COLUMNA

Los vicios son del gobierno 

Apolinar Castrejón Marino

Es una burla atroz que en México tengamos una ley de Servicio Profesional de Carrera, pues debería servir para atraer a los mejores hombres y mujeres a ocupar un puesto en el organigrama del gobierno, con el fin de fomentar la eficiencia y oportunidad de la gestión pública, y mejorar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

En la realidad monda y lironda, los puestos del gobierno son para los familiares y amistades de los gobernantes, a razón de 96 %. Según versión del estudioso e investigador Mauricio Merino, solo 4 de cada 100 funcionarios del gobierno están en su puesto por méritos profesionales, y de esos, solo 2 se desempeñan en puestos que tienen algo que ver con lo que estudiaron.

Y según la investigadora de El Universal, Natalia Gómez Quintero hay 30 mil funcionarios públicos sin educación básica, de los cuales 12 mil no tienen ni primaria, y 160 de plano son analfabetas. En Oaxaca por ejemplo, hay 3 alcaldes que no saben leer ni escribir.

La ley no obliga a los funcionarios a estudiar pero, ¿Cómo podemos esperar que se cumplan las leyes si los alcaldes no conocen la Constitución ni los Códigos, porque no saben leer?

En el Estado de Guerrero, los porcentajes de funcionarios impuestos por razones de parentesco, de amiguismo y de compadrazgo, alcanzan el 99 %. Sectores muy importantes para la entidad como el agropecuario, turismo y salud se encuentran en fase de “Stand By” porque los “jefes” desde el de más arriba hasta el de más abajo, solo saben hablar de futbol, de “shopping” y de “grilla”. 

El medio educativo, cultural y medio ambiente es el que permite al gobierno colocar a más inútiles y zánganos sin perfil académico. Hermanos, sobrinos y cuñados se pegan como garrapatas a los presidentes municipales, gobernadores y diputetes para que los coloquen “en donde sea”, y si se puede “de aviadores” mejor. A más de configurar el feo delito de nepotismo, la “productividad” de una dependencia se va por el caño del desagüe.

Compadres, compañeros de estudios y vecinos del barrio también consiguen acomodo, al fin que “En el paraíso cabe un millón de burócratas”. Las razones económicas también valen mucho para encaramarse a la estructura gubernamental: una plaza de director de tránsito en el medio rural llega a cotizarse en un millón de pesos, una dirección de catastro, dos millones, y una de comercio solo medio millón.

Todos sabemos que una plaza de maestro se valora en 300 mil pesos. Una supervisora de preescolar debe desembolsar un millón de pesos para conseguir su “nombramiento”, pero luego los recupera “mochándoles” a las educadoras de “su Zona”, módicas cantidades por cualquier cambio de jardín, permisos y “justificación” de faltas.

Los maestros y maestras en general que tienen doble plaza (y solo cubren una), que tienen horario compactado (solo trabajan 2 horas extra para cobrar otra plaza) y horario ampliado con un sola plaza, cobran 2) “se reportan” quincenalmente con un retratito de Don Miguel Hidalgo con su supervisor.

¿En dónde está el Sistema del Servicio Profesional de Carrera”? ¿A qué horas el gobierno atrae a los mejores hombres y mujeres ofreciéndoles la posibilidad de desarrollar una carrera en el servicio público? ¿En qué gobierno se ingresa y asciende con base en el mérito profesional? ¿Dónde podemos los ciudadanos aportar nuestra creatividad y profesionalismo para beneficio de la sociedad?

Porque para donde quiera que volteemos, vemos directores, coordinadores y delegados que no rebuznan porque no se saben la tonada. Mientras el gobierno no sanee estos vicios, los ciudadanos no tenemos por qué creer que la Reforma Educativa es algo serio.