POLICRONICA

  Retroceso…Cuando parecía que Guerrero estaba a la vanguardia a nivel nacional, cuando el desaparecido gobernador priísta el visionario José Francisco Ruiz Massieu, fundador del Fondo de Apoyo a los Periodistas (FAP) demostración política de respeto al oficio, pero ahora que gobierna el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se retrocede, no solo con censurar, sino hasta amenazar con cárcel a los comunicadores por dar a conocer supuesta información “clasificada”.

Esto, luego de que hace una semana, se difundiera información por algunos periodistas y medios de comunicación de que varios presidentes municipales no habían solventado en tiempo y forma las observaciones de sus cuentas del 2012, que les había hecho la Auditoría General del Estado, que mal dirige Arturo Patabán López, quien días después interpuso una demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia contra los que resulten responsables, por la filtración y difusión, entre ellos los periodistas y medios que dieron a conocer esa información de manera extraoficial, pero al parecer era “clasificada”, pero finalmente no era secreto de “Estado”, sino que es dinero del pueblo, además en nuestra Constitución, por cierto recién “parchada”, no contempla ninguna sanción para quienes difundan ese tipo de información. Sin embargo hubo algunos aludidos como el propio Latabán López y exalcaldes, entre ellos los priístas los diputados locales y federales plurinominales Héctor Antonio Astudillo Flores y Manuel Añorve Baños de que no habían solventado cien millones de pesos, y más de 700 millones de pesos, ambos pusieron el grito al cielo, cuando también está entredicho su honestidad en el manejo transparente de los dineros del pueblo. Total, que se dio la pelotera, que hasta salió a la palestra el auditor especial, Cuauhtémoc Tavarez Juárez, señalándolo indirectamente de haber “filtrado” la información a la prensa, por ende también se puso los guantes para estar en el ring contra su jefe Latabán López. El lunes y martes, un grupo de periodistas se movilizaron, primero se entrevistaron con el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, quien se mostró tibio, esquivo para defender la libertad de expresión y el derecho a la información, y después este martes se fueron al Congreso Local, encontrándose al menos que el presidente de la Comisión de Gobierno el perredista Bernardo Ortega Jiménez se había deslindado de lo que había afirmado el diputado local perredista Oscar Díaz Bello, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública quien exigía a dos reporteros e igual número de medios a revelar sus fuentes. Una actitud aberrante, y para vergüenza del Partido de la Revolución Democrática, porque se supone que son gobierno de izquierda, y que no son intolerantes, pero se impuso la intolerancia. Ante esto,  un grupo  de reporteros de diversos medios de comunicación protestaron en el pleno del Congreso del estado  este martes para exigir respeto a la libertad de expresión y a la secrecía de las fuentes de los periodistas. Los inconformes reprocharon las insinuaciones de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública encabezada por el perredista Oscar Díaz Bello, al exigir que dos medios informativos y sus respectivas reporteras revelaran quien les filtró información que se pretendía ocultar. Cerca de la una de la tarde  de este martes cuando iniciaba la sesión ordinaria en el poder legislativo, cerca de 30 reporteros y fotoreporteros se pusieron de pie y desde las galerías para el público, en donde tienen también un espacio para la prensa levantaron carteles en repudio a las acciones de la Comisión de Presupuesto y la Autoriía General del Estado (AGE).  Esta protesta surge  luego de que los diputados que encabeza dicha Comisión y la AGE pretenden obligar  a reporteras de El Sur y La Jornada Guerrero que revelaran sus fuentes de como obtuvieron  la información sobre las observaciones de las cuentas públicas 2012 de varios municipios y, en la que se vieron afectados varios ex alcaldes, entre ellos los diputados priistas Héctor Antonio Astudillo Flores de Chilpancingo y Manuel Añorve Baños de Acapulco. Durante la protesta, por medio de consignas se requirió a  los diputados locales respeto al trabajo periodístico, sin embargo, en respuesta la mesa directiva trató de acallar amagando con sacar de la sala de plenos a quienes estuvieran manifestándose. Esto provocó la molestia de los comunicadores que arreciaron sus gritos y consignas, exigiéndole al diputado Oscar Díaz Bello (ahí presente) que diera la cara.  