martes, 12 de diciembre de 2017

NOTA

Media luna , conflicto entero
Manuel Nava.--En los años recientes, los conflictos entre las comunidades campesinas y las empresas mineras ubicadas en Guerrero se han venido haciendo frecuentes y han escalado. El argumento de los pobladores radica en el daño ambiental, particularmente tierra de cultivo y agua, más los trastornos de salud.
En Guerrero hay 600 concesiones mineras, de las cuales nueve o 10 resultan relevantes y en ellas existe inversión nacional y extranjera, que proviene básicamente de
Canadá.
A partir de 2004, el creciente apetito de China por los minerales que abastezcan a sus industrias, entre ellas la de la construcción, propició que los precios de la plata, el oro, el cobre, el níquel y el hierro se incrementaran hasta alcanzar máximos históricos sin precedentes que a su vez alentaron al desarrollo de  nuevos proyectos mineros.
México tiene 15 importantes proyectos de exploración y producción, localizados señaladamente en comunidades indígenas, y Guerrero es una de las entidades en las que, desde mediados de la década pasada llegaron los nuevos asentamientos.
El pasado 3 de noviembre se inició un paro de labores en la minera Media Luna, operada por la firma canadiense Torex Gold, en demanda de la cancelación del contrato laboral con el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ante las anomalías, atropellos e injusticias y malos tratos que ha cometido la empresa minera en su contra con el respaldo del sindicato cetemista por lo que piden  agremiarse al STMMSRM pero lejos de entablar el diálogo existen amenazas de despido por parte de la empresa.
Aun cuando se trata de una circunstancia muy específica, el contexto lo constituyen 103 conflictos sociales detonados por megaproyectos mineros a lo largo del país durante el actual periodo de gobierno federal. En Guerrero hay cuatro movimientos de resistencia contra esa industria extractiva.
Con una inversión de 800 MDD, la empresa de Fred Stanford ha traído beneficios, pero hay otro sector que denuncia la contaminación que produce, por las actividades que se realizan a cielo abierto.
Torex Gold es una de las decenas de mineras canadienses que llegaron a México atraídas por sus bajas cargas fiscales y leyes que permiten extraer el oro con prácticas prohibidas en muchos países, incluidos Estados Unidos y Canadá. Aunque  la reforma a la Ley Minera de 2014 ha propiciado algunos cambios.
Durante el año en curso 16 movimientos sociales se han intensificado en lo que va del año. Entre ellos, el de Cocula, Guerrero.
En 2011, la minera Media Luna firmó un contrato con el ejido de Río Balsas para la ocupación temporal de 1,229 hectáreas con un pago de 227 millones de pesos y firmó otro en 2012 con  el Ejido Real de Limón por 697 hectáreas con un importe de 131 millones. Al ejido de Nuevo Balsas rentan 115 Has. Donde en una porción, instaló  depósitos y el resto de la extensión territorial se renta por imposición de los copropietarios. A la fecha les han entregado 8 millones 900 mil pesos.
Los pobladores señalan que desde la instalación de la minera, uno de los negociadores de la empresa llamado Andrés Recalde, se comprometió a que durante 2016, se les iba a indemnizar por concepto de daños que llegara a generar la mina a la población.
La exigencia de los pobladores es de un pago 350 millones de pesos para 700 personas que afirman haber sufrido daños por las actividades de Media Luna. La empresa sostiene que primero se debe acreditar el daño, y que posteriormente procederían a pagar en caso de que así se los ordenara la autoridad competente.
Algunos pobladores irritados, en 2015, tomaron los accesos a la mina, argumentando de que por culpa de la empresa, se habían dañado 127 motores para lanchas por el material pétreo que se resbaló hacia el vaso de la presa. Minera Media Luna se comprometió a pagar los motores o reparar los mismos.
Se suma el argumento de que la minera contamina el aire y el agua, que por las voladuras se genera mucho polvo, lo que ha traído como consecuencia el brote de enfermedades respiratorias. También que por las explosiones los peces se han retirado y que ello ha generado pérdidas cuantiosas para los pescadores.
Pero los conflictos ya traían una cauda, desde que se iniciaron las obras para la explotación.
Obligados a pagar protección
Los camiones que traían la maquinaria pesada fueron obligados a pagar protección. Después varios empleados de la obra, fueron secuestrados, y siguieron las extorsiones, el descubrimiento del cementerio clandestino de Cocula durante la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y, los bloqueos de comuneros de la zona, inconformes por los daños al medio ambiente y por no haber sido consultados en la instalación de la minera.
Durante 2011, la empresa recibió mensajes de la delincuencia organizada pidiéndole pagos millonarios.
Durante el periodo 2011-2015, algunas empresas ubicadas en la llamada ruta dorada cerraron sus puertas. Tal fue el caso de La belga Nyrstar que dejó Campo Morado y anunció la venta de todos sus activos mineros, disuadida por la inseguridad y la canadiense Goldcorp, a la que también le secuestraron trabajadores, anunció ese año la venta de sus activos en Los Filos.
De los 600 o 700 empleos directos y los mil indirectos que genera Media Luna, sólo entre 10 y 15 por ciento corresponden a trabajadores de la zona… y se trata de puestos de menor escalafón.
La minera presentó el 17 de enero de 2017, un convenio de Capacitación y Adiestramiento para insertar a una mayor proporción de locales en su planta.
Entre las obras de beneficio a los habitantes, la minera pondera la minera la reubicación de 160  familias de rancherías cercanas a la mina, a una zona residencial donde se dispone de todos los servicios: agua, drenaje, áreas infantiles y templos.
Pero no todos están de acuerdo con estas mejoras. Hay un grupo pequeño que presiona a la minera para recibir dinero y exige el pago de  500,000 pesos anuales a cada comunero por los daños ambientales ocasionados y ha solicitado la mediación del gobernador y de organizaciones externas, como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) como forma de presión.
La reforma de agosto de 2014, a la Ley Minera, establece un “derecho especial a la minería”, mediante el cual obliga a los propietarios de concesiones y asignaciones mineras a realizar un pago anual de derechos sobre minería del 7.5 por ciento sobre la utilidad, el cual se calcula con base en la diferencia entre sus ingresos y ciertas deducciones a las que tienen derecho con  el propósito de apoyar el desarrollo social y económico de las zonas cercanas a las minas, pero una gran verdad es que esto aún no se ve reflejado en Cocula. (siempre.mx).

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