PRIMERA PLANA

Piden se nombre a los

3 ministros de la SCJN  

Por lo menos unas 200 organizaciones demandan al Senado de la República apruebe a la nueva terna, ya que en días rechazaron la primera, a fin de completar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y con ello contribuya a consolidar la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Mediante un comunicado de prensa hecho llegar la tarde de hoy a la redacción de La Crónica, vespertino de Chilpancingo, los firmantes destacan que consideran que deberán presentarse nuevas candidaturas, se abra la posibilidad de que sean elegidos y elegidas juristas cuya perspectiva sobre el derecho y la justicia.

Esto, luego de que la semana pasada rechazaran la terna propuesta al Senado de la República por el Poder Ejecutivo, y consideran que prevalece entre las y los integrantes de las ternas de Felipe Calderón Hinojosa limitada visión sobre los alcances de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Sostienen que como organismos avocados cotidianamente a la defensa de los derechos humanos, hemos seguido con atención el proceso de selección nuevos ministros y ministras del Máximo Tribunal, debido a que su integración es determinante para el avance de los derechos humanos en México. Máxime en virtud de que el ordenamiento jurídico mexicano se encuentra en medio de una profunda transformación.

Añaden, en este sentido, celebramos que la Comisión de Justicia haya solicitado la comparecencia pública de las y los candidatos para hacer un escrutinio de sus criterios, y exhortamos a que este proceso se reitere y profundice una vez que se presenten las nuevas ternas.

Asimismo, destacan que el rechazo a las ternas presentadas por Calderón Hinojosa abre la posibilidad para que sean puestas a consideración del Senado candidaturas que incluyan a profesionistas íntegros y comprometidos con el avance de los derechos humanos, capaces de manifestar en sus comparecencias una comprensión cabal del impacto que tienen en el orden jurídico mexicano las recientes reformas constitucionales.

Plantean que una cabal comprensión de la reforma en materia de derechos humanos y reconozcan la importancia de dos pautas hermenéuticas esenciales: por un lado, el principio de interpretación conforme, según el cual el contenido de dichos preceptos debe establecerse de manera armónica con la Constitución y con la exégesis autorizada de los tratados que los enuncien; por otro lado, el principio pro persona, en virtud del cual las autoridades deben optar siempre por aquella interpretación que más favorezca a las personas, tratándose de derechos humanos.

A este respecto, las comparecencias realizadas ante la Comisión de Justicia demostraron que dicha comprensión aun genera reticencias en los operadores jurídicos, especialmente entre quienes provienen del medio judicial.

 Así por ejemplo, sólo una de las candidatas -Magistrada Emma Meza Fonseca- se refirió a la existencia de un bloque de constitucionalidad conformado por los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales, mientras que el resto de candidatas y candidatos sostuvieron posiciones tradicionalistas y ambiguas sobre éste y otros temas torales, que de prevalecer en nuestro incipiente Tribunal Constitucional podrían desdibujar la relevancia de las reformas recientes. 

Por ejemplo, las y los candidatos sostuvieron, entre otras cuestiones, que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) tienen mero carácter orientador para México en los casos donde el Estado no fue parte (Magistrado Pablo Vicente Monroy); que el principio pro persona puede contradecir al principio de legalidad (Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán); que el control de constitucionalidad ya es parte de las labores cotidianas de los órganos jurisdiccionales (Magistrado Manuel Baráibar Constantino); y que el arraigo es una medida adecuada dadas las condiciones del país (Magistrada Rosa María Temblador Vidrio).

Como surge de estos posicionamientos, es claro que el predominio en las ternas de perfiles relacionados con la carrera judicial podría repercutir en que la elección de las y los nuevos integrantes de la SCJN recaiga en profesionistas de probada capacidad técnica pero de limitada visión sobre el papel que está llamado a desempeñar ese Tribunal en la concreción de las recientes reformas constitucionales, complacientes frente a los rezagos que aún hoy alejan a la judicatura de la población, especialmente de los sectores más marginados.

En esa medida, la presentación de nuevas ternas abre la posibilidad de que en éstas se incluyan perfiles externos al Poder Judicial de la Federación, más proclives a desarrollar interpretaciones novedosas que potencien el contenido de la reforma constitucional en materia de derechos humanos con perspectiva de género. Esto, desde luego, sin que se deje de garantizar paridad de género en la conformación de las ternas, a efecto de revertir el desbalance que en este rubro presenta y ha presentado históricamente el Pleno del Máximo Tribunal.

Ante ello, los organismos de la sociedad civil firmantes llamamos a que en el proceso de designación de las y los nuevos integrantes de la SCJN se garantice una deliberación amplia y transparente, donde se ponga como interés superior el fortalecimiento de nuestro Máximo Tribunal con la incorporación de juristas comprometidos con el avance de los derechos humanos en el país. Por ende, exhortamos al Senado a no afectar dicha discusión con consideraciones relacionadas con la alternancia en el Poder Ejecutivo.