𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗱𝗲 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝘆 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗮𝗹 𝗣𝗝

Fernando Hinterholzer Diestel

Los informes presidenciales siempre me han causado indignación. Ver y escuchar la forma en la que los jefes del poder ejecutivo manejan las estadísticas a modo, para que les funcionen su narrativa ominosa es la verdad un ejercicio inútil y deplorable. El domingo 1 de septiembre fue el último informe formal del presidente López Obrador. Y más allá del tono enardecido parecido a un mitin político, el tabasqueño presentó decenas de cifras para ilustrar con sus propios colores su gestión. Algunos datos son verificables, otros difíciles de corroborar y algunos más magnificados o minimizados en función de su discurso y su público. Fue un patético rosario de mentiras, quizá el discurso más cínico de su sexenio, con el respaldo de la multitud que aprobó a mano alzada la reforma al Poder Judicial. El jefe del ejecutivo no le hablo a los ciento treinta millones mexicanos, tal como sucedió en los seis años de su mandato, el líder máximo de la 4T, se dirigió solo a los simpatizantes que lo engrandecían, alababan y vitoreaban en la plaza del Zócalo capitalino, el informe que más que un acto republicano, fue una concentración política de los que se ensoberbecen y autonombran como “la mayoría del pueblo”. Un presidente al que, nunca le preocupo la seguridad, la salud, la educación, la cultura y el crecimiento económico de los mexicanos,  y  lo que siempre lo ocupó más bien y a lo que dedicó durante seis años, gastando su energía y el dinero de los contribuyentes fue a que la 4T, sus candidatas y candidatos, ganaran elecciones y posiciones de poder, con el único objetivo de consolidar y entronizar a su movimiento político en el poder, con el objetivo de comenzar un nuevo régimen de partido hegemónico y con poder absoluto, como aquel viejo PRI de los años ochenta, donde el Macuspano empezó a hacer política .

He aquí una resumida numeralia de sus fracasos durante los 6 años de gobierno: “30 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a servicios de salud por la desaparición del Seguro Popular y el fracaso del Insabi; durante 4 años hubo desabasto de medicinas; durante la pandemia murieron 800 mil mexicanos por el mal manejo del gobierno; este fue el sexenio con más asesinatos de la historia: 25% más que Peña Nieto, 60% más que Calderón; también es el sexenio con el mayor número de personas desaparecidas: más de 120 mil; no aparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa;  en Segalmex fue un desfalco de 15 mil millones de pesos; costo el doble de caro cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco y hacer el AIFA, que dejar que se terminara la obra; la refinería de Dos Bocas costó el doble de lo presupuestado, se va a tardar el doble en estar lista y es hora que no refina un solo barril; el Tren Maya devastó 7 millones de árboles, costó el triple de lo ofrecido; a Pemex le inyectaron 2 billones de pesos y sigue siendo la empresa petrolera más endeudada del mundo, ofrecieron producir 2.6 millones de barriles diarios y se quedó en 1.8 (igual que en 2018)”; se comprometió e insistió en su discurso que no endeudaría más al país, hoy después de 6 años deja una deuda pública que aumento en un 55% y el presupuesto federal 2025 queda prendido de alfileres y con un déficit fiscal de casi 6%.  Por esa razón, lo que ocurrió el primero de septiembre, no fue un informe sobre el estado real que guarda la República, donde la seguridad y la violencia campean en los estados, los sistemas de salud pública están colapsados y hay inconformidad y protestas por sus reformas que pretenden someter y politizar al Poder Judicial y arrasar con cualquier contrapeso y equilibrio al absolutismo presidencial. 

El próximo miércoles se deliberará en la Cámara de Senadores la reforma al poder judicial que será crítica para el desarrollo económico del país por muchos años. La iniciativa presentada por el poder ejecutivo propone un cambio total en el funcionamiento del Poder Judicial que destruirá todos los progresos que se han logrado para la impartición de justicia en el país. Los efectos de esta reforma generaran un contexto de enorme incertidumbre para el país. Desde el extranjero y en México, ha habido distintos señalamientos   sobre el gran peligro de aprobar e implementar esta reforma. Expertos de todas las disciplinas, exfuncionarios públicos, personas juzgadoras que se han formado bajo la carrera judicial, organizaciones civiles, socios comerciales, órganos colegiados internos y externos.

El limbo jurídico que padeceremos en cuanto se apruebe la reforma será brutal. Actualmente, el Poder Judicial maneja miles de casos pendientes de resolver. Además del paro, muchos juzgadores se irán de forma inmediata en cuanto la reforma este aprobada y muchas otras instituciones estarán paralizadas, desde la Suprema Corte hasta el Consejo de la Judicatura. Las elecciones de jueces y magistrados serán en junio del 2025, ignorándose hasta la fecha su costo y su dimensión, y será hasta septiembre de ese año cuando se puedan conformar los nuevos tribunales, juzgados, la nueva Corte. Habría que imaginar lo que costaría tener un sistema judicial inoperante durante un año. La reforma al poder judicial ha logrado un rechazo generalizado en el medio empresarial, en los poderes legislativos, de nuestros principales socios comerciales, comenzando por Estados Unidos y Canadá, y terminando con la Unión Europea y la Corte Internacional de Justicia. Es un absoluto desatino que pone en riesgo los tratados comerciales y las inversiones.  La verdad es que muchas de estas inversiones ya no se harán en nuestro país, y cada vez más están optando por Texas, que, además, cobra menos impuestos que México y, sin duda sin duda, con mayor seguridad. El fenómeno del nearshoring, que debería que estar moviendo la economía mexicana, no se ha convertido en una realidad.

Para los gobiernos de EEUU, Canadá y de Europa la reforma judicial representa simple y llanamente la “politización del sistema judicial mexicano”, lo cual es evidentemente perjudicial para la inversión” ya que representa la posibilidad de que el crimen organizado forme parte del proceso. Sin embargo, México puede cruzar ese límite pasando simplemente de la “la revisión del T-MEC”, a una “renegociación”, en la que, por primera vez, Canadá se va a alinear con EEUU y no con México, advierten los expertos en el tema de EEUU y Canadá. Sin embargo, aumenta peligrosamente la incertidumbre en torno al futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, cuyo reto es avanzar hacia su plena implementación en los próximos dos años. La aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Senado y sus dañinos efectos sobre la certidumbre jurídica, pondrán en duda el compromiso y la seriedad del gobierno mexicano con el cumplimiento del T-MEC. Además, si se agrega la extinción de siete organismos autónomos, el camino hacia la revisión conjunta de seis años del Tratado en 2026 será complicadísimo y lleno de cuestionamientos a México.

ES CUANTO

ADENDDUM: Y la reforma judicial ha terminado por mostrar la verdadera cara de López Obrador en el mundo moderno: se trata de un presidente vengativo, autoritario (bien me lo decía mi amigo tabasqueño Manuel Tellaeche hace 6 años) que quiere destruir la democracia y que va a generar con ello un problema económico en su país. Elegir en las urnas a jueces, magistrados y ministros no garantiza eficiencia, eficacia, probidad y justicia en cada proceso judicial.

#𝘌𝘹𝘪𝘨𝘪𝘳𝘭𝘦𝘊𝘭𝘢𝘶𝘥𝘪𝘢𝘤𝘶𝘮𝘱𝘭𝘢.