Entonces salió al paso el diputado local del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, quien serenamente trató de frenar la protesta, previo a la sesión, para ello subió hasta las galerías de los reporteros (acto que muy pocas veces se da). Ahí, los comunicadores exigieron una reunión con las comisiones de Gobierno y Presupuesto, por lo que se acordó  que sería minutos más tarde. Luego de la protesta, los diputados que integran la Comisión de Gobierno (excepto el del PT, Jorge Salazar Marchán) y el diputado Oscar Díaz se dirigieron a la sala “José Francisco Ruiz Massieu” para atender a los inconformes y para que vea que coincidencia, el hombre que escribíamos al principio, fue gobernador de Guerrero por allá en los 90’s, y con esa visión que tenía, su gobierno creó mediante decreto una Ley y el Fondo de Apoyo de los Periodistas, que no es otra cosa que protege en varios aspectos a los comunicadores, entre ellos un seguro de vida, respeto a su trabajo, sin embargo ahora los actores políticos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tratan a toda costa no solo censurar el trabajo, sino hasta meterlos a la cárcel, que en verdad es un retroceso en la historia del periodismo en Guerrero.  Ya reunidos en la sala de juntas, Citlal Giles de La Jornada Guerrero leyó un comunicado en el que solicitó una retractación pública del diputado Oscar Díaz Bello y la Auditoría General del Estado (AGE), de la solicitud que hicieron a tres reporteras y sus respectivos medios de comunicación, para que revelaran quién les filtró las observaciones que se publicaron en dichos medios. Por ello, la AGE interpuso una denuncia de hechos en la que se solicitó una investigación para dar con el responsable de haber filtrado la información, por lo que se exigió que se desistan de esa acción penal.  Destacó que se trata claramente de un acto de intimidación y que los legisladores, deben saber que los periodistas tienen derecho a mantener en secreto los nombres de las fuentes que otorgan información, así como a reservarse sus apuntes, archivos personales y profesionales, derecho consagrado en tratados internacionales, normas de carácter federal y además ha sido reconocido por el propio Congreso del Estado en su 58 legislatura que derogó los delitos de prensa.  “No venimos aquí a defender privilegio alguno sino a defender un derecho que más es de la sociedad de la que nosotros solamente somos portavoces”, les restregó en su cara la comunicadora a los diputados locales de izquierda. El Secretario de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa con sede en Chilpancingo, Erik Chavelas Hernández, también puntualizó algunos puntos de la protesta de la exigir respeto a la libertad de expresión y que el diputado perredista Oscar Díaz Bello se retractara de su postura y solicitud.  El corresponsal de Proceso, Ezequiel Flores Contreras, se sumó diciendo que un tercer punto era que se homologara el marco jurídico local con los estándares internacionales, esto tomando en cuenta que el Distrito Federal modificó el código penal donde se resalta el respeto al secreto profesional de los periodistas. El diputado priista Héctor Apreza Patrón se comprometió a impulsar las reformas necesarias y adecuarlas a este esquema para dar certeza legal a los periodistas del respeto a la secrecía de su profesión.  El diputado presidente de la Comisión de Gobierno el perredista Bernardo Ortega Jiménez afirmó que la postura de Oscar Díaz Bello es particular y en ningún momento se hizo de manera colegiada, la exigencia en mención. Aseguró que el legislativo ha sido respetuoso y, sonriente dijo que los diputados “sí” conocen la Ley, destacando que “es de humanos equivocarse”, por lo que pidió al diputado Oscar Díaz Bello que otorgara una respuesta a las exigencias. Oscar Díaz Bello afirmó que hubo un mal entendido en todo esto, sin embargo ofreció una disculpa por medio de los propios reporteros que ahí estaban presentes, destacando que nunca ha buscado ofender o agredir a la prensa. “Si se malentendieron las cosas yo, de antemano les pido una disculpa como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Que no les quepa la menor duda que hemos sido respetuosos y seguiremos siendo respetuosos de lo que ustedes publican, eso no tengan la menor duda. Si ofendí a alguien o se sintieron ofendidos yo les pido una disculpa aquí públicamente”. Los tres legisladores se comprometieron a impulsar las modificaciones necesarias a la Ley para respetar el trabajo periodístico en todos sus sentidos, y, de antemano llevar al pleno del Congreso un acuerdo parlamentario para que, la próxima sesión se haga un posicionamiento respecto a los puntos pactados además de una