PRIMERA PLANA

Recomendación a la Sedena y
CNS por tortura en Ajuchitlán 

CIUDAD DE MEXICO.--Los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, han recibido una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió por la detención arbitraria, retención ilegal y cateo ilegal, en agravio de tres personas, dos hombres y una mujer, la cual también sufrió tortura.

Asimismo, como cateo ilegal contra otras cuatro víctimas, entre ellas, dos menores de edad y un adulto mayor, en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
De acuerdo con un comunicado, el 14 de abril de 2016 se dio a conocer en diversos medios de comunicación, redes sociales e internet, un video en que dos personas con uniforme militar y una más, con el de la Policía Federal, interrogaron y torturaron a una mujer.
 Por la trascendencia del caso, la CNDH inició de oficio el expediente de queja. Una semana después recabó las quejas de otras dos personas, que refirieron su detención en las mismas circunstancias que la mujer, por lo que se abrió un expediente que se acumuló al primero por tratarse de hechos relacionados.
Tras diversas diligencias, la Comisión contó con indicios y evidencias para acreditar que el cuatro de febrero de 2015, en las primeras horas del día, miembros del Ejército Mexicano ingresaron a un domicilio particular donde detuvieron a las tres personas, sin contar con mandato expedido por autoridad competente.
En la vivienda también estaban las otras cuatro víctimas: la madre de la mujer torturada, dos hijos de ésta de ocho y seis años de edad, y el propietario del inmueble, de 74 años de edad.
Los tres agraviados fueron llevados ante la autoridad competente 17 horas después de su detención; primero fueron trasladados a instalaciones militares donde, según declaración de la mujer torturada, fue golpeada por tres mujeres, dos vestidas con uniforme del Ejército y una con el de la Policía Federal.
En un cuarto fue obligada a desnudarse y recibió más agresiones, y fue interrogada por un hombre con uniforme militar. También la llevaron a un taller mecánico abandonado, donde continuó el interrogatorio sobre armas y personas; al no proporcionar información la amenazaron con dañar a su familia.
La mujer policía la obligó a hincarse, la esposó con las manos hacia atrás y le colocó una bolsa de plástico en la cabeza e intentó asfixiarla en dos ocasiones, cubriéndole con la mano boca y nariz.
Posteriormente la trasladaron en una patrulla a Iguala, Guerrero, y en el trayecto la uniformada le dio toques eléctricos en una pierna en cuatro ocasiones. Cabe hacer mención que la opinión médico psicológica especializada, emitida por la Comisión Nacional, basada en el “Protocolo de Estambul”, concluyó la existencia de una afectación psicológica y emocional directamente relacionada con los hechos.
Lo anterior, aunado a los métodos empleados: asfixia, desnudez forzada, encapuchamiento, ejecución simulada, choques eléctricos y amenazas de daños, permitieron acreditar el sufrimiento físico y psicológico grave.
Asimismo, se acreditó que dicho sufrimiento se le causó de manera intencional con la finalidad de obtener información.
El día que se difundió el video, 14 de abril de 2016, la Sedena emitió un comunicado de prensa en que informó que los hechos sucedieron el cuatro de febrero de 2015, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
Detalló que desde el 10 de diciembre de 2015 tuvo conocimiento de lo ocurrido, por lo que dio vista al Ministerio Público Militar, quien inició la indagatoria correspondiente.
Asimismo, que el cinco de enero de 2016, la Procuraduría General de Justicia Militar cumplimentó una orden de aprehensión contra un capitán y una soldado policía militar, a quienes se decretó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de delitos del orden militar.
Por su parte, la CNS, en la misma fecha, 14 de abril de 2016, emitió un comunicado de prensa, en que informó que la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación por tales acontecimientos.
La Comisión Nacional reconoció la disculpa pública ofrecida por el secretario de la Defensa Nacional y por el comisionado Nacional de Seguridad, el 16 y 18 de abril de 2016, respectivamente, con motivo de los hechos.
Asimismo, la CNDH solicitó que se investigue si más servidores públicos, tanto de la Policía Federal como de la Sedena tuvieron participación, ya sea por acción o por haber tolerado tales conductas.
Acreditadas las violaciones a derechos humanos, la Comisión Nacional recomendó a la Sedena y a la CNS coordinarse para reparar el daño de forma integral a las siete personas agraviadas, colaborar en el trámite y seguimiento de la denuncia de hechos y de las quejas que la CNDH presente ante la Procuraduría General de la República y el Órgano Interno de Control de dichas dependencias contra los servidores públicos involucrados.
También, ordenar que los elementos de ambas instancias empleen, en todos sus operativos, cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio; capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos, en especial sobre prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
De las detenciones arbitrarias y cateos ilegales; ambas dependencias deberán inscribir a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso, en lo conducente, a los derechos y beneficios previstos en la Ley General de Víctimas. A la CNS le pide, además, instruir a los servidores públicos de la Policía Federal para que elaboren sus partes informativos apegándose a la verdad y se fomente en ellos la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.