EDICIÓN VIRTUAL

Crónica 5516

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PROPUESTA

Que la Fiscalía General del estado  de ipso facto atrape al feminicida y los jueces apliquen la máxima penalidad como ejemplo para ese tipo de desquiciados.

PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

El otro crimen bien
organizado, el TSJ

Hugo Nolasco.--Hace nueve años, el 26 de noviembre de 2009, la Fundación para el Debido Proceso Legal (Due Process of Law Foundation), la Comisión Internacional de Juristas y Fundar, y el Centro de Análisis e Investigación, A.C, se entrevistaron con organizaciones y autoridades del estado de Guerrero, entonces como ahora, pero hoy más grave aún, los expertos constataron “la preocupante crisis de seguridad y de justicia en la que se encuentran la sociedad guerrerense y sus instituciones, provocada, entre otras causas, por deficiencias estructurales de las instituciones de procuración y administración de justicia”.

Desde entonces, a la fecha, el deterioro de la aplicación de una justicia pronta, eficiente, y sobre todo creíble, se ha acrecentado más. Como ha quedado demostrado por denuncias de los propios trabajadores del Poder Judicial, existe una mafia criminal compuesta por magistrados y jueces que se reparten casi 500 millones de pesos al año, en sueldos y prestaciones, sin importar su notoria ineptitud.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), creado hace casi treinta años, en 1995, sólo ha sancionada de forma leve a siete funcionarios judiciales de esta entidad. El Poder Judicial, en manos de funcionarios judiciales corruptos, sin ninguna supervisión, funcionan como si fuera otro grupo criminal más, pero mejor organizados, pues en sus manos está la aplicación de la ley sin dar explicaciones a nadie.
El análisis de la grave crisis de procuración de justicia que padece Guerrero, fue presentado al entonces presidente del Tribunal, Edmudo Román Pinzón, por la delegación conformada por José Antonio Martín Pallín, Magistrado emérito del Tribunal Supremo de España. Susana Villarán, ex Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e integrante del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (Lima, Perú). José Zeitune, Consejero jurídico para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra, Suiza). Cécile Lachenal, Investigadora y Responsable del Proyecto de Acceso a la Justicia de Fundar, Centro de Análisis e Investigación (México, D.F.). Mirte  Postema,  Coordinadora  del  Programa  de  Rendición  de  Cuentas  y Transparencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso Legal (Washington, DC, EEUU).

La Comisión, expone que se reunió en ese entonces con al presidente del TSJE, el encargado de despacho de la Procuraduría, Albertico Guinto Sierra, y su equipo, el secretario de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, el Secretario de Seguridad Pública, el presidente de la Coddehum, Juan Alarcón Hernández y el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, a ninguno de estos les importó la advertencia del deterioro de la justicia en Guerrero.
Así, durante el periodo que va del 13 de marzo de 2009 al 13 de marzo de 2011, según un informe del CJF, señala que se había sancionado de forma menor a siete jueces de Guerrero, pero a ningún magistrado.  Esto a pesar de que la mayoría tienen señalamientos graves de corrupción, tráfico de influencias, relación con jefes de grupos criminales, nepotismo y, algunos, hasta han amenazado a reporteros, como fue el caso del magistrado Emiliano Lozano Cruz.

 Las causas por las que fueron sancionados estos jueces no son específicas, pero según este informe, se encuadran en algunas de las siguientes conductas: falta de profesionalismo; dilación en el proceso; dilación en la resolución; notoria ineptitud; notorio descuido; ejercicio indebido de funciones; abandono de funciones; deshonestidad; hostigamiento laboral; disposición de numerario para su beneficio; hostigamiento sexual; y abuso de poder.

