𝗗𝗲𝘀𝗮𝗽𝗮𝗿𝗲𝗰𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼 𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗴𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗶𝗴𝗻𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮

 Fernando Hinterholzer Diestel

Las desapariciones forzadas en México no son un problema del “obradorato”, pero sí lo son el incremento exponencial desde que gobierna Morena, sobre todo el de las desapariciones de mujeres y hombres jóvenes. Así lo confirma, las estadísticas oficiales y los análisis de varias organizaciones de la sociedad civil. Esta situación pone en duda “el cuento” de una Cuarta T que asegura tener como prioridad de sus políticas públicas “velar por los derechos humanos del pueblo”, pero, sobre todo, pone en evidencia los nocivos resultados del fracaso de la política de seguridad pública y ciudadana implementados en el sexenio anterior. A raíz que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) decidió aplicar el Artículo 34 en la materia, “el gobierno mexicano ha negado que la situación sea su responsabilidad” y, además, dice que no comparte el análisis de dicho comité. El Artículo dice: “Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.

La investigación que ha llevado a cabo el CED ha pasado diferentes etapas, en el año 2024 se anunció que activaría el Artículo. El 12 de agosto se presentó un Informe independiente que realizaron expertos, ONG, académicos y colectivos, sobre la situación de desapariciones que prevalece en México. De igual manera, el gobierno mexicano presentó su informe, pero extrañamente solicito que no se hiciera público, o sea que quedara en la oscuridad, lo cual resulta muy extraño. En octubre pasado el CED rindió su Informe ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU. A la fecha no se ha decidido si la activación seguirá adelante o no. La polémica entre el gobierno mexicano y la sociedad civil organizada se orienta a responder lo siguiente: Está México en los parámetros de gravedad que refiere el Artículo 34, o no lo está. Nuestro país tiene un problema de desaparición forzada de carácter “generalizado y sistemático debido a los carteles criminales y la impunidad.

Pero tal parece que, para el gobierno mexicano, son normales 134 mil desparecidos, como también normal el 99% de impunidad. Las estadísticas muestran un problema muy grave. Este fenómeno, como lo señala el documento de la ONU, “excede a la cifra de personas desaparecidas derivada de cualquier situación de violencia política, régimen dictatorial o conflicto armado en la región de América Latina”. El debate es si existe un problema de conformidad, es decir, que “el Estado conocía, tenía razones para conocer o debía conocer la comisión o el riesgo real e inminente de comisión de una desaparición forzada”. Por lo cual corresponde al gobierno mexicano comprobar que no hubo consentimiento, pero lamentablemente como no se conoce qué dice el informe que presentó la 4T, solo queda solo el valor que pueda tener la negación de los hechos, esto es “las palabras del oficialismo”. Las ineficiencias que contiene el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, como errores, falta de precisión, desacuerdos metodológicos, para lo cual se propone consistencia, actualización, acceso. Se informa también de la crisis forense, porque “existen más 72,000 personas fallecidas de las cuales desconocemos sus identidades. La crisis forense, producto de una crisis de desapariciones, es una de las mayores tragedias que vivimos desde que se recrudeció la violencia en 2007”. La otra pieza del horror son las fosas clandestinas, cuyo volumen expresa un ángulo terrible del problema: “Del 1 de enero de 2006 al 30 de septiembre de 2024, se han registrado 3,516 fosas clandestinas reportadas”. 

