jueves, 8 de noviembre de 2018

POLICRÓNICA

Desplazados…La violencia generada por grupos civiles armados, en las últimas horas obligaron  el éxodo de al menos un centenar de habitantes de la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en la montaña baja y emigraron hacia Copalillo, región norte ¿y las autoridades de los tres niveles de Gobierno?

En Guerrero se han registrado constantemente los desplazamientos de ciudadanos de los diversos municipios a otros buscando seguridad  púbica para  su integridad física y familiar, sin importar en abandonar todo su patrimonio familiar logrado con mucho esfuerzo  durante muchos años. La violencia definitivamente en Guerrero no cesa, va en aumento, y los tres órdenes de Gobierno simplemente tratan a toda costa minimizar el fenómeno hasta de sus estragos que provoca, como es el desplazamiento de cientos de familias de escasos recursos económicos. No llega el tan llevado y traído ofrecimiento del “Orden y Paz” por el actual Gobernador del estado del Partido Revolucionario Institucional. El desplazamiento de personas por los grupos delincuenciales, lamentablemente ha venido de menos a más, cada día los del crimen organizado se apoderan de los territorios, inclusive entre ellos mismos se disputan, por consecuencia los más afectados son las familias pobres y para salvar sus vidas prefieren emigrar a otra parte de la entidad suriana y otros más hasta se trasladan a otras entidades del país y los menos se van al extranjero a refugiarse, porque tristemente en sus terruños no tienen nada garantizado para vivir, sobrevivir, mucho menos tener seguridad. Desde el 2015 la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, han sufrido los embates de la delincuencia. En los últimos tres años esa parte de la montaña baja que colinda con la región centro del estado de Guerrero, se han dado muchos desplazamientos, por ello en las últimas 24 horas  por lo menos un centenar de personas que conforman unas 17 familias no tuvieron otra opción y huyeron de esa comunidad indígena con dirección a la cabecera municipal de Copalillo, región norte de Guerrero, donde pidieron ayuda a las autoridades de la alcaldía ante la violencia que prevalece desde 2015 por parte de grupos delincuenciales. Como se sabe, el Ayuntamiento de Copalillo, es encabezado por el Partido Acción Nacional (PAN), desconocemos  cual vaya a ser su comportamiento con las familias que llegaron en éxodo a esa municipalidad. Se espera que traten a las familias indígenas con dignidad, igual  que a los ciudadanos de Copalillo, en la que la población mayoritariamente es indígena, por ende sean tratados  como tales por las autoridades que por primera vez está gobernando el PAN. De acuerdo con la versión de los vecinos de Copalillo, municipio de la región Norte de Guerrero, niños, mujeres y hombres arribaron aproximadamente a las 08:00 horas de ayer miércoles al Ayuntamiento, luego de caminar durante la noche más de 30 kilómetros de Tlaltempanapa a Copalillo, pasando por el río Balsas en la comunidad de Tlalcozotitlán. Las familias indígenas nahuas denunciaron que un grupo delictivo les quita sus pertenencias y amenazan con llevarse a jóvenes y niños. Ante ello, pidieron la intervención del gobierno estatal para atender sus necesidades básicas como comida, ropa y salud, así como seguridad para regresar a su comunidad. Tlaltempanapa es comunidad vecina de Quetzalcoatlán de Las Palmas, donde en enero de 2016 un grupo armado que opera en la comunidad de Tlaltempanapa irrumpió y asesinó a seis integrantes de una familia. En esta comunidad de Tlaltempanapa desde 2015 se tiene conocimiento que opera un grupo delictivo y mantiene el control de la seguridad, entre la zona que conecta la región Norte y Centro, principalmente de los municipios de Copalillo y Chilapa de Alvarez. Ahora mismo las autoridades del municipio de Copalillo, ubicado en la región Norte de Guerrero, confirmaron que por la mañana comenzaron a llegar familias procedentes de Tlaltempanapa. Los habitantes de Tlaltempanapa habrían huido debido a que el grupo delictivo que opera en la zona ha levantado a jóvenes y acosan constantemente a los pobladores, por lo que decidieron huir de