COLABORACION

Inventando la quesadilla

 

Apolinar Castrejón Marino

Seguramente usted ha escuchado acerca de la reforma política, que argumentan los «políticos» y con las cuales nos espantan que van a «salvar a la patria». Pero para eso estamos aquí, para decirle a usted que ni van a salvar a la patria, que no es reforma y mucho menos política.

La historia de nuestro país enumera varias veces en que la Constitución Política y los diferentes códigos han tratado de ser reformados, adicionados y derogados, unas veces con éxito y otras no, pero siempre en beneficio de los susodichos «políticos», raza parásita que tenemos bien pegada a nuestra humanidad.

Vamos a referirnos por ahora a la Promulgación de las 7 Leyes, que sirvieron para tratar de torcer el destino de los mexicanos en beneficio de los «políticos», que entonces estaba «coaligados» con los masones. Los escoceses es decir los ricos, el clero y los militares eran centralistas y los del rito de York como Vicente Guerrero y otros antiguos combatientes e intelectuales, eran federalistas.

Después de la lucha armada de la revolución se adoptó la forma de gobierno llamada República, pero aún quedaba pendiente qué tipo de república sería.

Don Lucas Alamán era el cerebro del gobierno de Bustamante, amparado en la Secretaría de Relaciones (de 1830 a 1832) ambos eran de filiación escocesa. Alamán era todo un pillo, y en una forma por demás «gandalla» estableció un régimen centralista, sin conceso y sin modificación de la constitución de 1824, vigente por entonces.

El centralismo estilo Alamán consistió en «organizar» elecciones para que resultaran ganadores gobernadores, diputados y senadores obedientes al poder central. Estableció medidas policíacas represivas, formó una «policía secreta» que actuaba por sobre la ley, y formó un gran grupo de delatores dedicada a espiar y perseguir a opositores y periodistas.

Las diferencias ideológicas de los escoceses y los yorquinos evolucionaron hacia ideologías liberales y conservadoras tras las que se amparaban rencores políticos, ambiciones y venganzas «del fuero común». Hubo bastantes pronunciamientos en contra de Bustamante, hasta que fue obligado a renunciar a, asumiendo el poder temporalmente el ministro de la Corte, Manuel Gómez Pedraza.

Entonces Don Nicolás Bravo se preparó para las elecciones, ante la vista impotente de Antonio López de Santa Anna, quien también ambicionaba ser Presidente, pero no tenía mayor oportunidad. Pero como hay muchos modos de pelar una banana, Santa Anna resultó electo «haiga sido como haiga sido».

El primero de abril de 1833 Santa Anna debería asumir el cargo de Presidente, pero sus espías y policía secreta le advirtieron el gran malestar por la forma en que «ganó» las elecciones. Convencido del conflicto que se le presentaría, prefirió no ir a su «coronación» y mandó en su lugar a Valentín Gómez Farías, pretextando «motivos de salud».

Desde su retiro temporal, Don Lucas Alamán, temía que el gobierno de Santa Anna tratara de implantar medidas a la manera de la Revolución Francesa y que Gómez Farías jugaría «el papel de Robespierre», el incorruptible y justiciero.

Y así fue, el gobierno liberal de Gómez Farías impulsó una legislación que terminaba con los privilegios del clero y los militares, quiénes para defenderse se aliaron bajo el lema de «Religión y Fueros», y además promovieron manifestaciones a favor de Santa Anna para hacerlo dictador, es decir, sin un congreso que le impidiera anular las leyes que los afectaban.

El 29 de abril de 1834, Santa Anna asumió la presidencia, mientras su vicepresidente, Gómez Farías, marchaba al exilio, presionado por sus enemigos. «Las Siete Leyes» aprobadas para sustituir a la Constitución de 1824 fueron:

La 1ª Ley, otorgaba la ciudadanía mexicana a quien supiera leer y tuviera un ingreso anual de 100 pesos. Los trabajadores domésticos no tenían derecho a participar en los comicios electorales.

La 2ª. Ley se refería a las características del Supremo Poder Conservador con funciones ejecutivas y permanentes, con 5 miembros sustituibles uno cada dos años, con una renta anual de mil pesos, y con la facultad de clausurar el Congreso y suprimir la Suprema Corte.

La 3ª. Ley, imponía un Congreso bicameral, con diputados y senadores, electos por los órganos gubernamentales, con una duración de 4 años para los diputados y de 6 para los senadores.

La 4ª. Ley, se relaciona con el Poder Ejecutivo, la Corte, el Senado y la Junta de Ministros cuyas funciones tendrían una duración de 8 años.

El Poder Judicial estaba regido por la 5ª Ley, y sus once miembros seguían la misma forma de elección en un proceso que se daba solo entre las mismas personas.

La 6ª Ley determinaba la división política del territorio nacional, convirtiendo los estados en departamentos cuyos gobernantes y miembros de las Juntas Departamentales eran designados por el presidente.

La 7ª Ley impedía por espacio de 6 años cualquier reforma a las mismas, siendo el Congreso el único capacitado para resolver cualquier duda.

Así las cosas, los reformistas que buscan un cambio político solo quedan como el compatriota que asegura ser el inventor de la quesadilla ¿O, no?