jueves, 24 de mayo de 2018

POLICRÓNICA

Reinstalación…En contra de su voluntad política, el Gobernador del estado, Héctor Antonio Astudillo Flores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tarde o temprano  será obligado acatar una orden del Poder Judicial federal para reinstalar a 176 policías estatales despedidos injustificadamente hace un año por intrigas del cuestionado Secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes.

Sin que se haya cumplido con todo el protocolo para despedir injustificadamente a 176 Policías Estatales, se cumplirá un año en que igual número de familias guerrerenses se quedaron sin ingresos económicos, no obstante al inicio de su gestión, entre los compromisos que hiciera el actual Gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Antonio Astudillo Flores, precisamente de que no despediría trabajadores del gobierno estatal, por el contrario fortalecería y hasta generaría más empleos. Sin embargo el ofrecimiento se vino a tierra al momento de aceptar la desinformación intrigosa del Secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes quien por venganza procedió a despedirlos con argumentos y procedimientos leonilos. De esto ya quedó demostrado con las dos recomendaciones que emitiera en su momento la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, pero como no tiene una fuerza jurídica vinculatoria, Almazán Cervantes se las pasó por el arco del triunfo, en tanto el mandatario Astudillo Flores simplemente se hizo el occiso, sin tomar en cuenta el clamor de los 176 policías que significan igual número de familias guerrerenses, que hasta el día de hoy carecen de un ingreso económico. Como se recordará los 176 policías de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Guerrero fueron despedidos el 31 de mayo del año pasado por realizar un paro de labores  en demanda de mejoras salariales y la destitución del titular Pedro Almazán Cervantes, por déspota, no entregar uniformes, ni los viáticos. No ha sido destituido, se desconoce que tratos negros lo mantienen en el cargo con el consentimiento del mandatario estatal. Han insistido una y otra vez los uniformados de que el jefe policiaco ha sido acusado de maltratos a los uniformados, pero lo más grave, es acusado de proteger a la delincuencia organizada, quien supuestamente recibe dinero para no molestarla. Esto ha sido evidenciado mediante diversos narcomensajes lo han vinculado y hasta con nombres de comandantes que están a su servicio y los que llevan el dinero al Secretario de Seguridad Pública estatal. El próximo 31 de mayo se cumple un año de ese criminal despido masivo, pero trasciende de que en contra de la voluntad política del mismo mandatario Astudillo Flores, podrían ser reinstalados con una orden judicial debido a que el cuestionado Almazán Cervantes no llevó a cabo correctamente el procedimiento para darlos de baja de la nómina, y a la vez podrían ser beneficiados con el pago de un año de salarios caídos que se cumple precisamente en este mes. El presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, dio a conocer en su momento que ese organismo emitió dos recomendaciones relacionadas con ese tema, en tanto los policías despedidos determinaron interponer dos recursos de revisión ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque consideraron que la autoridad responsable incumplió las recomendaciones, que por cierto una de éstas de plano no fue aceptada. Por ese motivo las dos recomendaciones se encuentran en análisis en la CNDH, y con seguridad en su momento el organismo nacional de derechos humanos emitirá una nueva resolución “que con seguridad será también una recomendación” para el Gobierno estatal Astudillista, con ello quedará evidenciado como represor de  trabajadores. Ahora el caso está en manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la protestad de emitir un nuevo pronunciamiento, después de casi un año del despido masivo de policías ninguno ha sido reincorporado al servicio. A casi un año del litigio no hay duda de que lo van a ganar, porque no se puede estar por encima de la ley y de las instituciones, pues los gobernantes no deben actuar  visceralmente como se hizo Astudillo Flores y su subordinado Almazán Cervantes en contra de los 176 uniformados, violando todo procedimiento, por lo que se puede calificar que hubo extremadamente autoritarismo, ya que no se concluyeron los procedimientos, porque el caso debió haber pasado por la Comisión de Honor y Justicia de la misma Secretaría de Seguridad Pública, no se comprobó que se haya hecho así y eso fue lo que motivó que la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero emitirá una recomendación porque la autoridad se brincó ese procedimiento. Por ello los uniformados agraviados recurrieron inicialmente a las