viernes, 21 de agosto de 2015

PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Libertad de Nestora, no a la
criminalización a defensores

Javier Francisco Reyes.--La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, exige al gobierno federal que preside el priista, Enrique Peña Nieto, la inmediata e incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado García y de los demás presos políticos del estado de Guerrero y del país, al cumplirse hoy 21 de agosto dos años de estar presa la olinalteca comandante comunitaria.

Una copia de la carta enviada al mandatario nacional, hicieron llegar a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, en que condenan el aislamiento de Salgado García, quien hoy viernes 21 de agosto cumple dos años de haber sido detenida ilegalmente por los cuerpos castrenses en la cabecera municipal de Olinalá, región de la montaña.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 180 defensoras de derechos humanos de 99 diversas organizaciones, ubicadas en 22 estados de la República y el Distrito Federal.
Los firmantes indica que han pasado casi 730 días desde que nos enteramos de la detención arbitraria de la defensora Nestora Salgado García a través de un aparatoso operativo integrado por miembros del Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Estatal y Policía Municipal de Olinalá, Guerrero, y que esta detención se había realizado sin que se le mostrara ninguna orden judicial de detención emitida por la autoridad competente, ni se le informaran las razones de su detención.
Horas después, diversas organizaciones estatales, nacionales e internacionales  denunciamos que las diversas irregularidades que plagaron su detención, evidenciaban flagrantes violaciones al derecho a la libertad personal, al debido proceso legal entre otras violaciones a sus derechos humanos.
Denunciamos su ilegal traslado al Penal de Máxima Seguridad en Tepic Nayarit y alertamos también el posible uso político del Sistema Penal mexicano para criminalizar a la defensora comunitaria por su liderazgo y papel como Comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá.
Posteriormente fuimos informadas de su catalogación como mujer con “capacidad criminal alta”; conocimos de la discriminación por su origen indígena y por el hecho de ser mujer;  y sobre todo por haber transgredido los roles socialmente impuestos y ser una mujer líder en su comunidad.
Hoy repudiamos y condenamos el confinamiento solitario del que es objeto; del cómo: el haber sido enviada a un Penal que lejos de su estado; la alejó -además del derecho a tener a la defensa de su elección- de la posibilidad de que fuera visitada por su familia y amigos; lo que ha traído graves consecuencias en su salud.
Sabemos también que igual que Nestora Salgado García, actualmente se encuentran 7 policías comunitarios presos: Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Samuel Ramírez Galvez. Integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso en Ayutla y el último integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec también de la (CRAC-PC).
La detención de Nestora Salgado García y los demás policías comunitarios presos y los delitos que se les imputan desconocen y contravienen el derecho de los pueblos indígenas a contar con sus propios sistemas  de seguridad; a pesar de que la Policía comunitaria ha sido reconocida y avalada a través de la Ley 701 del estado de Guerrero como el “cuerpo de seguridad pública,  de conformidad con los sistemas normativos de las comunidades y pueblos indígenas”.
Como Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos hemos sido testigas de cómo Agustina García; Ausencia Honorato y las demás esposas de los policías comunitarios de Guerrero; además de velar por sus hijos e hijas; de trabajar el campo para sostener a su familia, han dedicado gran parte de su tiempo a visibilizar lo que sucede en Guerrero y para exigir la liberación inmediata de las y los presos políticos de su estado.
Y es que la criminalización contra líderes sociales en Guerrero se evidencia también en los casos de María de la Cruz Dorantes Zamora, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), detenida arbitrariamente en octubre de 2014 acusada de robo calificado; así como la detención de Marco Antonio Suástegui vocero del CECOP quien desde junio de 2014 se encuentra también en prisión.
En el caso de Nestora Salgado García, si bien el 30 de marzo de 2014, fue exonerada por el Poder Judicial federal el cual revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada, en modalidad de secuestro, y ordenó su libertad inmediata respecto de ese delito, reconociendo la legalidad de las funciones de la policía comunitaria de Guerrero, esto no redundó en su liberación.
A pesar de las medidas cautelares otorgadas el 28 de enero de 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a pesar de la huelga de hambre iniciada por la defensora el  5 de mayo de mayo de este año, lo único que hasta ahora han hecho las autoridades, es trasladar a Nestora Salgado García al Centro de Readaptación de Tepepan en la Ciudad de México.
Sin embargo, como defensoras de derechos humanos nuestra exigencia es su libertad inmediata y sin condiciones.
Como defensoras, la detención ilegal y arbitraria de Nestora Salgado es a todas luces un ejemplo de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México, en represalia a la labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígenas.
Hoy, a dos años de la detención de Nestora, las 180 defensoras que integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México ubicadas en 22 estados de la República y el Distrito Federal, reiteramos nuestra solidaridad y respaldo a la defensora, su familia, su comunidad, y exigimos  al Gobierno Federal y a las autoridades del Estado de Guerrero:
·La inmediata e incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado García y de los demás presos políticos del estado de Guerrero y de nuestro país.
·Reparación integral del daño para la defensora y su familia.
·Garantías de seguridad para la familia de la defensora y sus defensoras/es.
·Acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte de las autoridades del estado de Guerrero para la defensora, su familia y la comunidad afectada por la detención ilegal de la defensora.
·Un sistema judicial autónomo e independiente y el cese del uso político del sistema penal mexicano para criminalizar a los liderazgos sociales.
·Cese a la criminalización de las y los líderes del movimiento social, y contra las y los defensores de derechos humanos.
Como Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México denunciamos también la criminalización contra otras defensoras como es el caso de Jaqueline Santana y Gabriela Hernández en Distrito Federal;  Bettina Cruz, Eva lucero y maestras del magisterio democrático en Oaxaca; Alma Barraza en el Estado de Sinaloa, Rita Amador en Puebla; entre muchos otros casos.
Continuaremos la exigencia nacional e internacional para la libertad de Nestora y reiteramos que continuaremos exigiendo la garantía de ejercer nuestro derecho a defender los derechos humanos en condiciones de libertad y seguridad en Guerrero y en todos los estados de nuestro país.
Estuvo presente Ruby Rodríguez Salgado, Hija de la defensora comunitaria Nestora Salgado; Yakiri Rubio junto con su madre y padre; Ignacio del Valle del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
En el panel: Amanda Rivero, Abogada en México de la Defensora Comunitaria Nestora Salgado; Alejandra Gonza, abogada de la Defensora ante las instancias internacionales; Atziri Ávila, Coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México; Obeja Negra, integrante del Comité de Mujeres #NestoraLibre y de Batallones Femeninos; Daniela Villanueva, integrante del Comité de Mujeres #NestoraLibre y Jaqueline Santana, ex presa por táctica política, activista y defensora de los derechos humanos.

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