Los agravios de Zeferino
Edilberto Nava García
Uno se pregunta si con la partida de Carlos Zeferino Torreblanca Galindo desaparece esa horrenda práctica de fabricar culpables para que no estorben en política. Son usos extralegales de los gobernantes y poco les importa si afectan en forma por demás injusta a inocentes, a personas honradas y con ascendencia en la sociedad. Zeferino en esto fue muy práctico.
Para probar mi dicho, quizá baste un botón. Hace exactamente dos años, en Mártir de Cuilapan un grupo ciudadano se mantenía frente al palacio municipal en exigencia de diálogo con la presidenta municipal. Al registrarse irregularidades en la toma de posesión y no haberse llevado a cabo la entrega-recepción, la comuna no ocupó el inmueble donde normalmente despacha el ayuntamiento apanguense. Por la vía legal e institucional los inconformes realizaban trámites ante la cámara local de diputados y en el poder ejecutivo, específicamente en la secretaría general de gobierno.
Los diputados locales sólo daban respuestas políticas y una sola ocasión acudió la alcaldesa al recinto legislativo, donde frente a dos o tres diputados, entre ellos, Efraín Ramos Ramírez, del Partido Convergencia, los inconformes desmintieron y exhibieron a la presidenta municipal como un ente desprovisto y pobre de los conocimientos propios del encargo.
Cierto, en el movimiento ciudadano plantado frente a palacio municipal había varios ex presidentes municipales, pero sobre todo dos. El derrumbe de la presidenta era evidente si Armando Chavaría Barrera (hoy muerto) y Héctor Vicario Castrejón decidían el asunto. A Efraín Ramos Ramírez no le quedó más que acudir con el gobernador, por lo que inventaron delitos de motín, ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte y sedición.
Y ya la sociedad sabe que el gobierno y sus órganos impartidores de justicia son inoperantes, incapaces o remisos para agarrar a gallones asesinos, asaltantes y narcotraficantes, pero para apresar a indefensos ciudadanos que reclaman sus derechos, son tan buenos que no pocas veces se exceden en abusos y arbitrariedades. Pues bien, para el caso, el ayuntamiento supuestamente agraviado, procedió a presentar la demanda formal, previa entrega de una lanota en averiguaciones previas de la procuraduría. Como es bien sabido, el ministerio público niega información, pese a que es una entidad pública.
El caso es que sorpresivamente, por la noche y en pleno plantón ciudadano, detuvieron a los dirigentes, quienes fueron conducidos a la capital del estado. Eran aproximadamente los doce de la noche, cuando la comuna apanguense estaba en la procuraduría, pues los funcionarios, previo pago o mochada, mostraron su eficiencia a la presidenta municipal.
Entrada la madrugada fueron puestos en el reclusorio de Tixtla, donde el juez Roberto Juárez Adame, en contubernio con la procuraduría y la presidenta municipal de Apango, negó la liberación de los detenidos mediante caución, sino hasta que la comuna desalojara a golpes al resto de ciudadanos que, sin dirigentes ya, optaron por la paz, pues había algunas señoras con niños en brazos y señoras de la tercera edad.
Tras el desalojo, el juez Roberto Juárez Adame mostró disposición para dar a conocer el monto de la caución. Casi treinta y tres mil pesos, por falsos delitos o faltas inexistentes. Los familiares de los detenidos tuvieron que conseguir dinero para los coyotes abogados y la caución, pero quedando sujetos a proceso.
Todo un embrollo legaloide estilizado. El procurador de justicia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia sabían que no había delito que perseguir pero que era una instrucción verbal –no escrita- de Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, a quien deben obediencia y lo más fácil es torcer la ley y fabricar culpables. Transcurrieron meses de ir y venir. Gastos y más gastos, .suspensión de derechos ciudadanos injustamente, negación de empleos a causa de la carta de “si antecedentes penales”, etcétera.
En su defensa, los procesados siguieron distintos senderos, pero todos a su tiempo resultaron absueltos en segunda instancia y el juez Roberto Juárez Adame hubo de obedecer. Él sabía que este asunto político lo hicieron jurídico para permitir que la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan despachara desde el palacio municipal, para hurtar los caudales públicos, actividad que realiza aún.
Con el paso del tiempo, el secretario de gobierno Guillermo Ramírez Ramos, colgó los tenis; el procurador, Eduardo Murrueta Urrutia cesó en su ineficaz función y algunos judiciales han sido ejecutados. Ni modos. Así es la vida. El refrán de consuelo reza: lo que siembra se cosecha.
Torreblanca Galindo se estrena en eso de cosechar. Cosecha en dinero, pero también en odios bien ganados, porque afectó a mucha gente y benefició a muy pocos. Carlos Zeferino deja pues, a mucha gente agraviada. Y no es cuestión de conciencia ni de principios, porque es bastante claro que Torreblanca Galindo es un ente sin conciencia, sin principios, sin valores.
Pero nuestro marco legal mantiene la inmunidad del gobernador, no así de los jueces, magistrados y demás funcionarios públicos. Varios jueces aún están en jabón, porque todo cambio genera cambios. Los hay que no sólo merecen el retiro de la función pública, sino la cárcel y en el peor de los casos, es que los que sí son malosos les tienen contado el tiempo de existencia.
En Apango resurgen los bríos contra la alcaldesa corrupta, pero los dirigentes que habían sido encarcelados a causa de sus mentiras y al contubernio de otras autoridades, están por proceder contra el Juez Roberto Juárez Adame.
En otro tiempo un puerco juez pudo ser retirado del servicio público gracias a la pujanza de un apangueño. En el cambio de estafeta puede haber muchas sorpresas.
