PRIMERA PLANA

 Termina la tala tolerada el
ecosistema de Chichihualco

Jesús García.--En el municipio de Leonardo Bravo (Chichiualco), al menos 500 hectáreas de bosque han sido taladas por aserraderos privados, lo que ha afectado gravemente los mantos acuíferos principalmente. Ante este problema, las autoridades municipales, estatales y federales se han visto complacientes.

Pobladores de esa cabecera municipal enclavada en la Sierra baja de Guerrero, exhibieron una vez más la tala clandestina y tolerada, que está dañando gravemente el ecosistema de esa zona.
Los vecinos que pidieron mantenerse bajo el beneficio del anonimato por temor a represalias, denuncian que el propio Ayuntamiento por gestión de un grupo de ejidatarios, autoridades estatales y federales, otorgaron un permiso de tala por al menos 10 años consecutivos a partir de 2011.
No obstante, acusaron que los taladores continúan deforestando áreas que cuentas con árboles de otros grosor y especies que no fueron contemplados en la autorización de corte.
Refieren que el presidente municipal de Chichihualco, Alfredo Alarcón Rodríguez y el comisariado ejidal Enrique Pérez, actúan en contubernio con la empresa taladora, que está ocasionando un grave impacto ambiental a predios conocidos como “Las Gallinitas” y “Agua de Tablas”, zonas no autorizadas para deforestar.
Además revelaron que Alarcón Rodríguez ha permitido que los taladores lleven gente armada para intimidar a quien busque impedirlo, y así asegurar la madera de ocote, oyamel y encino sin realizar ningún programa de reforestación.
Asimismo, los pobladores relatan que cuando se originan incendios en la zona, son obligados a sofocarlos sin recibir ningún curso en prevención y tratamiento de incendios.
Manifestaron que hasta el momento le regiduría municipal de ecología ha hecho caso omiso a los reclamos y a la búsqueda de audiencias, que son rebotadas desde la presidencia de Chichihualco en detrimento de los ejidatarios.
Los denunciantes hicieron un llamado a las autoridades de Semaren (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), Propeg (Procuraduría de Protección Ecológica) y la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), quienes no han respondido a las quejas de los ejidatarios inconformes, a pesar de que estén desapareciendo especies endémicas de la región. (API).