lunes, 18 de febrero de 2019

PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Sin cansarse rascan en
busqueda de los suyos
Eliana Gilet/VICE/SinEmbargo).-Poco menos de tres años atrás, cuando hicieron la segunda brigada nacional en Veracruz, la cifra oficial registraba 27 mil personas desaparecidas. Hoy, cuando van terminando la cuarta, en Guerrero, hay 40 mil.
Si buscar fosas clandestinas en Sinaloa fue importante, hacerlo en Guerrero es meterse en el vientre del cóndor. Aquí ocurrió el primer caso de desaparición forzada registrado en el país. Rosendo Radilla tenía 60 años en 1974, cuando el Ejército lo detuvo en un retén en el municipio de Atoyac de Álvarez.
“Señores, soy campesino del estado de Guerrero”, dice el corrido que lleva su nombre. “Me quitaron mis derechos y me hice guerrillero”. Su hija, Tita Radilla, formó parte de la cuarta brigada de búsqueda.
El terrorismo de Estado en México en la década de 1970 se desató como una maldición que caía sobre toda la familia. Gladivir lo sabe bien, porque su apellido es Cabañas. Y mientras viajamos hacia el punto en las Guacamayas cuenta cómo había aprendido de niño a mentir su nombre y que le gustaría tomarse la muestra de ADN que la brigada logró que se habilitara en el Hospital General de Huitzuco, porque aunque su padre, Raúl Cabañas Tabárez, está desaparecido desde 1974, él no tiene su perfil genético en la base de datos para confrontarla con los hallazgos que han hecho.
Gladivir llegó con el grupo de Tita, que tiene cuatro décadas demostrando una verdad incuestionable: son los familiares los que buscan a los desaparecidos.
Está Alma Rosa, de Culiacán, que busca a su hermano. También don Jorge, que encontró a su propio hijo gracias a un informante que le señaló el enterramiento clandestino que le forzaron en la zona rural del Potrero de Sataya, en Sinaloa. Están las madres de Veracruz: Elba que busca a Bryan de Jesús y Fabiola que busca a Argenis Yosimar. Está Ceci que busca a su esposo, Miguel Ángel Rodríguez Nieva.
Pero están, sobre todo, muchas de las familias guerrerenses pioneras de este movimiento: las que a fines de 2014 fundaron un colectivo llamado Los Otros Desaparecidos de Iguala y que rescataron más de 200 cuerpos de su enterramiento clandestino hasta que sus búsquedas fueron detenidas abruptamente en 2016. Ahora fundaron el “Frente Guerrero”, y la lleg
ada de la Brigada Nacional fue su regreso colectivo.
LOS OTROS
La brigada duerme custodiada en Huitzuco, en las instalaciones que le facilitó la congregación religiosa en torno al padre Oscar Prudenciano González, quien antes fue el Párroco de San Gerardo, en Iguala, a 30 kilómetros de distancia.
“Me siento más seguro en el campo que en la ciudad de Huitzuco. Me siento más seguro ahí arriba. Pero aunque siempre lo hemos tenido, siento que más que el temor, la esperanza nos ha hecho caminar solos”, reflexionó Vergara, que tiene siete años buscando a su hermano, Tomás, un taxista que fue desaparecido en Huitzuco el 5 de julio de 2012.
“En esta región las familias de los desaparecidos son mis héroes. Ojalá la historia de México algún día escriba en letra de oro los nombres de los papás de los 43 porque son ellos los que lucharon y enseñaron a nuestro país a no callar. Son ellos los que están luchando por sus hijos, por mi hermano y por todos los que han desaparecido. Gracias a ellos que me dieron un empujón, yo estoy aquí buscando”, dijo una noche templada, tras una de las extensas jornadas de búsqueda.
Es imposible no entrar en Iguala pensando en los normalistas. Recordar que fue bajo este puente en que la policía los balaceó. O que Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo se hagan presentes en la esquina de la esquina de Periférico Norte y Juan N. Álvarez, dónde fueron asesinados.
El 27 de enero, la brigada y los padres de los 43 hicieron un acto conjunto en esta esquina: “Si no dejamos una semilla plantada con el esfuerzo de tantas familias, no va a poder germinar”, dijo Juan Carlos Trujillo, organizador de la brigada, al tomar la palabra.
Huitzuco de los Figueroa, Guerrero. Dos buscadores muestran a los ministerios públicos y peritos donde se encuentran restos humanos en la Cueva de la Mula denunciado dos años antes al ministerio publico Antonio Arcos Rodríguez quien se negó a levantar e identificar los restos según el expediente FEDUGRO/IGUA/0000687/2017. Foto: Ernesto Alvarez, Vice
Los normalistas fueron desaparecidos a fines de Setiembre de 2014 y dos meses después, para fines de noviembre, Los Otros Desaparecidos hizo su aparición pública para buscar en los cerros como los padres de los 43. Fue el empujón que mencionó Vergara, del que participó junto a su hermana Mayra.
También Sandra, que busca a su hija Ivette Melissa Flores Román, fue parte de Los Otros Desaparecidos. Y doña Guille, que busca a su hijo César Iván González Sotelo. Lo integró don Rogelio, que ya halló el cuerpo de su hijo Aldo Rogelio Mastache Gonzaga, pero sigue buscando a los demás.
El día que la cuarta brigada comenzaba su trabajo, Bahena los difamó en un artículo que publicó Quadratín diciendo que sólo montaban un “show mediático”. Bahena es una ex funcionaria judicial cuyo esposo fue desaparecido y por eso, entró a Los Otros Desaparecidos.
