POLICRÓNICA

Risible…Los dirigentes de partidos y candidatos a los diferentes cargos de elección popular en el estado de Guerrero están cometiendo muchas anomalías y los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) simulan aplicación de sanciones, cuando deberían ser drásticas para que no incurrir nuevamente.

Las sanciones deben ser ejemplares y extremosas para que los actores políticos no vuelvan a incurrir, de lo contrario nada más las autoridades electorales tanto a nivel nacional como estatal estarían simulando su proceder. En el caso de Guerrero, escuchamos y leeremos anuncios de sanciones, pero en realidad no son nada representativas, por ello siguen incurriendo en anomalías que van en detrimento de lo que se aspira en ser mejores en la política. Pero con las últimas sanciones, más que correctivas, invitan a seguir haciendo lo que les venga en gana, el argumento “al fin y al cabo las multas sin simbólicas y el dinero no sale de nuestros bolsillos”.Nosotros las calificamos de simulación o siendo extremistas risibles, porque no corresponde a una sanción, más bien, es para que se rían los dirigentes de partidos y los candidatos a los diversos cargos de elección popular, en este caso en Guerrero, son 14 partidos, 9 con registro nacional y 5 local. Pero todos reciben financiamiento público, que no es otra cosa que son los impuestos de cada uno de los más de  tres millones y medio de surianos. El dinero que supuestamente pagan, no sale de los bolsillos de los dirigentes de partidos y candidatos, sino de las prerrogativas, por eso ni les “duele”, porque es regresar parte del dinero que reciben del financiamiento público. El día que se tenga una legislación que cada uno de los dirigentes de partidos y candidatos  se les obligue a pagar sanciones con dinero de su peculio, en ese momento, estaremos seguro que cometerán  menos anomalías y eso beneficiará mucho más a la tan llevada y traída democracia. En Guerrero se va a elegir presidente de la república, senadores de la república, diputados federales, legisladores locales y presidentes municipales, es decir el 1 de julio los ciudadanos tendremos cinco boletas en sus manos para sufragar en las urnas. Desde ahora nuestro equipo de esta columna, propone que los diputados locales de Guerrero se den a la tara para que actualicen la Ley Electoral en la que establezca menos financiamiento a los partidos políticos y sanciones severas para quienes comenta anomalías y si incurren las paguen con dinero de su peculio, porque finalmente se tiene que ver como una empresa de cada uno de los actores. Lo mismo que paga la Iniciativa Privada cuando comenten anomalías, las autoridades fiscalizadoras no se tientan el corazón para aplicar correctivos severos. Entonces la misma regla debe aplicarse en los partidos y candidatos a un cargos de elección para aminorar yerros y fallas que van en detrimento en favor de la democracia.  Además como manejan dinero público, con la sanciones verían disminuidos los financiamientos sustancialmente. Con esas dos medidas, creemos que se avanzaría en la profesionalización de cada uno de los actores para no incurrir en fallas que sean susceptibles de sanciones económicas, principalmente. Cada año que pasa se debe profesionalizar  a los actores políticos, para que participen con más responsabilidad y que entiendan que son los que deben hacer más y mejor las cosas que abonen alcanzar una democracia más transparente y participativa. Las sanciones en Guerrero, hasta ahora son prácticamente de simulación, el día de que sean ejemplares, estaremos viendo mayor preocupación por hacer mejor las cosas y las autoridades electorales tendrán menos trabajo como árbitros, evitando con ello fallas que merezcan sanciones. Durante el mes de marzo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aplicó tres sanciones a los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) por anomalías en la revisión del informe anual correspondiente al año 2016. Ambas sanciones fueron aplicadas el 15 de marzo por el instituto electoral, a raíz de un dictamen del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano encargado de la fiscalización de institutos políticos. El monto que deberá cubrir el PAN, ronda los 280 mil 484 pesos; mientras que el PRI se hizo acreedor a una multa de 13 mil 321 pesos. Movimiento Ciudadano, aliado electoral del PRD y PAN, fue multado con 11 mil 279 pesos. En el mismo informe se señala que en los primeros días del mes de abril, el IEPC también deberá aplicar una penalización al Partido Verde Ecologista de México por un monto de 283 mil 888 pesos. Las infracciones que se encuentran pendientes a causa de haber sido impugnadas, tienen que ver con el Partido Encuentro Social (PES) y Morena, a quienes se les detectó inconsistencias en sus ingresos totales y gastos ordinarios que presentaron al INE. A Encuentro Social se le multó con 56 mil 179 pesos, mientras que a Morena con 147 mil 827 pesos, sin embargo, los montos están sujetos a lo que pudiera resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En febrero, se dio a conocer que de 2015 a la fecha, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, había