la persecución de la cual son víctimas. Tlaltempanapa, es una de las localidades de Zitlala, en la región Montaña baja, que conecta con comunidades de la región Norte. Entre algunos hechos importantes, la localidad de Tlaltempanapa fue el último lugar en donde se tuvo contacto con la camioneta donde viajaban seis integrantes de la familia García Feliciano. Posteriormente presuntos comunitarios negaron el acceso a un colectivo de desaparecidos y corporaciones policiacas, para buscar a dicha familia que desde el 24 de octubre del 2016 permanece desaparecida. En esa zona, un periodista fue encañonado por loa civiles armados que operan en el lugar, esto a pesar de la presencia de Ejército Mexicano y policías ministeriales. También los civiles armados que cuidan al poblado, han sido señalados como los responsables de la matanza del 6 de enero en la localidad vecina de Quetzalcoatlán, que en los últimos dos años se encuentra secuestrada por un grupo delictivo afín a los presuntos comunitarios. De acuerdo con información preliminar, a partir de este miércoles comenzaron a llegar las primeras familias de Tlaltempanapa, entre ellos 35 niños, quienes por el momento serán atendidos por el Ayuntamiento de Copalillo, encabezado por Julián Castro Santos, del Partido Acción Nacional. Inicialmente las autoridades panistas seguramente habrán de ofrecer toda la solidaridad, pero el problema se complicará cuando las familias anuncien y soliciten establecerse en definitiva en la municipalidad y se nieguen a retornar a su comunidad de origen. Ahora hace falta la respuesta del Gobierno estatal que encabeza Héctor Antonio Astudillo Flores, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para que vaya en auxilio a las familias que huyen de la violencia y tengan toda la solidaridad, para darles certeza  en su estancia en el municipio de Copalillo. Entre la prioridad que debe ofrecer el gobierno Astudillista es precisamente seguridad pública y logre convencerlos con una certera garantía de que no tendrán problemas para retornar a su pueblos de origen, y retomen su vida normal entre la pobreza y marginación. Se espera que la reacción del Gobierno de Astudillo Flores en coordinación con las autoridades del Ayuntamiento de Zitlala, logren convencer a ese centenar de personas que salieron de su pueblo para evitar ser víctimas de la delincuencia. Lo ideal es que los gobiernos municipal y estatal logren convencer a las familias  que deben volver a su terruño, en la que tienen su patrimonio logrado con mucho trabajo, y es parte de la herencia de sus hijos. Pero también debe haber el compromiso institucional de los dos niveles de gobierno de que tendrán seguridad y también apoyos adicionales para retomar nuevamente su vida y tengan seguridad pública en todo momento. El día de ayer en este mismo espacio  cuestionábamos de que la diputada local plurinominal priista, María Verónica Muñoz Parra presidenta de la mesa directiva de la LXII legislatura local exigía seguridad no solo para la amenazada legisladora, sino para todos los 46  diputados, porque según ella con el “narcoamenaza” se entendía que era para todos los integrantes del Poder Legislativo y que eso no lo permitirían y el cuestionamiento es que no debería ser solo para ellos la seguridad, sino para los más de 3 millones 500 mil ciudadanos  guerrerenses que viven los estragos de la violencia, por ende necesitan tener seguridad pública. No tuvieron que pasar más  horas, cuando nos enteramos del desplazamiento de familias indígenas de Zitlala, a consecuencia de los estragos de la violencia que azota a todo Guerrero. Entonces no estamos mal cuando exigimos en que se debe demandar seguridad no solo para los 46 diputados sino para todos los surianos. Además los diputados locales tienen dinero, cuentan con un ingreso seguro cada quincena, por ende pueden contratar seguridad personal y pagarla con su dinero. En cambio los indígenas desplazados apenas tienen para medio sobrevivir, y no tienen la posibilidad de acceder a contratar seguridad personal. Por ello reiteramos que la seguridad pública debe ser para todos los ciudadanos sin importar  su estatus social. No debe haber guerrerenses de primera, segunda