El poder Judicial de Guerrero lo componen fundamentalmente 24 magistrados, sin excepciones, todos en alguna parte de su carrera, han sido acusados de torcer la ley, de deficiencias, de corrupción y de abuso. Cientos de casos fallidos por análisis malamente sustanciados y superficiales, basados en simples informes periciales improbables, así como la aplicación de la ley por consigna, han dejado una larga secuela de injusticia que ha hecho aborrecer el sistema de justicia en esta entidad; los jueces encarcelan hasta por 15 años a ciudadanos por delitos menores, mientras dejan en libertad, en dos o tres meses, a ‘trabajadores’ de grupos criminales.
MAFIAS QUE SE AUTOPROTEGEN
Desde hace nueve años, se advirtió y constató la falta de independencia y transparencia del Poder Judicial. La delegación de la Fundación para el Debido Proceso Legal, observó “la falta de un sistema claro, transparente y basado en los méritos para el nombramiento y promoción de los funcionarios.
Los principales rezagos se encuentran en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en la ausencia de un análisis exhaustivo de los candidatos propuestos para magistrados por parte del Poder Legislativo, en la concentración de poderes y en la discrecionalidad con la que actúa el Poder Ejecutivo estatal en este sentido”, señala el organismo en su informe de 2009, cuando el presidente del TSJE era Edmundo Román Pinzón, un magistrado con señalamientos de nepotismo y mediocridad que asumió el cargo por recomendación del repudiado exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo.

La falta de transparencia para nombramiento y promoción de los funcionarios judiciales quedó manifiesta en la protesta que realizaron trabajadores del Poder Judicial el 7 de abril de 2015, siendo presidenta del TSJE la magistrada, Lambertina Galeana Marín, acusada por el movimiento de Ayotzinapa de ocultar y perder los videos de la noche del 26 del septiembre en Iguala; los trabajadores dieron a conocer una larga lista de familiares que los magistrados y jueces han nombrado como parte del Poder Judicial.
LOS HIJOS GAMERS DE UN MAGISTRADO
Pero de entre todos los señalamientos por nepotismo dados a conocer por trabajadores, destaca el del magistrado Edmundo Román Pinzón, siendo quien recibió el diagnóstico hace nueve años del grave deterioro y corrupción en el TSJE, pero en lugar de tomar medidas, simplemente lo ignoró y le agregó un poco más de agravios, pues con pruebas fundadas lo acusan de haber colocado a sus dos hijos: Edmundo Jehu Román Serrano y Michelle Román Serrano, en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam).
Edmundo Jehu Román, es un joven que en su perfil de facebook se dedica a compartir sus experiencias en juegos de computador; egresó en el 2010 de la licenciatura en derecho del Colegio Hipócrates. En su perfil asegura que trabaja en el Tribunal.
 EL HIJO, EL PADRE Y LA VOCACIÓN

El Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam), debería ser una instancia especializada, pero a decir de los trabajadores, es el lugar a donde los magistrados y jueces mandan a sus hijos que no saben qué hacer con ellos, sumando deficiencias a la respuesta de justicia.
También, el 17 de agosto del año pasado, este mismo magistrado Pinzón, fue señalado por representantes legales de la empresa Acapulco diamantes S.A de C.V, de intervenir de manera directa para favorecer a Cristina Díaz Chávez, acusada por el delito de despojo de acuerdo a las causas penales número 03/2015-ii por el delito de fraude procesal y el expediente 190/2013-i ante el juzgado cuarto del distrito judicial de Tabares.
Edmundo Román Pinzón, según denuncia, intervino de manera directa para favorecer a Cristina Díaz Chávez, en la resolución,  sin haber hecho un análisis exhaustivo del caso, ni haber elementos, torciendo la aplicación de la ley y actuando por consigna.
También fue Román Pinzón el magistrado que llevó la causa penal del líder de los comuneros de Cacahuatepec, Marco Antonio Suástegui, encarcelado de injustamente por señalamientos falsos. En agosto de 2015, el centro Robert F. Kenn

SEGUNDA PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Procesado por delincuencia el
 jefe de escoltas de Mercedes

Ezequiel Flores Contreras.--Sergio Ramírez Olalde, actual jefe de escoltas de la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo Elizundia, fue detenido en 2001 y procesado por delincuencia organizada cuando fungía como comandante de la Policía Municipal en la ciudad de Corregidora, en el estado de Querétaro.
Actualmente Ramírez Olalde está habilitado como agente de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del estado (FGE) y está comisionado como guardia personal de