recaudado más de 10 millones de pesos en multas aplicadas a partidos políticos, por irregularidades en informes anuales, de precampañas y campañas. La pregunta obligada en ¿dónde fueron a parar los dineros?, ¿en que se invierten?, ¿a quién beneficia las sanciones? Existe opacidad en el paradero de las multas a partidos políticos, con esa cantidad de dinero en los tres últimos años, bien que servirían para ofrecer beneficios a las comunidades más alejadas de cada una de las 81 cabeceras municipales. A los pueblos rurales les hacen falta escuelas, centros de salud, medicamentos, el servicio de agua, luz, sistemas de drenaje, y pavimentación de carreteras. Entre otros. Es necesario que las autoridades del IEPC aclaren en tiempo  y forma para evitar especulaciones del manejo de la recuperación del dinero y expliquen con transparencia para tenga credibilidad, de lo contrario perderán respeto y los ciudadanos los calificarán de que son un “elefante blanco”, en la que no tienen llenadora e inventa cualquier cosa para gastarse el dinero, como el tan cuestionado Programa de Resultados  Preliminares que en Guerrero costará más de 26 millones de pesos aproximadamente. No es invento, ahí está la información y los consejeros que tienen a cargo de ese programa millonario, cuando en el 2015 tuvo un costo al 50 por ciento. Definitivamente el IEPC, no está actuando de acuerdo a las condiciones económicas, políticas y sociales de Guerrero, que en el rubro de pobreza y marginación, no se puede estar hablando de gastos innecesarios y millonarios para ocurrencias.…¿Desacato?…Entre el dimes y diretes en este momento se encuentra el tema del retorno o no del presidente municipal propietario, Marco Antonio Leyva Mena del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esto luego de que se conoció de una resolución de la autoridad federal, que cada quien la interpreta a su  manera, modo y a su conveniencia. En el caso de Leyva Mena, cree que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordena a los diputados de la LXI legislatura local están para que lo reinstalen a más tardar mañana martes y si no lo hacen, según el edil con licencia, estarían cometiendo un desacato. Lo cierto que en este tipo de litigios se encuentran muchas controversias, en primera instancia se entiende que el TEPJF, ordenó al Congreso local resolver en su próxima sesión (el martes 10 de abril) la solicitud de reincorporación al cargo del alcalde con licencia de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena, y señaló omisiones en el caso. El 8 de enero Leyva Mena solicitó al Congreso su reincorporación, sin embargo, la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación no dictaminó -como sí lo hizo con otras solicitudes- argumentado que estaba dentro de los 30 días hábiles que marca la ley. En febrero Leyva Mena interpuso un juicio electoral ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) en el que exigía su reincorporación, el cual fue declarado infundado y los magistrados consideraron que los plazos del Congreso para responder a la petición del alcalde estaban dentro de los tiempos razonables que establece la ley, y no existía omisión. Leyva Mena llevó el juicio ante el TEPJF y el jueves 5 de abril por la tarde la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción con sede en la Ciudad de México consideró que “el Tribunal local debió tener por acreditada dicha omisión”. “Lo anterior al considerar, entre otros aspectos, que el Tribunal local no estableció un parámetro claro de lo que debía entenderse como un plazo razonable o prudente para resolver la petición”, indica la información pública en la página del TEPJF. “Pues si bien, existe un trámite general para los proyectos, iniciativas o decretos que se turnan a Comisiones (del Congreso) y conforme a la ley se debe elaborar un dictamen en un plazo no mayor a 30 días hábiles, en el caso no debe entenderse que ese plazo debe agotarse”, precisa. Señala que las omisiones persisten al no haber un dictamen sobre la solicitud de reincorporación, lo que implica un obstáculo en el derecho de ejercicio del cargo. “Por lo que la Sala Regional revocó la resolución del Tribunal local, declarando la existencia de la omisión y en consecuencia ordenó al Pleno del Congreso local que resuelva lo que en derecho corresponda, respecto a la solicitud en su próxima sesión”. El mes pasado la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación pidió una prórroga para dictaminar la solicitud de reincorporación al cargo de Leyva Mena quien pidió licencia el 16 de octubre del año pasado. Bueno, ya comenzó la rebatinga, el mismo viernes por la mañana, el secretario de Servicios Parlamentarios de la LXI legislatura local, Benjamín Gallegos Segura según su interpretación no es una orden de reinstalación, además el día de mañana martes se le dará a conocer sobre esta resolución del TEPJF y podría ser hasta el jueves cuando tenga un dictamen en favor o en contra de Leyva Mena. Lo único cierto de todo esto, es que se tiene un Congreso parchado, porque más de 22 diputados propietarios solicitaron licencia para ir en busca