jueves, 12 de marzo de 2020

NOTA CON FOTOS

Primera coordinadora en la historia
de la CRAC, Felícitas Martínez Solano

Texto: Jacob Morales Antonio/Fotografía: Cortesía Felícitas Martínez y Oscar Guerrero.--Felícitas Martínez Solano sale a pie de su comunidad Potrerillo Cuapinole en San Luis Acatlán, municipio de la Costa Chica. El camino es obscuro, pero la acompaña su padre, Maximiliano Martínez Galeana. Tienen que llegar a un lugar donde haya transporte para seguir hasta Chilpancingo. Ahí estudiará su bachillerato.
Durante los próximos tres años hará su vida sin la ayuda económica de su familia. Ellos se quedaron en su pueblo esperando la siguiente cosecha de maíz y frijol.
Felícitas, una mujer me’phaa se abre camino en Chilpancingo al terminar su bachillerato, cursó la carrera de derecho en la Universidad Autóno
ma de Guerrero (Uagro). Poco después se convirtió en la primera coordinadora de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), uno de los cargos más importantes dentro del sistema comunitario.
Esa es la mayor jerarquía dentro del primer sistema de seguridad comunitaria de Guerrero, fundado en 1995; actualmente es senadora suplente de su ex compañera de organización, Nestora Salgado García.
Los coordinadores de la CRAC-PC son los encargados de analizar y exponer los casos de los detenidos ante la Asamblea –órgano máximo de decisiones–, en ellos recaen las investigaciones y el análisis de las situaciones. Propondrán las sanciones que determinará la Asamblea.
En este sistema, la base son los policías comunitarios, continúan los comandantes, después los coordinadores y hasta arriba los consejeros, las personas respetables de cada comunidad o que ya ocuparon el cargo de coordinador.
Aunque hizo historia al ser la primera mujer coordinadora, mujeres como Asunción Ponce Ramos, una mujer na savi originaria de Cuanacaxtitlán, le habían puesto el ejemplo. Doña Asunción no sólo ayudó a fundar la CRAC sino que ha sido consejera y pieza clave para el sistema comunitario, así como Felícitas.
Para ella convertirse en coordinadora no fue su principal anhelo. Sí lo es luchar por la justicia y derechos de mujeres de las comunidades vecinas de su lugar de origen, por esa razón estudió Derecho. En esa lucha se plantó desde los ocho años, luego del asesinato de su prima, Albina Martínez Paulino, cometido por un pretendiente casado: la violó y la asesinó con el mismo machete con la que la muchacha trabajaba en el campo.
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Al primer canto del gallo y entre los anuncios del altavoz matutino –medio de información común en los pueblos– pega un salto de su cama, corre a la cocina. Tiene que ayudar a preparar el desayuno, barrer, lavar la ropa, acarrear agua del río, ir al mercado, a cambio de tener un techo y la comida que sobraba.
Para estudiar la secundaria vivió en la casa de una familia de la cabecera municipal de San Luis Acatlán, donde su padre la llevó y la encargó. Aun con sus carencias soñaba que su hija se preparara y, en un tiempo no lejano, la imaginaba dando clases en su misma comunidad.
Felícitas dice que en esa casa es donde sufrió la mayor discriminación que recuerda. Los hijos de los caciques con los que vivía iban a clases por las mañanas; mientras que ella y otros adolescentes indígenas de su edad asistían por las tardes. La “indiada”, les decían.
Sus días de quehaceres en casas ajenas no terminaron. Estudiar el bachillerato fue otro reto, pero ahora en Chilpancingo, con otra familia que la adoptó. “Al menos me pagaban cien pesos al mes”, comenta.
En la capital ella se mantuvo económicamente los tres años que cursó la preparatoria 9 de la Uagro. Hasta que terminó esos estudios regresó a su pueblo.
En Chilpancingo vivió toda una travesía, desde aprender a cruzar las calles con los semáforos, porque todo era nuevo para ella, y mejorar el idioma español que comenzó a prender en su niñez.
Al término de la preparatoria su padre la trató de convencer de estudiar para maestra normalista, pero se negó. Su temor fue no tener autoridad frente a grupo, por su estatura baja y llegar a otra comunidad apartada del estado, pero también valoró el costo de los materiales escolares.
Felicitas optó por entrar a la licenciatura en Derecho en la Uagro, influenciada por el asesinato de su prima de 27 años.
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Antes de concluir sus estudios universitarios ingresó al Consejo guerrerense 500 años de resistencia indígena para hacer su servicio social por seis meses. Conoció a la amuzga Martha Sánchez Néstor, una activista defensora de derechos humanos, quien la anima a ir a un curso sobre derechos sexuales y reproductivos que impartió la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas.
En ese espacio se dio cuenta de lo valioso que es ser indígena y conocer más sobre los derechos de los pueblos originarios. Aunque también conoció la desoladora omisión del Estado mexicano.
Cirino Plácido Valerio –fallecido promotor y fundador de la Policía Comunitaria– fue uno de los que inició a documentar desde Guerrero la lucha zapatista en Chiapas y su primer contacto en la CRAC-PC. Él la invitó a acercarse a la organización.
En 1999 se integró a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), donde colaboró y participó en la realización de un libro sobre la mortalidad materna en las comunidades indígenas de la Costa Chica y la parte baja de región Montaña. Ambas zonas indígenas que le atravesaban el cuerpo.
Hay otra etapa que no olvida en ese periodo. Se enfrentó de manera directa junto a las parteras tradicionales al machismo y la discriminación de los doctores. Fueron increpadas y echadas por los encargados de la jurisdicción sanitaria 06 con sede en Ometepec, Costa Chica que abarca 15 municipios. El esfuerzo fue reconocido después por los mismos doctores.
