PRIMERA PLANA

Piden a Salud aclarar

privatizar al IMSS:MA

MEXICO, D.F.— El Senado de la República solicita al Secretario de Salud remita a esta Soberanía un informe que mencione los artículos y las leyes que se pretenden reformar, así como un informe detallado que razone en qué consiste y de qué manera afectaría al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Seguro Popular la nueva reforma de salud prometida el pasado jueves 14 en un encuentro organizado por la Fundación Mexicana para la Salud.

El día de ayer martes 19 de octubre, Senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó el Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que se solicita al Secretario de Salud, aclarar en qué consiste la reforma de salud planteada por la fundación mexicana para la salud.

No es nueva para el Estado mexicano la intención violenta por parte de las autoridades para desprestigiar y terminar con las instituciones insignes de luchas sociales y de beneficios obtenidos en pro de la sociedad. Hace ya un año solamente, el Ejecutivo extinguió Luz y Fuerza del Centro, haciendo una clara omisión a la constitución y normas aplicables que protegían a los trabajadores, pero sobre todo a la población a la que servían.

Preocupa ahora sobremanera que la intención se comience a enfocar hacia el IMSS, producto de intensas luchas obreras que lograron integrar a la Constitución la responsabilidad de los patrones y del Estado para garantizar la seguridad social de la población.

El 19 de enero de 1943 nació el Instituto Mexicano del Seguro Social, con una composición tripartita ha logrado integrar de manera igualitaria las obligaciones que mandata el Seguro Social y dar atención médica a más del 70% de la población. Es principalmente esta cifra, pero también lo es la labor intensa del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y los miles de trabajadores no afiliados al sindicato, lo que le ha permitido al IMSS ser la institución de seguridad social más grande de América Latina.

Ahora bien, el Secretario de Salud acaba de anunciar la desaparición paulatina del IMSS, acaba de anunciar la nueva facultad de la Secretaría de Salud para otorgar financiamiento y dejar al arbitrio de los Estados el deseo o no de otorgar atención médica. Lo que acaba de pasar es sin duda la terminación de la Seguridad Social y el tránsito hacia la atención médica privada, en la que cada persona tendrá que pagar servicio médico.

En el Grupo Parlamentario del PRD ya hemos dado aviso de que separar las funciones de financiamiento y prestación de servicios en todas las instancias y unidades operativas del sector público, se limita la atención pública y se transita de una Seguridad Social a un seguro médico nacional, en el que los Estados prefieren delegar la prestación del servicio al sector hospitalario privado, lo que mantendría un alto índice de afiliados que no pudieran recibir atención por la nula portabilidad y las primas tan altas.

Esto quiere decir que por primera vez en México, se hace pública y notoria, ya sin escrúpulos o mantas que los cubran, la afiliación del Ejecutivo con empresas privadas. La próxima reforma apunta indudablemente a terminar con la atención médica gratuita y dejar a los mexicanos sin la oportunidad de recuperarse por enfermedades. No quiero dirigirme hacia lo que pudiera pasar con la gente que no pueda pagar operaciones que signifiquen la continuidad de la vida.

Se trata de un proceso privatizador sin duda, que se ha llevado a cabo mediante la subrogación de la atención médica de segundo y tercer nivel a hospitales privados –que siempre existió en el país pero que ha crecido desde 1980–; el fomento a la iniciativa privada para construir hospitales a través de seguros médicos privados y la privatización de algunos rubros de la seguridad social.

En suma, es necesario que el gobierno federal esclarezca las interrogantes que se desprenden de lo que expuso su secretario de Salud. Las decisiones relacionadas con la salud pública y la seguridad social, dada su importancia, no pueden ser tomadas de manera unilateral y de espaldas a la población ni mucho menos con base en intereses particulares; para ello se requiere, en cambio, de un amplio consenso político y social, así como del respeto a la premisa fundamental de que la principal riqueza de un país está en su población.