de otro cargo, por lo tanto apenas se están incorporando sus suplentes y estos por supuesto desconocen la agenda legislativa, por ende las cosas se complican. Mientras tanto los habitantes de Chilpancingo, seguirán “disfrutando” de la obra teatral de Marco Antonio Leyva Mena, quien insiste por todo los medios retornar a la presidencia municipal, y su suplente Jesús Tejeda Vargas, le contesta también mediáticamente, sin decir nombres, pero lo responsabiliza de la quiebra financiera, inclusive este fin de semana adelantó que no tendrá dinero el Ayuntamiento para pagar salarios a los más de 3 mil 500 trabajadores. Ese es otro ruido más para que la obra teatral continúe para los próximos cinco meses que le falta a la presente administración  municipal para concluir constitucionalmente. Por lo tanto, desde esta semana comenzaremos a ver una serie de protestas de los tres sindicatos que ya cohabitan en el Ayuntamiento de Chilpancingo,  para exigir sus pagos de salarios de manera puntual. Esto desde luego es una estrategia para seguir evidenciando de la fracasada administración del ahora alcalde con licencia, por lo tanto se seguirán administrando los diversos conflictos que se presentan....Justicia...Mediante una carta abierta, los feligreses están demandando justicia para dos presbíteros asesinados y la sociedad en general. Es misiva nos la compartieron, y hoy en este espacio la reproducimos textualmente al cumplirse el pasado 5 de febrero los dos meses en que fueron asesinados dos prelados en la región norte del estado de Guerrero. La misiva textualmente dice: A la sociedad del estado de Guerrero.A la sociedad mexicana. A los medios de comunicación. A los hombres  y mujeres de buena voluntad…Hoy se cumplen (5 de febrero) dos meses de pena e indignación que embargan a la diócesis de Chilpancingo-Chilapa y a la arquidiócesis de Acapulco, por la pérdida irreparable de los padres P. Germaín Muñiz García y P. Iván Añorve Jaimes, el mismo dolor que tienen miles de familias de nuestro estado que son víctimas de algún delito que se viven a diario. Como agentes laicos de pastoral católicos, estamos llamados a construir la paz y ser promotores de paz, como uno de los pilares importantes la justicia,  que lleve a miles de familias a encontrar la reconciliación. Hemos llamado a la sociedad entera, pero sobre todo a quienes de forma institucional representan sus intereses y son encargados de la procuración de justicia, específicamente a la fiscalía general del estado y por ende a la fiscalía regional zona norte, a que asuman su deber con las miles de víctimas del delito a quienes dichas instituciones siguen revictimizando y negándoles su derecho humano de acceso a la justicia y debido proceso en las investigaciones que por deber tiene a su cargo. Por lo que, de lo manifestado con antelación nos pronunciamos de la siguiente forma:1.- Con profunda preocupación hemos visto la nula respuesta de resultados por parte de la fiscalía general del estado y específicamente de la fiscalía regional de la zona norte en la investigación de los hechos lamentables que fueron víctimas los sacerdotes católicos  P. Germaín Muñiz y P. Iván Añorve Jaimes, al igual que ha sucedido con tantas víctimas del delito, que fomenta un estado de vulnerabilidad propiciado por la autoridad ministerial y lleva a vivir en completa impunidad, lo que nos causa indignación pero más preocupación, ya que con esta circunstancia causa agravio y perjuicio no solo a los sacerdotes sino a todas las víctimas de la violencia. 2.- La justicia no se puede cimentar en la mentira y en “verdades históricas” sino en una  investigación que garantice el acceso al derecho humano de las víctimas a la verdad, que desafortunadamente dicha autoridad dan muestra de buscar la impunidad encima de la verdad y la justicia, por lo que como agentes laicos de pastoral católicos, reiteramos ahora más que nunca nuestra solicitud de las medidas urgentes:A) el cese inmediato de José Luis Martínez Silva, fiscal regional zona norte de la fiscalía general del estado. B)  Una investigación seria y especializada para el esclarecimiento de los hechos no solamente de la carpeta de investigación de los padres P. Germaín Muñiz García y P. Iván Añorve Jaimes,  si no de todas las victimas que se les niega el acceso a la justicia por parte de la representación social. Lo anterior permitirá tener confianza en los resultados de la investigación, por parte de la autoridad ministerial del estado. 3.- Reiteramos nuestro total apoyo al obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa Mons. Salvador Rangel Mendoza, y nos unimos a su llamado de paz y justicia.4.-Por lo anterior y con el fin de hacernos escuchar de forma legítima y pacífica, haciendo valer nuestro derecho humano de libre manifestación,  consagrados en los numerales 15 y 16 de la convención americana sobre derechos humanos, en días venideros como parte de esta sociedad, estaremos movilizándonos para manifestar nuestro llamado a la justicia y a la paz. En la ciudad de iguala a los cinco días del mes de abril del dos mil dieciocho. Lic. Anselmo Campuzano Martínez, Coordinador de Casa Siloé”.