o tercera, sin embargo tenemos que reconocer que existen esas diferencias en la que no hay un trato igualitario, no obstante que todo mundo paga impuestos para que las tres esferas gubernamentales garantice seguridad  pública a todos los pueblos sin importar en donde estén ubicados. La gente de Guerrero, es muy trabajadora, por lo tanto los gobiernos en sus tres escalones están obligados a garantizar en todo momento seguridad para una tranquila convivencia social y evitar que se vulnere esa tranquilidad a la que tienen derecho todas las familias sin importa su estrato social. El desplazamiento de  familias de un pueblo a otro que no es el suyo es de tristeza y desolación, por ello los próceres gobernantes deben ponerse en los zapatos de cada una de las personas desplazadas, y para los niños, definitivamente su futuro es incierto al trasladarse a otra parte del estado o del país buscando seguridad. Lamentablemente la violencia cada día se impone sobre los pacíficos ciudadanos.…Basificaciones…Hace 39 días en Guerrero se llevó a cabo  el cambio de autoridades en 81 municipios, de los cuales 80 fue por elección constitucional y sólo Ayutla de los Libres, fue por usos y costumbres, por ende se conformó un concejo municipal. Al concluir las administraciones municipales, por primera vez escuchamos protestas, quejas en favor y en contra de una pésima decisión de los presidentes municipales salientes en entregar basificaciones  de plazas de manera ilegal, en la que se beneficiaron  familias, amigos, amantes y toda la parentela. Preliminarmente trasciende que por lo menos 500 plazas fueron basificadas ilegalmente, violentando todo los derechos de quienes tienen que recibir ese beneficio. Inicialmente los  presidentes municipales de los principales municipios de Guerrero, se inconformaron de la entrega de bases a trabajadores de última hora por los salientes alcaldes. Por casi un mes se registraron  cuestionamientos mediáticos, en tanto los afectados protestaron, como sucedió en Chilpancingo, que por 26 días un sindicato estuvo en plantón exigiendo al alcalde que no despidiera a trabajadores, en tanto la autoridad denunció públicamente que se trataba de “aviadores”, al parecer finalmente se acordó para cesar la protesta de que no habría despidos en la capital del estado. Los presidentes municipales de Chilpancingo y Acapulco desde un principio afirmaron que no reconocería la liberación de las basificaciones porque se violentó todo el proceso a que se debe someter ese beneficio a favor de los trabajadores con mayor antigüedad. La posición es correcta de las autoridades municipales, ahí se sostuvieron un buen rato, en los dos días, salió a dar la cara y declaraciones el secretario general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), David Martínez Mastache, quien aseguró que continúa la revisión de las plazas entregadas al finalizar las administraciones municipales pasadas. Este problema se registró principalmente con mayor número cerca de  los 400 fue en Acapulco, lo sigue Chilpancingo con 40 y otros más en Iguala de la Independencia y seguramente en otros Ayuntamientos del resto de la entidad. Insistimos, es la primera vez que se registró de manera masiva la expedición de bases sin cumplir los respectivos requisitos, entre ellos la antigüedad. Lo loable del tema es que  el mismo dirigente estatal del SUSPEG, admite que no se cumplió con el proceso que demanda para la entrega de una base de trabajo, por lo tanto está de acuerdo en echar abajo las cerca de 500 bases. Esa actitud de Martínez Mastache es de responsabilidad, al no prestarse a esas decisiones fraudulentas de los presidentes municipales salientes, que por quedar bien con sus allegados entregaron a diestra y siniestra plazas a gente que no lo merece. Entonces entre autoridades y sindicato están entrando en una etapa de responsabilidad para cuidar el patrimonio de los guerrerenses y beneficiar a quienes realmente tienen la antigüedad. Se tiene confianza que todo esto llegue a un buen término, sin conflictos entre autoridades municipales y sindicales. Esperar el momento  para que se normalice  este tipo de litigios.

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