocicleta. Lo ideal es que la policía “Fuerza Municipal”, “Fuerza Estatal” y Policía Federal, dieran un golpe ejemplar contra la delincuencia de “robamotos” para desarticular la banda, pero es probable que algún jefe policiaco esté metido en este negocio, porque está raro que hasta este día ningún detenido por cometer este tipo de atracos. En este medio llevamos la cuenta de los detenidos, pero ninguno de los que se han publicado en la prensa, es responsable del robo de motocicletas. Sería importante que el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Chilpancingo, Esteban Espinosa Montoya, dieran un fuerte golpe a estos delincuentes de “robamotos”, pero no han visos de ofrecer algún arresto, se dedica a detener borrachos que están tirados en la calle. La demanda es justa de los jóvenes que usan motocicletas, que deben dar resultados las autoridades ante este flagelo que está creciendo día a día y nadie le pone un alto y así va a continuar quien sabe hasta cuándo, porque el alcalde Leyva Mena, simplemente no pasa nada en el municipio que no conoce a ciencia cierta…¿Disculpas?...Sin que seamos pesimistas y descalificar a los próceres de este país y sufrido México, pero aquí en ninguna parte del mundo, las disculpas por la “videotortura” de una joven en Ajuchitlán, región de la Tierra Caliente, del estado de Guerrero, definitivamente, nunca serán suficientes. Los funcionarios y jefes castrenses se desgañitan, y simulan estar preocupados lo que le sucedió el 4 de febrero del 2015, la joven mujer, pues el  hecho de que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, haya reconocido públicamente que elementos militares torturaron a una persona y que también la Policía Federal haya reconocido esa práctica, es un cambio de actitud del gobierno en materia de tortura, pero aún es insuficiente. Además hay un informe del 2014, se alertó que en México la tortura era generalizada. El relator especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, Juan Ernesto Méndez, dijo ayer martes en el Senado de la República, que la disculpa que ofreció el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional por el caso de tortura a una joven en Ajuchitlán, Guerrero, “es insuficiente”. “Sostengo que la tortura es generalizada, no cambio mi opinión porque además, a partir del informe que hice público, sigue denunciándose casos como Ayotzinapa y este video al que se dio amplia difusión a nivel internacional”, el relator instó a los legisladores a que tipifiquen la tortura proporcionalmente a su gravedad. Incluso dijo que ésta debe ser equiparable “al homicidio simple”. Juan Ernesto Méndez realizó entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 una visita a México. En marzo de 2015 presentó un informe con cuatro conclusiones, en la primera de ellas alertó: “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”. Por su parte, Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo que no es suficiente con la disculpa ofrecida por el General Salvador Cienfuegos Zepeda, por la conducta de miembros de las fuerzas armadas que torturaron a la mujer detenida por portación de armas y presuntamente por pertenecer a una organización criminal en Ajuchitlán. El Ombudsman nacional comentó, tras la entrega de su informe de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en el caso registrado en un video y difundido por la prensa nacional e internacional se necesita sancionar por la vía penal a los agentes militares y federales implicados. “Tiene que ir acompañado del fincamiento de responsabilidades, no solamente en el ámbito militar, sino en el fuero civil. La PGR tiene que integrar la averiguación”, dijo González Pérez al referir que la impunidad es la que genera que se propicien estos casos. “En la medida que la sanción sea proporcional a la conducta, mandará un mensaje importante”. Luis Raúl González Pérez informó a la prensa que la Comisión ya está integrando un expediente de queja y para ello ya entrevistaron a la víctima, además de haber pedido información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Procuraduría General de la República (PGR). Tras reconocer que elementos del Ejército participaron en la agresión, el General Cienfuegos ofreció la mañana del sábado una “sentida disculpa a toda la sociedad agraviada”. En un mensaje dirigido a las tropas mexicanas en el Campo Militar Número 1, el General Cienfuegos Zepeda dijo: “En nombre de todos los que integran esta gran institución nacional ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agravada por este inadmisible evento”. El titular de la Sedena incluso lanzó una invitación a la ciudadanía para que denuncien ante la autoridad competente “cualquier acto contrario al cumplimiento de la Ley y al respeto de los derechos fundamentales”. Cienfuegos Zepeda se dirigió a los elementos de las Fuerzas Armadas de México y les instruyó: “Desde el cabo hasta el general les reitero la orden de actuar en todos los niveles con exactitud e inteligencia, con prudencia, siempre apegados a la Ley, así como promover, respetar y garantizar los derechos de las personas”. Sostuvo que “la delincuencia se contiene con la ley en la mano”, y dijo que “por ningún motivo implica o justifica actos ilegales de deshonor o indisciplina”. En el mismo sentido, se expresó el lunes Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, quien además de ofrecer una disculpa dijo que el Gobierno será “implacable en la sanción de conductas que vulneren los Derechos Humanos”. “No debemos enfrentar a quienes violan la Ley, violando la Ley”, dijo Sales Heredia durante la presentación del Programa Nacional de Capacitación en Derechos Humanos. Sales Heredia detalló que en casos así “procede pedir disculpas” y aseguró que algo similar no volverá a ocurrir. Prometió además que no habrá impunidad y resaltó la importancia de construir instituciones confiables que dependan del respeto y la protección de las personas, pues eso significa “respetar la vida”. “Los lamentables y dolorosos hechos de Ajuchitlán del Progreso ofenden a la ciudadanía y deshonran a las instituciones y son intolerables, por lo que no quedarán impunes”, dijo el Comisionado Nacional. A raíz de las disculpas ofrecidas por los dos altos mandos de seguridad, Amnistía Internacional dijo también el lunes que aunque la disculpa constituye un primer paso, se articula nuevamente en torno a la calificación de los hechos como “hechos aislados” cometidos por personas que actuaban por su cuenta. Amnistía aclaró que es necesario que el gobierno y particularmente las autoridades militares reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el personal militar en el desempeño de operaciones de seguridad pública en los últimos años, y que actúen rápidamente para cambiar esta tendencia. Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, dijo en el posicionamiento que hizo la organización este lunes que es notable que esta sea la primera vez que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) pide disculpas públicas por un caso de tortura y dijo que “esto tendría que ser el comienzo de una toma de responsabilidad inmediata del Estado mexicano en su conjunto por todas las violaciones graves a los derechos humanos por las cuales el personal militar tenga que responder”. Amnistía dijo que la condena pública es un paso importante, “pero no es suficiente por sí sola para evitar y poner fin a los abusos, sino se acompaña de un ejercicio de rendición de cuentas que garantice por parte de autoridades civiles investigaciones serias sobre las acciones, estrategias y políticas de las fuerzas armadas”. “Es muy cuestionable que existan casos en donde se ha corroborado la participación de personal militar, y a más de 6 años de los hechos las familias sigan esperando ese reconocimiento de responsabilidad y justicia, como el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos alumnos de excelencia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que murieron a manos de integrantes del Ejército. Se necesita que el Estado mexicano tomen acciones reales frente a la impunidad existente.” señaló Perseo Quiroz. Por ello, Amnistía hizo un llamado al gobierno de México para poner fin de inmediato al desempeño de funciones habituales de la policía, como detener, investigar e interrogar por parte de las fuerzas armadas. Aunque la organización reconoció las dificultades de seguridad pública a las que se enfrenta el Gobierno mexicano, recordó al Estado que la gravedad de una crisis no puede convertirse en una justificación del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto para cerrar los ojos ante estos abusos. “El delito no se combate con más delito”, refirió.