𝗡𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗲𝗺𝗯𝗲𝘀𝘁𝗶𝗱𝗮 𝘁𝗿𝘂𝗺𝗽𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗮𝗵𝗼𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗼

 Fernando Hinterholzer Diestel

Una vez terminada la “guerra de los 12 días”, que había dado cierta tranquilidad a México de no estar en la mira de Estados Unidos, de inmediato y sin aviso alguno, volvieron las acusaciones desde Washington. Ahora por parte del Departamento del Tesoro de narco-lavado para el Cártel de Sinaloa para dos bancos y a la casa de bolsa Vector. Y horas después, la fiscal Pam Bondi, de manera directa se refirió a nuestro país, como uno de los “adversarios” de EU, junto con Irán, Rusia y China, en muy pocas ocasiones de la relación bilateral Mex-EU, el gobierno norteamericano había hecho dos señalamientos tan graves y directos hacia México, como en los últimos días. De entrada, al incluirlo en su lista de “países adversarios extranjeros”, un rango que evoca un riesgo para la seguridad del país de las barras y las estrellas y, después, al identificar a un personaje clave a López Obrador “como facilitador de actividades criminales”. Estas acciones no sólo constituyen un nuevo capítulo en la relación bilateral, sino que ponen en evidencia una percepción internacional afianzada: que el Estado mexicano dejo de ser un socio confiable y estaría transitando, según sus análisis, “hacia una estructura colapsada, tolerante o incluso promotora del crimen organizado desde el poder”. La información se maneja a tal nivel que analistas como muy prestigiados coinciden en que estas acciones reflejan un diagnóstico compartido en el Congreso y en las agencias de seguridad de ese país: “el poder político mexicano ha sido infiltrado por estructuras criminales con capacidad de decisión y protección institucional”.

Mafias criminales, y dirigentes y capos de la droga vuelven a aparecer la semana pasada, en Estados Unidos como un grave problema, para ese país y para México. El ojo del huracán, al menos en lo que se investigan las acusaciones, están sobre políticos y empresarios muy cercanos al expresidente mexicano, quienes también forman parte de las élites mexicanas cuyas relaciones se extienden mucho más allá del gobierno anterior. En el punto focal se encuentran Alfonso Romo, el empresario que fue el jefe de Oficina de López Obrador al iniciar su sexenio, y Manuel Bartlett, quien fue director de la Comisión Federal de Electricidad, también muy cercano al expresidente. Romo es el dueño de Vector Casa de Bolsa, que pertenece a Vector Empresas, del cual es presidente, y quien señalado ayer por el área de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) como una de las tres instituciones mexicanas sospechosas de lavar dinero procedente de las ganancias del tráfico de fentanilo, a las que sancionaron administrativa y civilmente. El nombre de Bartlett apareció nuevamente en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, donde los fiscales que llevan el caso de Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del extinto Cártel de Guadalajara, señalaron que van a dar a conocer las grabaciones de tortura que ordenó en 1985 contra el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. De acuerdo con extractos del expediente y testimonios de testigos protegidos, Bartlett estuvo en el lugar donde torturaron y asesinaron al agente de la DEA. Bartlett siempre se ha declarado inocente, pero la investigación por su probable participación en aquel crimen continúa abierta y esta vez llegara hasta sus últimas consecuencias.