En ese mismo año, cumplió el sueño que tenía su padre, ejerció durante seis meses como maestra municipal en la escuela primaria de su natal Potrerillo Cuapinole, al mismo tiempo, ya con sus estudios, la nombraron secretaria de la Comisaría Municipal, el primer cargo que ocupó dentro del sistema de autoridades de su pueblo y que le dio la oportunidad de participar en las asambleas de la comunidad.
Un día se animó a asistir a una de las asambleas de la CRAC-PC en la comunidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec. Salió con sus dos hermanos a pie de Potrerillo del Rincón: un camino de dos horas la esperaba. A sus hermanos, Martín y Ángel, policías comunitarios en ese año, les tocó llevar a los detenidos por delitos como el robo de animales, la tuvieron que dejar en un paraje para que continuara sola hasta la reunión. Por estrategia, los presos tenían que estar en otra comunidad cercana.
Felícitas llegó sola. Esa reunión marcó un reencuentro con un viejo conocido, uno de sus compañeros de la preparatoria 9 de Chilpancingo, quien ahora era policía estatal. Ese día el gobierno de Guerrero preparó todo un operativo para detener a los policías comunitarios, encabezado por el entonces sub-procurador en región Montaña, Joaquín Juárez Solano.
“La comunidad parecía rodeada de zopilotes de negro. Ellos (los policías) estaban en los cerros. Toda la comunidad estaba rodeada. Mi ex compañero que era policía me dijo que iban a detener a todos los policías comunitarios, sin saberlo le dije que no iban a poder que iban a salir mujeres, niños y hombres con piedras y palos y los iban a correr”, recuerda.
Después de la reunión se enteró de una estrategia que la CRAC-PC ya había preparado ante la llegada de los elementos estatales. Los presos fueron ubicados en la comunidad de Tierra Colorada.
“Fue una asamblea fuerte, el sub-procurador salió huyendo”, dice Felícitas después de que las autoridades le explicaron cómo aplicaban la justicia oral. En una Asamblea citaban a los afectados y llevaban a los detenidos y lo robado, ya sean animales o pertenencias. El pleno de la Asamblea decidía si era responsable o no y el método de reeducación a los inculpados.
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En una asamblea regional, en el contexto del décimo aniversario de la organización, realizado en octubre del 2005 en la comunidad de Pueblo Hidalgo, San Luis Acatlán, se aprobó la participación de la mujer dentro de la estructura organizacional de la CRAC-PC.
Felícitas cuenta que las mujeres ya participaban desde antes, pero sin ser reconocidas. Tenían derecho a voz y voto, pero sin ocupar cargos dentro del sistema comunitario.
Cuando se trataba de juzgar un caso donde las señaladas eran mujeres, se recurría a las dirigentes de la Unión Regional Campesina y la organización productora La Luz de la Montaña, dos organizaciones que funcionan en Costa Chica. Carmen Romero Aburto fue una de las mujeres que apoyó sin un reconocimiento esos casos.
En las mesas temáticas que se realizaron en ese 2005, sobre derechos humanos, seguridad y justicia, Felícitas propuso junto a Inés Fernández, una mujer me’phaa que fue violada por militares en 2002 casi al mismo tiempo que Valentina Rosendo, quienes lograron  setencias contra el Estado mexicano por sus casos; la integrante de la Unión Campesina, Carmen Romero Aburto y la del Consejo Guerrerense, Catalina García Rodríguez, que las mujeres tuvieran el derecho de ser autoridades, y sin mayores cuestionamientos el punto fue aprobado por los hombres.
Para el 6 de febrero del 2006 fueron relevados los comandantes regionales, y cuatro coordinadores. Felícitas fue elegida coordinadora para el 2006-2007, y repitió para los siguientes (2009-2010 y 2011-2012) en la comunidad de Potrerillo del Rincón.
Ella recuerda que en la asamblea había cinco mujeres, Apolonia Plácido Valerio, Catalina García Castillo, Carmen Ramírez Aburto, Patricia Salas y ella, identificadas por las autoridades y los pobladores como “las casadas con hijos, la casada, la que manda a su marido y la soltera”.
El último adjetivo fue adjudicado a Felícitas, mismo que influyó en su selección, porque los hombres, con el control de la organización, evaluaron que se dedicaría de tiempo completo.
Las cinco mujeres ya la habían elegido a ella para que ocupara el cargo. Su nueva encomienda la compartió con los compromisos que aún tenía con la Conami, una de ellas asistir casi un mes a un foro a España para hablar de los casos de mortalidad materna en México.
Las autoridades le autorizan la salida por un mes, dejó en su puesto a una compañera, quien a su regreso ya se había ganado el respaldo de los tres coordinadores hombres, por tener en sus manos las finanzas de la CRAC-PC.
Felícitas fue ignorada y despreciada. De hecho en los documentos ya no aparecía su nombre como coordinadora, sino con una etiqueta de “participación de la mujer”, pero luego recuperó su nombramiento y su autoridad.
En el desempeño de sus funciones se enfrentó a las imposiciones de los tres coordinadores hombres, pero su conocimiento y formación la ayudaron.
Uno de los casos emblemáticos para ella fue lograr el reconocimiento del hijo de una mujer rechazada sólo porque su pareja la vio platicar con otro joven. Los coordinadores validaron la versión del varón. Felícitas logró que él aceptara su paternidad.
Por ahora, la ex coordinadora comunitaria está dedicada a la crianza de sus hijos. Reconoce que aún falta mucho para que las mujeres se integren de lleno a la CRAC-PC. Todavía no les abren espacios para ser policías o comandantas. (amapolaperiodismo.com).

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