comisiones de derechos humanos estatal y nacional, quienes hicieron su trabajo al observar y señalar al Gobierno de Guerrero todas las fallas y los errores en el procedimiento, quien podría determinar y en esa etapa está a un año de la lucha legal, son los juzgados federales ante quienes los policías presentaron una demanda, y ellos sí tienen la facultad de decir si son o no reinstalados, además sea cubierta la reparación del daño que incluyen los salarios caídos. Las demandas por la vía jurisdiccional fueron presentadas ante un juzgado de distrito del Poder Judicial de la Federación, y ese asunto debe de estar manejándose por la vía administrativa por la violación al procedimiento de despido. Por lo que no está lejos de informarse de que el gobierno de Astudillo Flores tendrá que cumplir y tragarse sus rabietas contra esos ciudadanos guerrerenses que su delito fue haber exigido se cumpliera a cabalidad lo que por derecho les corresponde. Pero como el mandatario le creyó todo a su protegido Almazán Cervantes quien lo tendrá que despedir, pues está justificada su mala actitud contra los uniformados que no han cesado en su lucha hasta ver cristalizada la justicia, tardía, pero la van a tener con todas de la ley. Sin duda, la justicia, no es ni pronta, ni expedita, pero bueno, estamos en México y en Guerrero, que se puede esperar de los servidores públicos electos con el voto del pueblo y los que son nombrados directamente por el mandatario. Está próximo a salir el fallo federal en favor de los 176 uniformados quienes no aceptar el risible finiquito, solo fueron algunos quienes seguramente ahora se estarán  jalando los pelos al saber que a los largo de 365 días de lucha, se habrá de cristalizar su demanda y pondrá en evidencia ante la opinión pública de Guerrero y de México del autoritarismo con que se está gobernando en la entidad suriana por el Partido Revolucionario Institucional....¿Austeridad?...Sólo quedó en buenas intenciones y en palabrería de que los 46 diputados de la LXI Legislatura local se bajarían al menos 14 mil pesos mensuales de su dieta. Eso se quedó en declaracionitis de que entraría en el programa de austeridad anunciado por los diputados del Congreso local con el gasolinazo, que incluía el descuento de 14 mil pesos mensuales de su salario, quedó solo en buenas intenciones. Como se recordará en el marco de los llamados “gasolinazos”, los legisladores surianos se habrían solidarizado con el poder ejecutivo estatal al entrarle al plan de austeridad para apoyar a sectores sociales más vulnerables ante los efectos de la aprobación de la Reforma Energética. Definitivamente el plan de austeridad anunciado junto a los diputados del PRD y PT nunca se concretó y, por ende, no se aplicó el descuento salarial de 20 por ciento a sus salarios. De acuerdo con las propias versiones de los diputados, porque ninguna legislatura ha transparentado el tabulador de salarios, ganan 70 mil pesos mensuales, y en relación con ese monto se calculó el porcentaje. En enero del 2017 los diputados de izquierda ofrecieron una conferencia de prensa en el Congreso para dar a conocer las acciones que habían tomado ante el gasolinazo, distante de los diputados del PRI y Partido Verde Ecologista de México. La entonces coordinadora del PRD, ahora candidata a la alcaldía de Tixtla, Erika Alcaraz Sosa, dijo que se reducirían 20 por ciento del salario mensual, lo que equivale a 14 mil pesos. La diputada aseguró que el dinero sería destinado para proyectos económicos y sociales para la ciudadanía de manera directa, acción que vigilaría una Comisión de Vigilancia. A la distancia de un año después, dicha iniciativa no se llevó a cabo: en síntesis, quedó en un esfuerzo porque no se concretizó, quedó en buena intención, en la declaración, pero no se formalizó, ninguna fracción lo hizo. Algunos diputados,  apoyaron a ciertos sectores inconformes por el gasolinazo, pero lo hicieron a título personal y no con el plan de austeridad que anunciaron. Los 25 diputados del PRI y Partido Verde Ecologista de México también anunciaron un plan de austeridad, y el diputado priista Héctor Vicario Castrejón declaró en ese entonces un descuento de 10 mil pesos de su salario, además que dejarían de pagar la telefonía a cada uno de los 46 diputados de la legislatura. También en ese entonces se disminuirían el salario de los mandos superiores, entre los que se encuentran el oficial mayor del Congreso de Estado, el director del Instituto de Estudios Parlamentarios, el administrador, y otros, para la jubilación de los trabajadores sindicalizados, caso que todavía se desconoce si lo concretaron. Sin embargo  existen contrastes con el tema en la LXI legislatura local, el diputado priista y presidente de la Comisión de Educación, Víctor Manuel Martínez Toledo, aseguró que a los diputados de su fracción les descuentan cinco mil pesos de su salario como parte de ese plan de austeridad, que, aseguró, destinan para el pago de liquidaciones del personal. Nunca aclaró, con esos cinco mil pesos retenidos a los miembros de su fracción, cuánto han ahorrado por ese concepto. El monto que el priista dijo que les descuenta no se ajusta a ese 20 por ciento comprometido en el plan de austeridad anunciado por los diputados como un acto de congruencia y solidaridad a los ciudadanos. Pero no existe claridad con la medida adoptada por los representantes del pueblo. Por lo que se deduce de que todo quedó en una simulación, porque nadie le consta de que estén cumpliendo los legisladores con la medida de austeridad. Ahora como  presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI legislatura local verde priista, Héctor Vicario Castrejón está obligado a informar sobre esa medida, porque no hay claridad, ni se sabe de esos supuestos ahorros que se estarían haciendo desde el año pasado, que si fuera realmente 14 mil pesos por cada uno de los 46, pero  en lo real son 45, pues uno fue acusado de delincuencia organizada, y tampoco se sabe su situación jurídica, ni de su “dieta” si está liberado o también el Congreso se lo está ahorrando. Si hacemos una cuenta de manera hipotética cada mes los diputados estarían ahorrando con ese plan de austeridad la cantidad de 630 mil pesos, en un año, serían alrededor de 7 millones 560 mil pesos. Si se le suman el “ahorro” de la dieta del diputado 46, en un año, el Congreso habría juntado 840 mil pesos. Si las cuentas no fallan, a estas alturas, la LXI legislatura local tendría un ahorro en sus arcas de alrededor de  8 millones 400 mil pesos. Pero eso lo tiene que informar con mucha veracidad y responsabilidad el originario de Chaucingo, municipio de Huitzuco, porque de lo contrario estaríamos frente a un tema de demagogia, que habría anunciado en su momento también la que tenía ese cargo, Flor Añorve Campos, actualmente candidata a presidenta municipal de Taxco de Alarcón.  Se espera que haya una respuesta del legislador a fin de que los guerrerenses estén enterados y que efectivamente tienen palabra de cumplimiento los diputados locales. Se espera que de un momento a otro el representante del Poder Legislativo esclarezca este tipo de dudas ante la opinión pública....Retorno...Mientras  que en la empresa Televisa no  hay visos de que retorne a su espacio que se había ganado, igualmente en el periódico “Milenio” diario, se conoció  hoy que los directivos con su área jurídica del Canal Once y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), anunciaron su decisión de restablecer la grabación y emisiones del programa “Despertador Político”, conducido por el periodista Ricardo Alemán. En un comunicado, ambas instituciones detallaron que tras realizar una revisión jurídica del caso determinaron que el periodista Ricardo Alemán “en ningún momento ha faltado a lo establecido por el acuerdo signado entre ambas partes”, por lo que la emisión que conduce en Canal Once no ha violado las prerrogativas de ley ni los derechos de la audiencia. En su cuenta de Twitter, el conductor anunció que regresará a su programa en esa televisora. “Autoridades politécnicas revisaron a detalle el caso de linchamiento mediático en contra del periodista”, escribió. El pasado 5 de mayo, Ricardo Alemán publicó una imagen con el siguiente mensaje: “A John Lennon lo mató un fan A Versace lo mató un fan A Selena la mató un fan A ver a qué hora, chairos. Les hablan!!!”, agregó Alemán, junto a la fotografía.  La empresa Televisa concluyó su relación laboral con Ricardo Alemán, al considerar que con un mensaje en redes sociales indujo a la violencia, al estar en marcha la contienda política por la presidencia. Mientras que las áreas directivas de Canal Once decidieron suspender la grabación y transmisión del programa Despertador Político con el objetivo de analizar la situación. “La revisión jurídica determinó que el señor Alemán en ningún momento ha faltado a lo establecido por el acuerdo signado entre ambas partes”, concluyeron. “El Consejo Ciudadano, en sesión ordinaria en las instalaciones de la emisora, conoció del caso, así como de los análisis antes mencionados. Las y los integrantes del Consejo coincidieron en que no se encuentra causal para la decisión del contrato del periodista Ricardo Alemán y que esa decisión es apegada a derecho. “Pidieron que se haga del conocimiento del periodista que le solicitan continúe siendo fiel al compromiso de Canal Once para construir una ciudadanía participativa e informada; además del respeto a la democracia y la pluralidad que se debe guardar en los espacios de la emisora politécnica”, detalla comunicado.

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