𝗔𝘆𝗼𝘁𝘇𝗶𝗻𝗮𝗽𝗮 𝟭𝟭 𝗮ñ𝗼𝘀 𝘆 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼

Fernando Hinterholzer Diestel

Este pasado 26 de septiembre se cumplieron once años de la desaparición de 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, de Tixtla. Gro. Esta tragedia nos ha dejado una herida abierta en la memoria colectiva del país, sin embargo, también ha habido un uso político de caso, por parte de los padres de los estudiantes, quienes se han mantenido en su exigencia de justicia cometiendo desmanes y derribando puertas de instalaciones militares, incendiando camiones y reclamando la entrega de los archivos militares, y rechazando, además, cualquier intento de cerrar el caso.

Muchos mexicanos conocemos perfectamente qué pasó la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, con los jóvenes de la normal de Ayotzinapa. Sabemos la razón por la que fueron secuestrados, quiénes lo hicieron y qué estuvo detrás de esa acción delictiva. Hay muchas pruebas, testimonios, detenidos. Y hay que decirlo con todas sus letras, si el caso Ayotzinapa sigue vigente es porque ha sido manipulado durante 11 años, comenzando por el propio AMLO quien lo usó como estandarte de campaña y luego como instrumento de gobierno, argumentando “un crimen de Estado” y tratando de involucrar en él a militares. Cuando se dio cuenta, que no había manera de demostrarlo, se lo heredo a la administración de Sheinbaum. Mientras tanto, “los que se dicen normalistas de Ayotzinapa” continúan con violentas provocaciones y violencia en la más absoluta impunidad, hace unos días, en Iguala y después, contra el Campo Militar Número 1 en Ciudad de México, buscando solo chantajear al gobierno para obtener prebendas económicas.

La recomendación de la anterior Comisión Nacional Derechos Humanos emitida el 28 de noviembre de 2018, fue producto de la investigación más profunda, completa y objetiva que se haya realizado, hecha por la Oficina Especial para el Caso Iguala, y mostro de forma completa la verdad de lo ocurrido y por vías diferentes llegó a las mismas conclusiones del Ministerio Público Federal reconfirmando que el último destino de los estudiantes fue el “vertedero de Cocula y el río San Juan”. El crimen fue una acción realizada por los sicarios de Guerreros Unidos con el apoyo de autoridades estatales y, municipales, tanto de Iguala, Coyuca y Huitzuco. El asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa no fue un crimen de Estado, fue la consecuencia de la corrupción, la violencia y la impunidad con que actúan las fuerzas del crimen organizado y de su complicidad con autoridades municipales y estatales. Alegar que fue “el Estado” como dijo AMLO, es una manera de admitirse como cómplice de los criminales, brindarles una coartada para quedar impunes y alejar, cada día más, la posibilidad de hacer justicia.

Lamentablemente, cuando no se aceptan los hechos comprobados sobre lo realmente sucedido y se continúa creyendo a “las especulaciones y teorías de la conspiración”, lo único que se logra es que la herencia siga siendo una tragedia que nunca podrá tener un cierre, una salida, política, social y humana. Ha habido informes oficiales y se ha anulado la llamada verdad histórica del gobierno de Peña Nieto. También se hicieron a un lado las investigaciones periodísticas y de la DEA “que señalan que, en aquella noche, los normalistas secuestraron un quinto autobús que llevaba un cargamento de heroína con destino a EU y la orden que dio el exalcalde de Iguala a sus policías para detener a los jóvenes y entregarlos a los Guerreros Unidos”. Se comprobó que los estudiantes fueron confundidos con miembros de un grupo rival que intentaba robarles la droga.

Por presión de los padres y familiares, en 2019, López Obrador, anunció que se investigaría el caso “desde cero”. Tres años después, en 2022, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, a cargo de Alejandro Encinas concluyó otra estúpida e inverosímil verdad histórica, que se trató de un “crimen de Estado” en el que participaron miembros del Ejercito mexicano y de autoridades locales de distintos niveles. No obstante, hasta ahora no se han presentado pruebas contundentes que acrediten la responsabilidad directa del Ejército. Es más, la Secretaría de la Defensa ha permitido revisiones en sus instalaciones, la apertura de archivos y los procesos judiciales en contra de 14 militares, entre ellos dos generales, todos pertenecientes a los Batallones 27 y 41 de Infantería. No obstante, el 21 de enero de 2024, ocho soldados obtuvieron libertad por falta de pruebas. Con la nueva verdad de Encinas versión 4T, la Fiscalía General de la República, lejos de aclarar el caso, lo enredó más. Liberó a decenas de acusados probos, y se detuvo a otros implicados, como la expresidenta del TSJ de Guerrero, Galeana Marín, “por ordenar la destrucción de videos del Palacio de Justicia de Iguala”. Pero el hecho más relevante, a 11 años del crimen, es que las posibilidades de encontrar con vida a los normalistas son nulas, pero cada aniversario es aprovechado por los padres de los normalistas, que han usado el caso como un modus vivendi.

Con este crimen, México debió haber aprendido la muy triste lección. Tendría que haber sido el motivo para implementar los protocolos necesarios a fin de evitar que nunca más nadie fuere sustraído en México sin dejar rastro. Pero eso no sucedió sino todo lo contrario. Desde aquel año, las desapariciones en México no han dejado de crecer. “En 2014, se produjeron 4 mil 500 a nivel nacional, de acuerdo con cifras del Registro Nacional en la materia; el año pasado fueron tres veces más. Durante el gobierno de López Obrador, las desapariciones pasaron de 24.1 en promedio al día en 2019, a 36.7 en 2024. En lo que va de este año, la tasa ya rebasó los 40”. Pese a la magnitud de esta tragedia, en el primer informe de gobierno de Sheinbaum no hubo mención alguna sobre este tema. Actualmente, septiembre los casos llegan a 10 mil 956 en lo que va de 2025 y a 14 mil 408 en lo que va del periodo presidencial. Es decir, 40 nuevos casos cada día que pasa. El gobierno atendió momentáneamente este problema hace unos meses, con motivo del escándalo nacional que se dio en torno del descubrimiento del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

“El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ofrece una cifra que estremece: 132,605 personas permanecen ausentes en México, en un periodo que abarca de diciembre de 1952 al 17 de agosto de 2025. El registro oficial también da cuenta de 240,340 personas que fueron localizadas, de las cuales 19,236 fueron halladas sin vida”. 𝘌𝘚 𝘊𝘜𝘈𝘕𝘛𝘖

𝘼𝘿𝙀𝙉𝘿𝘿𝙐𝙈:Por cierto, los colectivos de Madres de desaparecidos en México se preguntan por qué cuando se trata de jóvenes colombianos o extranjeros el gobierno federal sí actúa rápido y ofrece ayuda a otros gobiernos para encontrarlos, y cuando los desaparecidos son jóvenes mexicanos, entonces no hay ni ayuda ni compasión del gobierno. El gobierno de la 4T no solamente destruye al país, paso a paso, también extermina a nuestra juventud por sus graves omisiones.

#𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘔𝘢𝘭𝘺𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘈𝘪𝘳𝘗𝘦𝘰𝘳.