PRIMERA PLANA

No transparentan gobiernos el

gasto de publicidad, afirmaron

 MEXICO, D.F., 22 de febrero de 2012 – Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, presentan el Índice de acceso al gasto en Publicidad Oficial en los estados 2011. Este proyecto conjunto de Artículo 19 y Fundar tiene por objeto dar a conocer cuánto, cómo y en qué se gastan los recursos públicos destinados a la Comunicación Social en los estados.  

Por primera vez, a través de solicitudes de información realizadas a las 32 entidades federativas, se buscó acceder a los recursos asignados a Comunicación Social y Publicidad Oficial para verificar si estos se ejercieron con apego al mandato constitucional.

Sin embargo, los resultados del índice reflejan que los gobiernos estatales simplemente no rinden cuentas sobre el ejercicio del gasto en este rubro: 22 estados obtuvieron entre 0 y 2 estrellas; lo que significa que dos terceras partes de las entidades federativas no entregaron información o contestaron de manera incompleta las solicitudes.

Sólo diez estados entregaron información desglosada del gasto en comunicación, con una mención especial para Colima y Sonora.

Ambas entidades obtuvieron 5 estrellas (la calificación más alta), ya que entregaron la información con niveles aceptables de detalle y desagregación. Negar el acceso a la información sobre el ejercicio del gasto en Publicidad Oficial es una clara violación a los artículos 6° y 134 de la Constitución y a cada una de las Leyes de Transparencia en las entidades federativas, los cuales establecen el principio de máxima publicidad y la obligación de poner a disposición de la ciudadanía el ejercicio de los recursos públicos.

 Además, es importante resaltar que los recursos que se gastan los estados en Publicidad Oficial representan montos millonarios y la tendencia es que cada año aumenten considerablemente.

El evento se organiza en colaboración con la Red por la Rendición de Cuentas, y participan con sus valiosos comentarios Ricardo Raphael y Guillermo Cejudo de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Jesús Cantú Escalante de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) del Tecnológico de Monterrey; Miguel Castillo, presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP); y especialistas en transparencia de Oaxaca, Puebla y Veracruz.

 En 2010, por ejemplo, los estados se gastaron el doble en Comunicación Social y Publicidad Oficial en comparación con 2005.

En efecto, en cinco años, el total del gasto en este rubro de las 18 entidades federativas estudiadas se duplicó: pasó de 1,170.4 millones a 2,518.4 millones de pesos[1].

Destacan Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Nayarit, Yucatán y Zacatecas que duplicaron su gasto en este periodo. En tanto que Aguascalientes, Durango y Quintana Roo casi lo doblaron.

Vale preguntarse ahora si esta tendencia refleja una mejora en la calidad de la información de los gobiernos estatales hacia los ciudadanos o si se trata simplemente de un aumento en sus prácticas propagandísticas.

En un sistema democrático, la Publicidad Oficial se funda en el derecho a saber de los ciudadanos y la obligación de los gobiernos de informar, explicar y justificar sus decisiones y actividades.

En las democracias, la Publicidad Oficial es una herramienta fundamental, no sólo para comunicar sobre el quehacer gubernamental sino también para propiciar el debate público sobre las decisiones colectivas y la libertad de expresión, ya que fomenta la pluralidad informativa.

Bajo estas premisas, es fundamental fortalecer el contexto de exigencia de rendición de cuentas sobre la asignación del gasto en Publicidad Oficial y garantizar que éste se rija por criterios claros.

Es indispensable que los poderes estatales transparenten y regulen estos gastos, ya que por mandato constitucional y legal, el Gasto en Publicidad Oficial es información que debe estar a disposición de la ciudadanía. Todos tenemos el derecho a saber cuánto, cómo y en qué se gastan los recursos públicos.