Varias de las personas consultadas informaron que todo cambió en el grupo con su llegada: prohibió a las familias hablar con la prensa, comenzó a cobrarles entre 200 y 350 pesos a cada integrante y les exigía dinero para atender sus casos, dijeron. Pero lo más difícil de aceptar fue que una vez que Bahena llegó a dirigir el grupo de manera informal (no es la presidenta del Comité) las búsquedas en campo del grupo que fue pionero, se cortaron de raíz.
Hay, en este día en que regresan al cerro, una felicidad manifiesta entre los que estuvieron en esa primera etapa y conocen la potencia que imponen las familias para seguir las pistas, hallar las evidencias en la tierra, abrirla y hallarlos. Una vez más.
NEGLIGENTES
Además de buscar, la brigada está forzando una nueva y particular forma de “coadyuvancia” en la investigación judicial, que es ruidosa y a veces raspa.
Mario Vergara Hernández llevaba un año y medio denunciando el punto positivo que había encontrado en la cueva de Tlaxmalac. A fines de mayo de 2017 se lo comunicó verbalmente al titular de la Comisión Nacional de Seguridad del anterior gobierno, Renato Sales Heredia.
“Le dije que necesitaba ayuda para hacer una diligencia y levantar esa osamenta de la cueva. Respondió que en una semana lo hacían. Pasó el tiempo y no lo hicieron. Estuve insistiendo”, relató. El 1 de junio de 2017, Mario hizo la denuncia de este hallazgo ante el agente del Ministerio Público Federal, Antonio Arcos Rodríguez.
Relató en su denuncia que en la cueva había hallado un cráneo, un fémur y un hueso cúbito o radio, pero que no excavó. Tomó fotos y las adjuntó a su denuncia. “Me encuentro en la mejor disposición en caso que así se requiera a acompañar a cualquier autoridad al lugar mencionado” se puede leer en el documento oficial. El 17 de julio de ese año se puso fecha para subir al punto, pero “no quisieron subir porque dijeron que la zona estaba caliente”, relató Vergara en entrevista.
“No se hizo la diligencia. Un mes después se lo comuniqué al comisionado nacional de búsqueda, Roberto Cabrera, pero hasta el día de hoy no se sí hicieron la diligencia. Cuando subimos con la brigada, ya no estaban el cráneo y el fémur que yo había encontrado”
Esa subida a levantar los restos que Vergara Hernández había hallado fue otro momento de roce entre la institución y las familias durante la brigada nacional en Guerrero: El grupo de diez policías federales que brindaban seguridad a los buscadores se negó a subir con ellos al cerro dónde se debía hacer la diligencia. Subieron solas las familias con dos peritos, que procesaron la escena.
Cuando la brigada ya iba de bajada, vieron que había un grupo de hombres armados en el cerro de enfrente. Quedaron inmóviles hasta que escucharon ¡Auxilio Mario! ¡Auxilio! Eran los federales que se habían perdido, por no querer acompañar al grupo.
El descenso se retrasó una hora hasta que los uniformados encontraron el camino, siguiendo indicaciones a los gritos. Cuando por fin lo hicieron, a mitad del cerro (porque lo federales nunca llegaron al punto del hallazgo) uno de los oficiales venía insolado, por lo que Vergara Hernández cargó sus florituras cerro abajo para que pudiera descender.
Dos días después, cambió el grupo de peritos de la Fiscalía General de la República que debe procesar los hallazgos de los familiares. Sin embargo, se negaron a hacerlo en dos oportunidades, argumentando que no tenían permiso de los dueños de los terrenos ni órdenes de cateo para meter las manos en la tierra.
El sábado 26, la brigada decidió regresar a escarbar en un paraje llamado “el maizal” en las faldas del cerro Gordo de Iguala, dónde las familias ya habían hecho hallazgos años atrás.
Luego de una media hora de caminata, divididos en cuatro grupos de exploración, hallaron una especie de punto de vigilancia dónde había una metralleta escondida en una bolsa negra de nylon. La perito se negó a procesarla, argumentando que no tenía permiso y luego, que el arma no tenía que ver con las búsquedas de los familiares.
Ante la insistencia, la situación se resolvió porque uno de los brigadistas hiciera el procesamiento del hallazgo para entregar el arma a los peritos, cuando habían salido al camino y ya no estaban “en propiedad privada”.
Ese modus operandi se repitió dos días después, el lunes 29, cuando la brigada halló cinco fosas clandestinas en la colonia las Terrazas, de Chilpancingo. Fueron nuevamente las familias de la brigada las que hicieron el procesamiento de los restos humanos ante la negativa de la funcionaria federal a hacer su trabajo.
A las 9 de la noche, después de haber observado de costado cómo la gente trabajaba, los peritos decidieron ponerse a hacer lo propio. La brigada se retiró sin seguridad, porque toda la vigilancia policial se quedó con el grupo pericial. Esa noche, hubo cinco balaceras en distintos puntos de Chilpancingo.
Al día siguiente, los peritos avisaron a los brigadistas (cuando ya estaban listos para salir a las 7:30 de la mañana) que no los acompañarían hasta la tarde, porque se habían desvelado y estaban cansados.
Para cuando el Subsecretario de derechos humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, llegó a acompañar a la brigada el miércoles 30 de enero, tras diez jornadas de búsqueda, el equipo pericial ya había sido cambiado y todo funcionó a la perfección. Encinas se puso una camiseta de la brigada y se hizo fotografiar por la prensa blandiendo un pico, como si él también hubiese sido parte de los hallazgos de ese día: dos puntos positivos más en las afueras de Tetelilla, un pueblito del municipio Tepecoacuilco de Trujano.
La brigada entregó a Encinas un documento con trece puntos para guiar el trabajo de la autoridad, buscando evitar que los tesoros hallados queden encajonados en las cifras frías de las estadísticas.

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