𝗨𝗻 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗿𝗲𝗯𝗮𝘀𝗮𝗱𝗼 𝘆 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶o

Fernando Hinterholzer Diestel

 El mes de noviembre que está a punto de terminar ha sido el más difícil, desafiante y complicado para el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Todo empezó desde las lluvias torrenciales en Veracruz y otras cuatro entidades, a finales de octubre, y después el asesinato del alcalde de Uruapan. Desde ahí, todo ha sido caer al precipicio y “sin paracaídas”.  Lamentablemente, la falta de empatía y sensibilidad de Sheibaum y de su gobierno para darse cuenta de la realidad nacional, para intentar encajar con un sentimiento auténtico y legítimo en diferentes segmentos de la sociedad, ha generado un temprano distanciamiento con la sociedad en general. La mezcla de malos gobiernos, inseguridad, corrupción e impunidad ha empezado a detonar el surgimiento de liderazgos ciudadanos que no provienen de la clase política tradicional y que buscan capitalizar el hartazgo social. Las protestas de la semana pasada, convocadas por jóvenes, colectivos de víctimas, organizaciones anticorrupción y sectores golpeados por la falta de apoyos gubernamentales, dan muestras un hartazgo acumulado. La crisis de gobernabilidad del gobierno federal en varias regiones, los bloqueos de transportistas, las quejas de empresarios por extorsiones y el repunte de la violencia en corredores clave del país han puesto en evidencia que los gobiernos estatales no están siendo capaces de contener ni atender los problemas de fondo. 

En algunos estados, los gobernadores no gobiernan; están rebasados, y son los carteles criminales son los que lo hacen. El origen de lo que sucede es el quebranto de la capacidad institucional para detener el conflicto social, y todavía más, que los problemas crecen resultado de la dificultad del gobierno para atender la demanda social. Así, por ejemplo, el campo ha sido desatendido, se eliminaron muchas instituciones, programas y acciones del gobierno en beneficio de los productores. En el fondo lo que subyace es la política de gasto y su impacto en ciertos sectores que han llegado a una situación límite. El aumento de la temperatura social por las confrontaciones de diversos sectores con el gobierno, ha comenzado a acabar con la idea de que la hegemonía sin fisuras de Morena abona a la gobernanza tras la época de gobiernos divididos. Las protestas y bloqueos ponen en duda esa afirmación del discurso oficial y dejan entrever el riesgo de confundir el poder de una mayoría política con el control de gobernabilidad. El gobierno de Sheinbaum heredó “una tormenta perfecta” de agravios con diversos colectivos de víctimas, y otros más, como los que afectan estructuralmente al campo y la movilidad por la carestía internacional de alimentos, e internos, derivados de la extorsión e inseguridad. En ese contexto, líderes rurales con apoyo de transportistas hicieron la semana pasada, una demostración de fuerza con bloqueos en 22 estados por un cúmulo de demandas desde apoyos al campo, seguridad en carreteras o rechazo a ley de agua que discute el Congreso. Las protestas, esta vez, alcanzaron alta visibilidad pública, con un movimiento campesino sin precedente, al que se sumaron conflictos no resueltos con víctimas de delitos, protestas de jóvenes y mujeres por violencia. Todos conjugados por el denominador común del reclamo de justicia e impunidad, que Morena no ha podido resolver eficazmente desde que llegó hace siete años.

El gobierno tiene ahora el reto de reaprender actitudes y modificar discursos para transitar el conflicto con el recuerdo vivo de la interpelación directa que mandatarios anteriores recibieron con mucho menos poder que el actual. Tener todo el poder, sin contrapesos en política no es sinónimo de gobierno sin coacción o de mantener la paz política a través del consenso. El fracaso del diálogo con los inconformes muestra a un gobierno morenista con severas fisuras internas y en el universo de amarres de acuerdos locales. El mayor problema no es la falta de equipo funcional y empático, sino es algo más complicado, de los límites del ultra-presidencialismo en un país grande y complejo que lo está desbordando. El ambiente de tensiones es terreno propicio para que la oposición, tanto interna como externa, construya un relato de debilidad estatal para responder a las demandas sociales o autolimitación para desactivar la confrontación, ya sea para ocupar espacios o recuperar capital político. Aunque azuzar con la ingobernabilidad es poco creíble ante la inexistencia de una oposición capaz de recoger el malestar con peligrosas promesas demagógicas como denunciar en EU abusos policiacos en las marchas. El escenario de desorden social está lejos, aunque la protesta cobra factura en desgaste de la aprobación del gobierno en sondeos. Esas respuestas amenazan con escalar el conflicto y llevar la relación con organizaciones agrícolas y transportistas a punto de ebullición.

Lo que realmente puede proyectar una sensación de debilidad —y una creciente molestia social— no son las críticas de siempre, sino la incapacidad del gobierno para conciliar, negociar, escuchar y responder a los problemas que hoy sacuden al país: los bloqueos de transportistas y campesinos, la inseguridad que se extiende y la corrupción que envuelve casos como el de La Barredora y los políticos involucrados. Frente a ese escenario, Claudia Sheinbaum ha repetido: “Quieren debilitarme, pero no lo conseguirán”. Sin embargo, más que los ataques externos, lo que mina la fortaleza de un gobierno es el aislamiento y la negación de sus propias crisis. 

El guion actual del gobierno conduce a un camino sin retorno para quienes están en contra de las acciones de la 4T y exhibe su obcecada cerrazón que, al final, tendrá costos, también para todos. No se pueden cerrar las válvulas de una caldera sin esperar que más temprano o más tarde explote. Y hoy ese descontento está estallando desde todos lados, desde la Gen Z hasta la CNTE, desde los médicos hasta los enfermos y sus familias, desde los campesinos hasta los transportistas, desde los empresarios perseguidos hasta los ciudadanos extorsionados. Y, en medio, organizaciones criminales con un enorme poder de ejercer violencia y generar inseguridad, y un gobierno de Estados Unidos decidido a presionar hasta donde pueda para no perder su propia agenda. Todo mientras la economía no crece desde hace meses.

 ES CUANTO

𝘼𝘿𝘿𝙀𝙉𝘿𝙐𝙈:  Cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobierno en turno hace como trabaja en pro de las mujeres, y se llena “el hocico” con discursos feministas. Este año no fue la excepción. La presidenta anunció reformas a 17 leyes, endurecimiento de penas y un “plan integral” más. Es la fórmula favorita del gobierno, cambiar leyes como si eso cambiara la realidad. En México no faltan leyes; falta Estado. Faltan fiscalías que investiguen, policías que protejan, ministerios públicos que no humillen, instituciones que traten a las mujeres como personas y no como estorbos.

#𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘔𝘢𝘭𝘺𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘈𝘪𝘳𝘗𝘦𝘰𝘳.