SEGUNDA PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Desacredita y vulnera Gobierno
seguridad y justicia comunitaria

Javier Francisco Reyes.-Una respuesta de los pueblos ante el fracaso del sistema de seguridad y justicia del Estado, que nos ha discriminado y violentado nuestros derechos, surgimos como un modelo alternativo el sistema de seguridad y justicia comunitaria, sin embargo las autoridades del estado se han empeñado en desacreditar y vulnerarlos.
Mediante comunicado de prensa remitido a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, el Centro de Derechos Humanos Tlachinolla de la montaña, explica que es en defen

sa de los derechos  como pueblo y de una ley que proteja su sistema de seguridad y justicia comunitaria con la Policía Comunitaria.
Las cinco Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Ziltlatepec, El Paraíso y las Juntas – Caxitepec, refrendamos nuestro compromiso con los pueblos y comunidades Na’savi, Me’phaa, Nauas, Ñonmdaa y Afromexicanas del estado de Guerrero, para ser un baluarte de nuestros sistemas normativos internos, donde se fundamenta el modelo exitoso de la Policía Comunitaria, que forma parte del patrimonio intangible de la nación.
Hace 25 años en la comunidad Me’phaa de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, en el marco de una asamblea regional se creó la Policía Comunitaria de la Costa Montaña.
Explican que fue una respuesta de los pueblos ante el fracaso del sistema de seguridad y justicia del estado, que nos ha discriminado y violentado nuestros derechos.
Destacaron “Surgimos como un modelo alternativo que se sustenta en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la misma Carta Magna de nuestro país. A pesar de este marco legal que nos protege, las autoridades del estado se han empeñado en desacreditar y vulnerar nuestro sistema comunitario.
A lo largo de estos años, varias autoridades y Policías Comunitarias perdieron la vida y fueron encarceladas por cumplir con el mandato de la asamblea regional.
Destacaron que los mismos jueces se han empeñado en criminalizar nuestros sistemas normativos y han girado órdenes de aprehensión contra varios coordinadores, consejeros, comandantes y policías comunitarios.
Denunciaron que los ministerios públicos han asumido una postura persecutoria contra quienes se encargan de investigar los delitos y de garantizar seguridad.
Recordaron que la legislatura pasada cerró filas con el ejecutivo estatal para desconocer en la constitución del estado y en la ley 701, a nuestro sistema de justicia y seguridad comunitarias.
Reiteraron que en esta ley se abrogó todo el capítulo de la justicia indígena, desconociendo las facultades de la CRAC-PC, para realizar tareas de seguridad, justicia y reinserción social.
En el último año se han suscitado hechos violentos contra algunas autoridades, resaltando el caso del coordinador Julián Cortés Flores, asesinado el 13 de abril de 2019 afuera de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, por personajes vinculados con la delincuencia organizada.
También existen  varias amenazas de muerte contra consejeros y coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso. En las últimas semanas, se ha publicado información para desprestigiar el trabajo que realizamos como coordinadores y coordinadoras de las cinco Casas de Justica, desvirtuando nuestro trabajo.
Ante la crisis de seguridad y el clima de violencia que prevalece en el estado de Guerrero, han proliferado grupos de autodefensa que han privilegiado el uso de las armas, sin ningún respaldo de las asambleas comunitarias y regionales, autodenominándose Policías Comunitarias.
Ante la expansión de las organizaciones delincuenciales y la ausencia de los cuerpos de seguridad, agravada por la debilidad de las instituciones encargadas de investigar los delitos y garantizar el orden público, en algunas regiones han aprovechado estos vacíos para utilizar el nombre de la Policía Comunitaria, con el fin de encubrir acciones al margen de la ley y utilizar las armas para causar terror entre la población.
En este rio revuelto se ha tratado de manchar la imagen del modelo exitoso de la CRAC- PC. Con la llegada de un gobierno progresista, se ha conformado una nueva configuración política en nuestro país.
Por lo mismo, las luchas de los pueblos estamos ante una oportunidad histórica para impulsar transformaciones sociales y políticas, que puedan ser plasmadas dentro de nuestro marco constitucional.
Insistieron que a nivel estatal el movimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos ha logrado conquistas históricas, que lamentablemente no sido conculcadas por los mismos grupos políticos.
Por ello, como CRAC-PC, queremos impulsar una iniciativa de reforma constitucional integral, no solo en el rubro de seguridad y justicia, sino en otros ámbitos de nuestra vida comunitaria como la tierra y el territorio, el autogobierno, el acceso a la salud, educación intercultural, medios de comunicación y la preservación de nuestro patrimonio cultural.
Por lo anterior, fuimos participes junto con la Comisión de Asuntos Indígenas de la XLII legislatura de la organización de parlamentos abiertos y diez foros de consulta con una amplia participación de las comunidades indígenas y afromexicanas del estado, cuyo resultado fue la elaboración de una iniciativa de ley sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, que actualmente fue presentada en el Congreso del Estado.
Como CRAC-PC, exigimos a los diputadas y diputados saldar la deuda histórica que tienen con los pueblos indígenas y afromexicano y aprobarla lo más pronto posible.
La tarea no es menor, tenemos que luchar por nuestros derechos y pelear porque se nos reconozca como sujetos de derecho, que arranque de raíz la discriminación y la exclusión social.
Hay un gran desafío para mantenernos unidos en medio de nuestras diferencias, reclamar derechos en lugar de recibir dadivas y lograr las conquistas históricas para construir en nuestro estado una sociedad plural, diversa, incluyente e igualitaria.
Hicieron un llamado a todos nuestros hermanos y hermanas para impulsar decididamente la reforma por el reconocimiento de nuestros derechos. Para ello, es imprescindible avanzar de manera cohesionada en este proceso.  Es esta coyuntura política es propicio que logremos una de las más altas aspiraciones.
Emplazaron a las mismas autoridades estatales y municipales para que abracen esta causa, así como lo han hecho las autoridades municipales de Malinaltepec, quienes nos han acompañado en este proceso, interponiendo una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por su compromiso con la CRAC-PC también han enfrentado campañas de desprestigio con el fin de debilitar esta coordinación de esfuerzos. A ejemplo de Malinaltepec, pedimos a los presidentes municipales que se encuentran dentro de los territorios comunitarios que se integren a esta lucha y sean dignos representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero.