jueves, 24 de agosto de 2017

PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Negocio para damnificados con 
zonas de alto riesgo en la Capital
Jonathan Cuevas.--Cuatro años después de la desgracia, ante la complacencia de los tres niveles de gobierno las zonas inundadas en septiembre de 2013 por la tormenta “Manuel” e “Ingrid”, se han convertido en un negocio para quienes en su momento resultaron damnificados, pero que, fueron beneficiados con una casa en el fraccionamiento “El Nuevo Mirador”.
Por el contrario, hay familias que no obtuvieron el beneficio de una nueva vivienda y volvieron a levantar sus estructuras en el mismo sitio. Hoy, ante la temporada de lluvias, esas zonas se han convertido nuevamente en focos rojos en materia de Protección Civil.
Una de estas zonas se ubica entre las colonias Lázaro Cárdenas,
Azteca, Fraccionamiento SUSPEG, Asentamiento Jacarandas y Brisas Norte; donde desfoga la presa Cerrito Rico e inicia el río Huacapa. Varias familias, incluso, permanecen asentadas sobre el vaso de la presa en lo que ellos llaman “Ampliación Brisas Norte”.
Esta última es una pendiente que forma parte de la presa, donde hay asentadas al menos 20 casas e igual número de familias, con servicio de energía eléctrica y constancias de vecindad que fueron otorgadas durante once años antes de los fenómenos meteorológicos ocurridos los días 13, 14 y 15 de septiembre del año 2013.
En septiembre de 2014, Agencia Periodística de Investigación (API) publicó un trabajo en el que se exhibió que los gobiernos municipales que estuvieron a cargo de Saúl Alarcón Abarca, Mario Moreno Arcos y el hoy gobernador Héctor Astudillo Flores, fueron los que permitieron a las familias, instalarse ahí, y hasta les otorgaron constancias de vecindad.
“Solo por citar un ejemplo; en septiembre del año 2012, la Procuraduría de Barrios y Colonias a cargo del entonces director Norberto Sandoval Nájera, renovó una constancia de vecindad bajo el número PBC/484/2012, con el que dio fe que el beneficiario es vecino de la colonia Brisas Norte, pese a que estaban asentados en zona de riesgo, dentro de la misma presa”, se escribió en esa nota, donde se precisó que en ese entonces era alcalde priista Héctor Antonio Astudillo Flores.
Una de las familias que sigue asentada en el vaso de la presa es la de doña Juanita, una anciana de aproximadamente 75 años que, recuerda, con el paso de la tormenta Manuel su casa se partió en dos, y perdió todos sus muebles y aparatos eléctricos.
Ella continúa sorteando su vida cada temporada de lluvias, igual que su hija y un par de nietos que la acompañan.
Pero al voltear a su alrededor, recuerda que al menos cuatro familias ya se fueron a “El Nuevo Mirador” y abandonaron sus casas, mismas que, asegura, son habitadas ahora por otras familias. Pero desconoce esas personas rentan, viven en las casas prestadas o simplemente se metieron “a la mala”.
Luego, recuerda que “el carpintero” de la zona sigue viviendo ahí, aunque también tiene su casa en el fraccionamiento que les construyó el gobierno.
“Dijeron que nos iban a dar casa. Como yo, mi casita se partió a la mitad y vinieron (representantes del gobierno), pero nos censaron y no nos tocó nada. Ora de nuevo lo rellenamos pues (el terreno)”, expuso la anciana.
Dentro de los límites de la presa justo a la altura de la compuerta por donde se desfoga el agua, se observa incluso una casa de dos plantas, en obra negra, que se está levantando a base de ladrillo y cemento.
EL NEGOCIO
Pero no todas las familias se volvieron a asentar en el mismo sitio por necesidad. En la parte donde inicia el río que en aquellos días lluviosos mostró la mayor devastación de todo el municipio, las familias construyeron de nuevo sus viviendas, a base de madera y lámina galvanizada.
Aquí, platicando con los vecinos se pudo saber que varios de ellos están en El Nuevo Mirador, pero reconstruyeron en esa zona de riesgo para heredar a sus hijos o incluso, para rentar.
Una joven con su esposo y dos niños de entre 4 y 6 años de edad, vive ahora en lo que fue antes el terreno de la madre, aunque la diferencia es que hoy, sobre el cauce del río hay una casa de madera, y, antes de la desgracia, era una casa de ladrillo y concreto, de dos pisos.
Como el de ella hay varios casos en esa zona, según cuenta, pero reveló que hay quienes convirtieron de su antigua casa un negocio.
Al señalar algunas viviendas, indica que ahora hay familias que pagan una renta de entre 500 hasta los mil 500 pesos, mientras los propietarios de las casas que también fueron damnificados, ahora viven en El Nuevo Mirador.
“Nuestro terreno era enorme y a mi mamá no le iban a quitar todo su terreno, solo una parte, nos dijeron que podíamos seguir aquí”, justificó la joven mujer aunque luego aceptó que cuando se les beneficio con la casa en El Mirador, les hicieron firmar un documento en el que se comprometían a abandonar sus antiguos predios.
Acepta que hay temor en su familia cada temporada de lluvias desde 2013, y que las autoridades de Protección Civil han llegado en esta temporada para advertirles que existe un riesgo de que se repita la inundación; no obstante, argumenta que esa es su casa y que si llueve constantemente como en septiembre de 2013, se saldrá de inmediato.
“Según unos rentan, por eso (las autoridades) iban a recoger las casas, porque muchos rentaban, que no vivían los meros dueños”, señaló, y luego insistió en que hay familias que siguen viviendo ahí porque no les tocó casa.
CHILPANCINGO, SIN MEMORIA
Sobre esta situación, el director de Protección Civil de Chilpancingo, Gustavo Vela Guevara reveló que hay unas 500 familias de las mil que están asentadas en zonas de riesgo, que aunque ya fueron beneficiadas con una casa en “El Nuevo Mirador”, se niegan a abandonar sus antiguos predios.
“Parece ser que no aprendemos de nuestras desgracias, de nuestros dolores”, lamentó.
Señaló que en Chilpancingo hay 54 barrancas de las cuáles 14 representan zonas de alto riesgo igual que el vaso de la presa, los márgenes del río Huacapa y otros puntos de laderas inestables.
Afirmó que desde febrero del año en curso, ante la cercanía de la temporada de lluvias, se inició una campaña para notificar a unas mil familias que se encuentran en zonas de alto riesgo; incluso, en algunos casos se les pidió desalojar inmediatamente sus viviendas.
“La mayoría de estos casos son personas que ya fueron beneficiadas con una vivienda en el fraccionamiento El Nuevo Mirador, la cosa es que quieren tener las dos propiedades”, insistió.
Destacó que la instrucción que tiene del presidente municipal Marco Antonio Leyva Mena es agotar el diálogo con las familias asentadas en zonas de riesgo, sin embargo, amagó que la Ley los faculta para hacer uso de la fuerza pública.
El funcionario municipal afirmó que las familias damnificadas que tienen ahora su casa en El Mirador, argumentan que lo que les dieron es un departamento, no una casa, por lo tanto, no dejaran sus antiguos predios.
No obstante, hoy se está en el análisis de derribar las casas ubicadas en zonas de riesgo, usando la fuerza pública. (API).

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