NOTA

Cierre y perdidas de

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Cierre de cientos de negocios, despidos de trabajadores y pérdidas económicas en empresas por más de mil 500 millones de pesos han ocasionado las constantes marchas, protestas y movilizaciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), según Francisco Javier Osorio Flores, presidente del Colectivo “Levantemos Chilpancingo”.

El representante de esta organización destacó: “Esta situación no solamente daña y afecta a un sector de la sociedad sino que golpea a todos, a los empresarios, a los transportistas, genera despidos, repudio de la sociedad, congestionamientos viales, lo que en general a toda la población de Guerrero, por lo que con estas acciones del magisterio disidente, la ciudad entra en una total parálisis, tanto social como económica”, advirtió.

Sostuvo que es evidente la falta de capacidad por parte de las autoridades del Gobierno del Estado para entablar un diálogo o una mesa de negociación para tratar de resolver los distintos conflictos, muy en especial este que se tiene con los profesores de la CETEG donde los maestros están en contra de la aplicación de la Reforma Educativa y el examen de evaluación.

“El problema, en esencia, viene de un conflicto entre dos partes que son el magisterio de Guerrero y el Gobierno Federal, por haber decretado una Ley que hasta cierto punto el magisterio se ve afectado”, reconoció.  

Dijo que “lo más grave es que no se contempla la posibilidad de injertarle algunas adecuaciones que beneficien a los profesores de Guerrero, por lo que nosotros como representantes de la sociedad civil, lo que percibimos es que no hay ni la mínima voluntad de ninguna de los dos partes de acercarse a iniciar un diálogo que pudiera construir el camino para un acuerdo que los dejara satisfechos”.

Consideró que no se trata de que, “así nada más porque sí”, se les aplique la Ley a los profesores de la CETEG, sino mejor, realizar un análisis profundo de la situación “porque alguien debe tener la razón”. 

Expuso que lo urgente es establecer un diálogo entre ambas partes y sería muy importante tener a una tercera que concilie entre las autoridades del Gobierno del Estado y los maestros del disidentes, una especie de testigo que podría ser la misma sociedad o el representante de la Comisión de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno. (API).