Sacados 3 del "Bar Bar" tirados al río Huacapa

Pues bueno, en este mundo de irregularidades, el pueblo se escama en el tema de la credibilidad hacia el sector político, un asunto que en esta ocasión debe mencionarse, así, a lo pronto, el caso de la magistrada Adela Román, a quien se le acusa de querer liberar al violador de una niña, un acto contrario a toda naturaleza. Ya se ha manejado en encuestadoras como Parametría, quien de acuerdo a sus números recogidos de hace unos meses, el político estaba por debajo de la confianza que la ciudadanía le tiene a los políticos, y eso, en verdad, es preocupante, pues en ese mismo nivel se les tiene colgado desde hace

 tiempo, y no se han querido bajar y mucho menos se les ha visto disposición a los actores políticos. Pero bueno, el caso sonado de ayer con la niña presuntamente violada, sí deja un sabor amargo, pues quien intenta liberar al acusado, es una mujer, y alguien podría llamarla hasta temerariamente antifeminista. De acuerdo a los datos, la mamá de la víctima, el agresor, Fidel Robles, de 29 años de edad, es ahijado de Martha Obeso Cázares, viuda del ex diputado Armando Chavarría Barrera, mujer quien intervino ante la funcionaria judicial para favorecerlo. Esa intervención pesa, hay que recordar los desgarriates que ha hecho con la comparsa de diputados locales sobre todo del PRD, por la muerte de su esposo, en lo que se ha exigido justicia, y sus lloros y lamentos intestinos… no hay congruencia simplemente, y qué lamentable resulta enterarse de eso. El asunto de la niña violada se enredó con la mano negra, pues la magistrada Adela Román Miranda, ordenó la «reposición del procedimiento judicial» que se le siguió al violador de su hija, que es el intendente de la estancia infantil Benita Galena, Fidel Robles Jiménez, con la intención de ponerlo libre. Ello, a pesar de que el juzgado ya lo sentenció a 13 años y dos meses de prisión, así como una reparación del daño de 10 mil pesos. Una sanción que se podría saltar, gracias a esta magistrada y sus actos corruptos. No se puede concebir, pues, un mundo apegado a derecho, si los primeros en violar la intención, son los mismos magistrados, apuntalados por las autoridades políticas. La violación de la niña, de la estancia infantil Benita Galeana, ocurrió el 14 de junio del año pasado, ataque cometido por el intendente, Robles Jiménez, y todo se dio en un proceso de la grosería, primero sufrió el hostigamiento y la represión de la directora Lucía Lorenzo Díaz, y a la madre de la víctima, la trató como si ella fuera la delincuente. En un acto del disparate y la obnubilación neuronal. Ya se encontró culpable a Fidel Robles, se le sentenció, pero ahora, gracias a esa corrupción de la que todos los políticos se espantan, y se desgarran las ropas y además dicen combatir, pero pocos o quizá nadie, busca erradicarla, puede quedar liberado, en un acto realmente de la vergüenza, pero bueno, la madre de familia cuando menos dijo que encontró el apoyo de la entonces fiscal especial en Delitos Sexuales, Dominga Chávez. Y sin embargo, esto se enreda gracias a que Adela Román, se enlaza y se presta a ese cochinero que a estas alturas del siglo XXI, ya no debería existir, allí entonces la intervención de las feministas, o esos políticos, de menos, que realmente creen en la justicia, si es que los hay, para darle la vuelta justa a este caso tan oprobioso.