Durante los primeros 100 días del gobierno anterior, fueron asesinadas 12,866 personas y 2,000 desaparecieron, en promedio, 138 víctimas diarias. En la actual administración, el panorama es aún más alarmante. Según los datos oficiales, tanto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, se han contabilizado 7,984 víctimas de homicidio y 4,121 de desaparición, para dar un total de 12,105 personas. No lo dice la oposición, lo reporta el propio gobierno. Si se comparan las víctimas de desaparición de los primeros 100 días de gobierno de los cuatro sexenios anteriores, el incremento de la actual administración es lastimoso. Los datos oficiales son los siguientes: 2 víctimas diarias con Felipe Calderón; 10 con Enrique Peña; 20 con López Obrador y 41 con Claudia Sheinbaum. Según el informe presentado por la titular del Ejecutivo federal, los homicidios han disminuido 16%, sin embargo, nada habló sobre el incremento exponencial en las desapariciones. La realidad es que este gobierno ha duplicado a las víctimas. Mientras las familias están buscando a sus desaparecidos, este régimen sigue maquillando números y escondiendo bajo la alfombra los datos sobre las víctimas en el país. Es preocupante que esta administración opte nuevamente por cifras falsas, en lugar de asumir su responsabilidad.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas daba cuenta de cuatro mil 145 casos denunciados en el sexenio, de los cuales mil 271 son de mujeres y 124 de extranjeros. La cifra representa más de la mitad de los siete mil 980 homicidios dolosos que se han dado de acuerdo con cifras oficiales preliminares. Un año antes –es decir, entre el 1 de octubre de 2023 y el 12 de enero de 2024– se acumularon tres mil 49 desapariciones, según la misma base de datos, es decir, una tercera parte menos. Un dato preocupante es que el número de menores de edad ausentes prácticamente llega a mil. Las entidades con el mayor número de niños y jóvenes desaparecidos en este sexenio son el Estado de México (248), la Ciudad de México (216), Puebla (100) y Zacatecas (40). Los estados que se destacan como lugares donde han ocurrido las desapariciones de personas de cualquier edad durante el actual periodo presidencial son el Estado de México (730), la Ciudad de México (659), Sinaloa (362), Puebla (274), Nuevo León (173), Zacatecas (168), Chiapas (159), Baja California (153), Tamaulipas (135) y Guanajuato (97). Las demarcaciones donde mayor número de ausencias se han registrado del 1 de octubre a la fecha son Mazatlán y Culiacán, Sinaloa, con 150 y 149, respectivamente; la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, con 132; Puebla capital, con 114; Tijuana, Baja California, con 104; Ecatepec, Estado de México, con 73, y Fresnillo, Zacatecas, con 62. Las estadísticas son oficiales (Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas), no un invento de los adversarios políticos del partido en el poder. Y es muy probable que no refleje sino una parte del problema. El promedio diario del pasado periodo presidencial fue de 25 desapariciones. El actual, en los primeros 105 días del sexenio, es de 39. Ese solo dato es suficiente para que hubiese una estrategia específica para atender esta grave realidad, sin tener que referirnos al resto de los más de 121 mil casos que están registrados desde 1952. Sin embargo, dicha estrategia parece tan ausente del discurso oficial, como las personas que tristemente no aparecen.

La desaparición de personas es un drama de muchos años. mantenido por un silencio cómplice: entre autoridades, corporaciones policiacas, instituciones religiosas y también el de una sociedad que decidió voltear la mirada. Pensar en desapariciones no es hablar de cifras. Es hablar de valores, de una falla ética colectiva que nos debería cimbrar a todos, porque los responsables no son sólo los grupos criminales —aunque ellos carguen buena parte del horror, están también policías corruptos, autoridades omisas, funcionarios burocráticos, parejas violentas, padres agresores. La desaparición es un crimen con múltiples rostros, todos igual de crueles.

ES CUANTO

𝘼𝘿𝘿𝙀𝙉𝘿𝙐𝙈: No le ha funcionado a la presidenta Sheinbaum y sus corifeos, el tratar de imponer la narrativa de que el Estado es la víctima y no el verdugo de la descomposición social, que ha movilizado en contra de la 4T a ciudadanos indignados; quieren vender la historia de que la oposición es capaz de manipular a la sociedad. En serio creen que alguien pueda creer que en un conflicto social la víctima es el gobierno y no la ciudadanía. No son capaces de ver que hay un enojo real, y que el frente que se abrieron con la Gen Z puede cobrarles factura en 2030, cuando los chavitos puedan votar. En ninguna parte del mundo el Estado puede ser la víctima.

#𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘔𝘢𝘭𝘺𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘈𝘪𝘳𝘗𝘦𝘰𝘳.