NOTA

Vigilar recomendaciones
del GIEI, caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO.--A una semana que representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto encabecen una reunión con miembros del Mecanismo de Seguimiento por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) integró a un nuevo comisionado al instrumento para vigilar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Durante el 162 periodo de sesiones de la CIDH, llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina, del 21 al 26 de mayo, los integrantes del organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordaron “una nueva distribución de las relatorías temáticas

y de país”.
En este periodo se ratificó a la panameña Esmeralda Arosamena de Troitiño como relatora para México, y con ello su permanencia al frente del Mecanismo de Seguimiento, responsabilidad que compartirá a partir de ahora con el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva.
Ambos tendrán la responsabilidad de acudir a las visitas oficiales para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares 409/14 relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La próxima reunión a la que asistirán padres y madres de las víctimas y sus representantes, abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, está programada para el próximo miércoles 31 de mayo.
Al encuentro está contemplada la participación de representantes de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República (PGR).
La reunión anterior se llevó a cabo el 21 de abril, y en ella participó Arosamena y el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, y al término del encuentro con autoridades mexicanas, ambos lamentaron “la falta de celeridad” con que se llevan a cabo las investigaciones por parte de la PGR.
Arosamena es además relatora para Cuba, Ecuador, Nicaragua, Santa Lucía y Suriname, así como de los Derechos de la Niñez; en tanto que Vargas Silva, de origen colombiano, fue nombrado relator de los Derechos de los Migrantes, titular de la Unidad sobre Personas con Discapacidad, y relator de Bardos, Chile, Guatemala y República Dominicana.
La comisionada panameña inició su mandato el primero de enero de 2016, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. De acuerdo a la CIDH es licenciada en filosofía, letras y educación, así como en derecho y ciencias políticas; formó parte de la Comisión Especial para las Reformas Constitucionales 2011-2012 en Panamá y fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia de 2004 al 2009. Actualmente forma parte de los Equipos de Capacitadores en el Sistema Penal Acusatorio para el Ministerio Público y a nivel Interinstitucional en su país.
Por su parte, Ernesto Vargas Silva fue recientemente designado por el Consejo Permanente de la OEA en sustitución del también colombiano Enrique Gil Botero, quien renunciara a su cargo como comisionado tras ser nombrado ministro de Justicia en su país.
Vargas Silva, quien concluirá el mandato de su paisano el 31 de diciembre de 2019, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Libre de Colombia, con especialidad en derecho de familia y doctorado en derecho privado, derecho de la persona y de la familia de la Universidad de Zaragoza. Fue magistrado de la Corte Constitucional entre marzo de 2009 y febrero de 2017, institución que presidió en 2014, informó la CIDH. (proceso.com.mx)