Los dos nuevos componentes le dan al presidente Trump mejores elementos, para seguir presionando al gobierno mexicano, los cuales coincidieron con una audiencia en el poderoso Comité Judicial del Senado en Washington, donde el jefe de la oficina de la DEA en Los Ángeles, insistió en que “los cárteles mexicanos están fuertemente involucrados en actividades terroristas sofisticadas”. “A esto es a lo que nos enfrentamos, cárteles paramilitares con alcance global, asesinando familias y vigilando a personal estadounidense en nuestro propio territorio”, agregó. “Esto no es sólo crimen; esto es terror”. Al designar Trump a seis cárteles mexicanos como organizaciones trasnacionales extranjeras terroristas, que representa la acusación general mediante el cual el FinCEN ha señalado a “Vector Casa de Bolsa de haber lavado millones de dólares del Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021” y del Cártel del Golfo en 2023. También acusaron que, entre 2018 y 2023, “pagaron más de un millón de dólares a empresas chinas que han sido identificadas como parte de la red que transporta precursores químicos a México para fabricar drogas sintéticas”. Los señalamientos del FinCEN son muy graves en los tres casos, pues, aunque no hay señalamientos directos de que los dueños estuvieran al tanto de operaciones financieras de los cárteles de las drogas y empresas chinas transportadoras de fentanilo ilegal, pero si los encontró responsables de los delitos porque, a través de ellas, se realizaron transacciones electrónicas, aplicando con todo rigor el decreto de Trump contra los cárteles mexicanos.

Las acusaciones del Departamento del Tesoro norteamericano tomaron desprevenidos al gobierno mexicano.  La Secretaría de Hacienda informó que actuaría “con todo el peso de la ley” si el Tesoro les daba pruebas de los vínculos de las instituciones financieras con actividades ilícitas. Lo más sorprendente del comunicado oficial no es lo que dice, sino lo que no dice: “la acción del FinCEN fue unilateral. Ni les informó previamente, ni pidió su cooperación en esta investigación, como sucedía en el pasado”. La sigilo del gobierno de Estados Unidos en sus investigaciones contra los cárteles criminales mexicanos y sus capos ha sido una característica notable desde la captura del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López el año pasado en Sinaloa, durante el gobierno de Biden, y que continuó en el de Trump con acciones de espionaje sobre territorio mexicano, exhibiciones militares por aire y tierra en los mares internacionales frente a las costas mexicanas, la cancelación de visas a políticos del régimen y la negativa reiterada de no darles información sobre lo que han estado haciendo. Tanto el gobierno del expresidente como el de la presidenta Sheinbaum han sido mantenidos en la oscuridad de las iniciativas y acciones de Estados Unidos contra los cárteles, y está entregando a cuentagotas información. En redes sociales y en medios de comunicación se desataron las especulaciones sobre el caso que, otra vez, detonó EU. En los próximos días podrían surgir más nombres, más cuentas, más vínculos. Lo que está en juego no es sólo la relación bilateral ni la lucha contra el narcotráfico. Está en juego la credibilidad del gobierno mexicano, que prometió ser diferente, pero hasta ahora se ha limitado a proteger a los suyos, incluso cuando las alarmas suenan desde Washington.

Es casi seguro que Washington exija una cooperación aún más estrecha, con intercambio de información en tiempo real, revisiones conjuntas y, en su caso, la extradición de funcionarios o banqueros si se llegaran a comprobar su culpabilidad. Además, no se puede desechar que la Casa Blanca utilice este asunto como pretexto para fortalecer otras áreas de la relación bilateral, como el comercio, la migración o la inversión extranjera, obligando a México para que aceptar reformas legales y regulatorias más plegadas con los estándares estadunidenses. ES CUANTO

𝘼𝘿𝘿𝙀𝙉𝘿𝙐𝙈: el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, puso en marcha una flotilla de drones artillados que serán utilizados por la Guardia Estatal en la frontera de Chiapas. Con la adquisición de equipo de alta tecnología, como sistemas de vigilancia avanzados, vehículos blindados y armamento moderno es parte de la estrategia del morenista para cumplir con la promesa que hizo durante su campaña de “devolver la paz” al estado. Habrá que recomendarle a la Gober de Guerrero para combatir a los Ardillos, los Tlacos y la Familia Michoacana que asolan la entidad suriana.

#𝘌𝘹𝘪𝘨𝘪𝘳𝘭𝘦𝘊𝘭𝘢𝘶𝘥𝘪𝘢𝘤𝘶𝘮𝘱𝘭𝘢.