Un paso histórico para
la justicia en México:AI
Amnistía Internacional (AI) celebra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México de excluir de la jurisdicción militar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.
La resolución es un paso histórico en los esfuerzos para limitar la competencia de la jurisdicción militar y garantizar el derecho a un remedio efectivo para las víctimas de abusos. Además establece un precedente importante acerca de la obligación de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los tratados internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional insta a las autoridades de Estado mexicano, como la Procuraduría General de la República, a asumir esta decisión y realizar las investigaciones debidas de las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas – en el pasado y actualmente -- por
las fuerzas armadas.
La organización ha documentado varios casos de desaparición forzada en los últimos meses sin que las autoridades militares o civiles realicen investigaciones para esclarecer los hechos.
Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación han mostrado su disposición de acatar parcialmente la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Amnistía Internacional espera que asuman el carácter obligatorio de esta resolución y además reconozcan que representa un paso positivo para demostrar el compromiso de las fuerzas armadas de someterse a controles civiles y para
la rendición de cuentas ante la sociedad.
Amnistía Internacional también considera que la decisión de la SCJN señala el camino para el Ejecutivo y el Legislativo para reformar el código penal militar de conformidad con esta resolución y las sentencias de CIDH.
La iniciativa presentada por el Gobierno actualmente no cumple con estos requisitos al solo excluir la desaparición forzada, la tortura y la violación de la jurisdicción militar y dejar la investigación inicial para determinar el delito en manos de la procuraduría de justicia militar.
Este proyecto de ley debe ser modificado para excluir de la jurisdicción militar la investigación y procesamiento de cualquier presunta violación de derechos humanos contra civiles por parte de miembros de las fuerzas armadas.
La resolución de la SCJN además amplia la obligación de todos los jueces en México de asegurar que sus decisiones sean de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos.
Esta resolución, basada en la reciente incorporación plena de los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución mexicana, abre el camino a una justicia mucho más eficaz para proteger los derechos humanos de toda la población.
Amnistía Internacional considera que la resolución ofrece una oportunidad crucial para que las instituciones en los tres niveles del Estado empiecen a operar con base en la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Es de suma urgencia que la Procuraduría General de la República asuma su responsabilidad de abrir y avanzar en la investigación de las denuncias de violaciones cometidas por las fuerzas armadas y que las demás instituciones respeten esta trasformación como un paso fundamental para consolidar la justicia y terminar con la impunidad.
INFORMACIÓN GENERAL
En 2009 la CIDH emitió la primero de 4 sentencias contra México por violaciones de derechos humanos cometidos por miembros del ejército. La primera sentencia por la desaparición forzada de Rosendo Radilla en 1974 ordena la reforma del código penal militar para excluir de la competencia de la justicia militar casos de violación de derechos humanos cometidos contra civiles.
La resolución de la SCJN de esta semana surge de discusiones de la SCJN acerca del alcance de la sentencia y la obligatoriedad por parte del estado mexicano de cumplir con la sentencia.
Las fuerzas armadas mexicanas han ampliado sus funciones en seguridad pública en el contexto del combate contra la delincuencia organizada en los últimos años.
Desde Diciembre de 2006 ha habido una alarmante aumento en las denuncias de graves
violaciones de derechos humanos por las fuerzas armadas y impunidad. Han habido más de 6,000 denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estos casos han sido investigados y procesado por la justicia militar, la cual continúa sin gozar de independencia, imparcialidad o transparencia.
Las fuerzas armadas en repetidas ocasiones han argumentado que la mayoría de denuncias
son infundadas y presentadas por miembros del crimen organizado para desprestigiar a las fuerzas armadas. Sin embargo, nunca han presentado evidencia de la fabricación de denuncias y Amnistía Internacional ha documentado una serie de violaciones graves de derechos humanos que no han sido investigados debidamente, dejando familiares y víctimas sin recurso a la justicia.
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