ARTICULO

La «ofensiva» lista de periodistas 

que cobran en la DGCS de Pedro

Tino Gatica

 ¿De qué sirven las decenas de talleres, cursos, diplomados y conferencias pensados para las y los periodistas, si éstos no ponen en práctica tales conocimientos, y que tampoco los difunden?

Bueno, una de las respuestas sería que, al igual que otros oficios o negocios, porque así lo consideran algunos de ellos y ellas, ese conocimiento obtenidos les sirve pero solamente para acrecentar los famosos «embutes» o «chayos» por cierto un mismo concepto erróneamente interpretado por reporteros y periodistas, que no han sabido distinguirlo respecto a un pago por publicación, lo sepa o no lo sepa el patrón o la patrona.

Pero como eso del famosisisímo «chayo» o «embute» merece otro artículo, simplemente en esta situación en comento, me concentro en el tema que está de moda en los corrillos periodísticos, minimizados por los propietarios de los medios de comunicación, porque saben que sí es cierto lo publicado en estas páginas de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo. Tan de cierto es, que se tienen todos los elementos que sugieren se está haciendo periodismo de investigación, con todas sus aristas, en donde se han develado cuantiosas sumas de dinero, que un verdadero trabajador o trabajadora de comunicación nunca vería en una sola quincena. Cuando se entiende por verdadero, es aquél o aquella periodista que recibe un pago quincenal por prestar sus servicios a determinada empresa periodística.

Y luego las reacciones airadas en «petit» comité, aunque quienes son aludidos no han querido inconformarse en los espacios en donde laboran porque saben que sí es cierta esta lista, aunque si las cobran o no, ya sería otro asunto. Pero permiten, solapan, fomentan y prostituyen al periodismo, con todas  esas agravantes. Es curioso, que cuando a los periodistas no se les toque en sus intereses, sobre todo económicos, sean los primeritos en exigir transparencia en el manejo de recursos financieros, pero de otros sectores y colectivos organizados, así como de funcionarios de cualquier nivel de Gobierno, entiéndase de todo servidor público, de todas las esferas que componen esta estructura de Estado.

De los casi 400 periodistas privilegiados, algunos de ellos utilizados para cubrir esa lista, posiblemente algunos prestanombres, la mayoría están identificados como personas afines al sistema de gobierno en turno, salvo sus excepciones, en donde se presume el pago por un servicio vendido, entendido como propietario de una empresa y que la información es un producto comercial, así como suena crudamente.

Lo cuestionable, ya no es si estos periodistas de esta famosa lista cobran esos recursos financieros, sino, se insiste, las cantidades fabulosas, como por ejemplo esa de 499 mil, 200 pesos, a nombre de una persona que se llama «Giovanni Filippis», que en lo personal y se perdonará mi ignorancia, pero nunca he visto su firma en periódicos, revistas, o cualquier otro pasquín, mucho menos en algún medio electrónico. ¡Ah! ya sé, puede ser que escriba en la Red, o sea otro más peregrino de las redes sociales, que según periodistas «cibernéticos» es lo máximo en comunicación. ¿A poco la Red ya sirve para cobrar salarios y ya se darán facturas por este servicio prestado? Que se sepa, la Red y sus entes, solamente son una herramienta, pero a muchos periodistas les gustan los espejismos. Que se hayan dado cambios sociales importantísimos es harina de otro costal, porque quienes hacen esos cambios son personas de carne y hueso.

En esta vorágine que se ha suscitado con esta dichosa lista, se destacan diversos temas que convergen en uno solo: la corrupción institucionalizada y el privilegio personal de ser periodista amigo del gobernador o amigo del hermano del gobernador o primo, nieto, querido o querida de tal o cual funcionario que por ser «asesor» dispone de recursos financieros que son del pueblo, de todas aquellas y aquellos contribuyentes, como es mi caso en particular o incluso el de periodistas que abogan por la transparencia y el manejo claro de estos dineros.

Insisto en que son varios los enfoques que esta «Lista de los Cuatrocientos» es un filón para poner en escrutinio público este ejercicio periodístico, de quienes cobran dinero cuyas cantidades son un insulto para un estado sumergido en la miseria económica. Además de que, la molestia o coraje causada al Delegado Administrativo de la Dirección General de Comunicación Social, Arturo Morales García, como prestanombres es similar a la que ha causado en su titular, Pedro Julio Valdez Vilchis, quien está aportando de esa dependencia el pago de algunos pesillos a sus trabajadores de sus dos periódicos. Amén de que ha sido un padre paternal al instruir que, al parecer, a su hijo Carlos Valdez Téllez le hayan asignado CIEN MIL PESOS para algún capricho personal.

Ahora mal, la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, no es la única institución que maneja recursos financieros, pues las demás instituciones de esta estructura de Estado también manejan lo propio, sobre todo cuando se consideran como secretarías, pero es importante la transparencia en el renglón de los periodistas, pues ésa es nuestra exigencia.

Ahora, la pregunta sería para mis amigos y amigas periodistas: ¿De qué lado están, a favor o en contra de la corrupción? Buena disyuntiva.