lunes, 12 de diciembre de 2016

POLICRÓNICA

   Acuertalamiento…Luego de que Andrés Manuel López Obrador, pidiera al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda que regrese a los militares a sus cuarteles porque “ya están desgastados”, el general casi de inmediato respondió “no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”.



El 8 de diciembre se dieron dos importante declaraciones, primero el presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, pidió al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que regrese a los militares a sus cuarteles, porque llevan diez años luchando contra la inseguridad y “ya están desgastados”. Esto, luego de que ayer 11 de diciembre se cumplieran 10 años de que el entonces presidente de México,  Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional (PAN), instrumentara un mega operativo contra el narcotráfico en el estado de Michoacán su estado natal. Por ello dijo el político tabasqueño “Se tiene que entender que la paz y la tranquilidad son producto de la justicia, y el mejor camino para enfrentar la inseguridad y la violencia es el de reactivar la economía de México, apoyar al campo, crear empleos, atender a los jóvenes y garantizar el bienestar del pueblo”, expresó desde el municipio de Guerrero, Coahuila, al realizar una gira de trabajo, en donde el  dos veces candidato presidencial recordó que la decisión del expresidente por el Partido Acción Nacional (PAN) Felipe Calderón Hinojosa de lanzar una “guerra contra el narcotráfico” se debió a que no ganó en las urnas y “quiso legitimarse con actos autoritarios”. Esa es una verdad, pero también el ejército mexicano fue sacado de sus cuarteles para hacerla de policías, incurriendo en una ilegalidad, porque no hay un marco jurídico que regule su presencia en las calles y supla las responsabilidades de los policías estatales y municipales. Tanto se puede sostener que hasta el día de hoy han perdido la vida más de un millón de mexicanos en esta fracasada guerra contra el narcotráfico.  A las pocas horas de la declaración del dos veces ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, casi de inmediato tuvo una respuesta, pero con dedicatoria para los tres niveles de gobierno, estatal, municipal y federal encabezado por el presidente de México, el priista, Enrique Peña Nieto, en la que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda. Obviamente que la postura del general, es inédita, podría tomarse como insubordinación al comandante de las fuerzas armadas de México, que la encabeza el propio presidente el priista, Enrique Peña Nieto, y puntualizó el secretario que los niveles de violencia y de inseguridad en el país no son asuntos “que se puedan resolver a balazos”. Esta en todo lo cierto, porque esa no es la solución, sin embargo por falta de políticas públicas, se ha recurrido ilegalmente a las fuerzas armadas. En una inusual conferencia de prensa el mismo 8 de diciembre, el general señaló que: “Quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”.  En sentido, también agregó que ellos no pidieron estar ahí, “no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”. Manifestó Cienfuegos Zepeda que falta un compromiso de muchos sectores de la sociedad para revertir esta situación y expresó que a diez años de que “oficialmente” las fuerzas armadas participan en la lucha contra la delincuencia, las policías estatales y municipales no se han reconstruido y no cumplen con sus obligaciones de perseguir a delincuentes. Pero además habría que añadir, que desafortunadamente las instituciones y servidores públicos han sido infiltrados por al crimen organizado, gracias al fomento de la corrupción. que es el principal fenómeno que no se ha combatido. En una convivencia con la prensa con motivo de fin de año, el alto mando militar reiteró que las fuerzas armadas requieren de un marco legal que dé certeza a su actuación, tarea que le corresponde impulsar a la Secretaría de Gobernación ante el Poder Legislativo, pues esas dos instancias no ha normado la actuación en las calles del Ejército mexicano. “Los soldados ya mejor piensan si le entran a enfrentar a los grupos delictivos con el riesgo de ir a la cárcel acusados de violar derechos humanos o que sean procesados por desobedecer (órdenes”’. Cienfuegos Zepeda dijo que los niveles de violencia y de inseguridad en el país no son asuntos “que se puedan resolver a balazos”. También lanzó otra crítica el general al afirmar que el nuevo sistema de justicia penal no ha funcionado como es debido, pues no mantiene en la cárcel a quienes hacen daño a la sociedad. Al tiempo que admitió que 2016 “no fue un buen año” en materia de seguridad, pues hubo un repunte en homicidios y otros delitos, particularmente en zonas donde en años anteriores se había logrado reducir la incidencia criminal. Sin duda, en franca alusión al caso de Guerrero, pues hace una semana antes estuvo en la que supervisó los operativos, y casi a la fuerza reconocía que los índices delictivos iban a la baja, pero en el terreno de los hechos, fue una declaración falaz, tanto que la misma delincuencia reaccionó con muchos muertos, eso le generó críticas  a Cienfuegos Zepeda de que había venido a Guerrero a ofrecer cifras alegres, pero que no correspondía a la realidad. Un día después, o sea, el 9 de diciembre, tras el reproche que hizo el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, el pasado viernes el presidente priista Enrique Peña Nieto reconoció que la labor de soldados y marinos no es la de vigilancia y seguridad. En un evento, en la que había un auditorio conformado por procuradores, fiscales y presidentes de tribunales de justicia, el Ejecutivo dijo que las palabras del funcionario fueron descontextualizadas, diplomáticamente rechazando esa versión, cuando todo mundo escuchó y vio las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional, quien públicamente recibió la petición del dirigente nacional de Morena, López Obrador a retornar los militares a sus cuarteles porque están desgastados. Pese ello Peña Nieto, externó: “En este espacio quiero tributar un gran reconocimiento a nuestros soldados y marinos y lo digo, porque ante lo expresado por el señor general secretario de la Defensa Nacional el día de ayer (jueves), más allá del contexto o de la descontextualización que hubiesen hecho de lo que haya expresado, coincido plenamente con él”. Con diplomacia, el jefe del ejecutivo federal, tuvo que aceptar tácitamente que ha continuado en los últimos años con la política equivocada de su antecesor Calderón Hinojosa de haber sacado de sus cuarteles para tener en las calles a los militares para hacerla de policías. Entonces Peña Nieto, agregó “nuestros soldados y marinos están para cumplir con una misión: para preservar la seguridad interior, para cuidar nuestra soberanía y no necesariamente para hacerse cargo de tareas es que en estricto sentido corresponden a las policías investigadoras y a las distintas procuradurías del país”. También fue el cuestionamiento de Cienfuegos Zepeda,  hacia Miguel Angel Osorio Chongo, secretario de Gobernación federal y por primera vez le señaló la falta de un marco legal para regular las actuaciones de los militares en tareas de seguridad, o sea hacerla de policía. Entonces de manera indirecta Peña Nieto salió al quite del responsable de la política interna al destacar que con la presencia del Ejército se recuperó la tranquilidad en ciudades que padecían inseguridad. Pero ya con un discurso matizado, Peña Nieto, dijo “Quiero reconocer que, no obstante no siendo la misión que tienen confiada nuestras fuerzas armadas, con lealtad a la patria, con sentido del deber y de gran institucionalidad se han incorporado, han apoyado y están además decididos a seguir haciéndolo para asegurar, en tanto logramos el objetivo de esta asignatura pendiente, el poder apoyar las labores de las instituciones de procuración y de la policía preventiva de nuestro país”. Habría que puntualizar que también el titular de la SEDENA, no declaraba el deseo de regresar a sus cuarteles, de manera fortuita, puesto hoy en día en las dos cámaras de diputados y Senadores está en curso para aprobarse la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual pretende regular al Ejército otorgando al Ejecutivo federal poderes extraordinarios en “situaciones de emergencia” y prevé suspender los derechos y garantías de los ciudadanos. Ante  esto, a través de un comunicado, académicos, politólogos y 14 organizaciones civiles nacionales e internacionales exigieron a la Cámara de Diputados no aprobar, sin una consulta previa y un análisis profundo.Los firmantes señalaron que el proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 29 no contempla contrapesos serios ni tiempos máximos para la suspensión de garantías. La iniciativa además incluye definiciones laxas para justificar la declaratoria de estado de excepción. Ya que “Los frenos y contrapesos que plantea el proyecto son casi inexistentes. El papel del Congreso y del Poder Judicial son limitados, cuando debieran ser proactivos, de vigilancia extrema y respuesta inmediata ante cualquier posible violación a los derechos humanos. Por la gravedad de la medida, dijeron, deben incluirse medidas de vigilancia fuertes y claras. “Es grave que el proyecto asuma que las fuerzas armadas y el ejecutivo se autovigilarán y limitarán en el uso de la fuerza”. Por estas deficiencias que se tienen en  la federación, ahora  el Gobierno mexicano no tiene otra alternativa que seguir encargando a las fuerzas federales la protección de la sociedad civil, pero también es cierto que las policías estatales y municipales han sido infiltradas por el crimen organizado, gracias a la corrupción galopante, que no ha sido combatida, pese a que se han creado instancias anticorrupción. Los esfuerzos del Gobierno federal por crear policías municipales que puedan asumir el combate al crimen organizado sin someterse a los deseos de los grupos criminales han fracasado. Sin embargo, la formación y la puesta en funcionamiento de estas corporaciones llevará años, dejando al Gobierno federal con la única opción de seguir contando con los militares para proteger a sus ciudadanos de los criminales. Por ello, Peña Nieta, reiteró que por lealtad, los militares continuarán en la calle ofreciendo seguridad pública que se supone deben hacer los policías. Ante este escenario, definitivamente es muy probable que la guerra contra las drogas en México continúe durante décadas. Impulsada por la geografía y por la economía del narcotráfico, el comercio de drogas y la violencia seguirán siendo una herida en el lado mexicano y una mancha en las relaciones entre Estados Unidos y México. Aunque el crimen no se manifieste tan dramáticamente como lo hizo en el país en los últimos 10 años, los cárteles mexicanos son centrales en el mercado global de las drogas y por ahora han dejado claro que llegaron para quedarse. Aunque nadie está de acuerdo que el balance es que han fallecido mexicanos, “del lado que sea”, que no debieron haber muerto…911…Hasta este día solo hay intenciones, pero nada firme de crear y poner en servicio una línea telefónica del 911, que podría servir para denunciar el delito del trabajo infantil, aunque hasta este momento no se ha hecho valor los derechos de los niños en el estado de Guerrero. Esta actividad debiera hacerlo, el secretario del Trabajo y Prevención Social del gobierno del estado, Oscar Rangel Miravete, pero tristemente este funcionario todo lo reduce de la siguiente manera, que Guerrero como en otros estados, hay una tradición de que los infantes trabajen y no se les ve mal, sino como parte de la formación del niño, a pesar de los derechos de los infantes, pero los padres de familia no lo ven así, principalmente en la Montaña.Entonces, parte de la solución y erradicar el problema, es necesario abrir una línea 911, con lo que se implementarán protocolos para que cualquier persona que vea a un menor trabajando, haga la denuncia y con ello se pueda canalizar para evitar que sean víctimas de la trata.

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