petición a la AGE para que se desista de su denuncia. En verdad que con estas actitudes de un diputado que se dice de izquierda, va en picada, cuando Guerrero ya había avanzado a nivel nacional,  ya era ejemplo  al contar con una Ley y un Fondo de Apoyo a los Periodistas, que los mismos diputados locales autorizan cada año el presupuesto. Por ello están extrañados los periodistas por este tipo de agresiones, y peor viniendo de un diputado del PRD igualteco, ante esto, el mismo Ortega Jiménez se deslindó. Si viviera José Francisco Ruiz Massieu, seguramente los volvería a rebautizar como el PRD del partido de la sangre y la violencia, y ahora parece que se vuelve a reeditar esa postura y hasta la frase. Lamentablemente el PRD va en decadencia, en lugar de demostrar que es democrático y que a los medios de comunicación se les debe otorgar todas las garantías para hacer su trabajo informativo, es todo lo contrario…Divisionismo…No andábamos mal, cuando escribimos en este espacio de que el Poder Judicial del estado de Guerrero, era una verdadera asquerosidad, pues estábamos en lo cierto, ahora se confirma  de que el Tribunal Superior de Justicia es familiar y particular,  pues nada más los 20 magistrados, utilizan el presupuesto para hacerse millonarios, y todavía más anotamos de que había nepotismo, y ahora mismo también se confirma. Estos actos de corrupción, prácticamente es nuevo, todo comenzó esa asquerosidad  cuando el corrupto y servil de Jesús Martínez Garnelo, llegó a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, y después dejarlo el cargo para irse de gato de angora del gobernador perredista, hoy en día despacha como Secretario General de Gobierno, y desde ahí sigue manejando tras bambalinas al Poder Judicial a su antojo.La asquerosidad de Martínez Garnelo, desgraciadamente se llevó entre las apestosas patas a la actual e ingenua magistrada presidenta interina, Lambertina Galeana Marín, quien por alcanzar un cargo solo para su curricula “quemó” su trayectoria como honesta administradora de justicia. Ahora es la malosa para los trabajadores que hoy cumplen 10 días de paro indefinido en el TSJ y esto sucede  porque se deja  manipular por el perverso de Martínez Garnelo, quien ha fincado su carrera casi delincuencial, tanto que fue suspendido por haber liberado un secuestrado y años después volvió como si nada, tras mover sus influencias para disque limpiar su imagen de “honorable”. En medio de esto, ahora el mismo Martínez Garnelo se ha encargado de dividir a los trabajadores inconformes, por un lado se desinforma de que muchos ya aceptaron un incremento salarial, en tato otros sigue en la lucha de que no van a ceder hasta lograr un 40 por ciento salarial, tras ocho años de vivir en el rezago, porque nunca les aumentaron, únicamente les ofrecieron, inclusive el propio Martínez Garnelo, el año pasado se apropió de tres millones y medios de pesos que eran para cubrir el incremento salarial, y desde que está en el Poder Judicial como magistrado presidente desde el 2011, nunca entregó el incremento ni siquiera el autorizado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Sin embargo los magistrados del Tribunal Superior de Justicia tienen sueldos que llegan a los 140 mil pesos mensuales, más bonos mensuales de 20 y 30 mil pesos por “su productividad y representación en actos oficiales”. Mientras que los trabajadores administrativos ganan apenas 2 mil 800 pesos quincenales. Con esta protesta que lleva casi 10 días, es un hito en la historia del Poder Judicial,  además sirve para sacar a relucir el nepotismo y el tráfico de influencias que practican los magistrados, encabezados por el ahora secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y la presidenta Lambertina Galeana Marín. El ahora magistrado con licencia Jesús Martínez Garnelo y el magistrado Julio Lorenzo Jáuregui, colocaron como jueces para adolescentes a Ever Nathanael Rodríguez, Ytania Fuentes Martínez, Eduardo Mendoza Falcón, Efrén Palacios Barbosa, Rosario Muñiz Quezada y Azucena Pineda Guillermo, los dos primeros sobrinos del presidente del TSJ con licencia y el resto recomendados de Lorenzo Jáuregui. Asimismo la magistrada presidenta encargada de despacho, Lambertina Galeana Marín, ingresó a la nómina a dos de sus hijas; una de ellas, Paloma, es su asistente personal, y Kenia es proyectista de la sala familiar y también era la encargada de la ponencia de la magistrada. La corrupción y el oportunismo salió a relucir con este paro ya que se pretendió  aprovechar por algunos vivales jueces, secretarios de acuerdo y actuarios, mismos, sin embargo, de inmediato fueron sometidos por los magistrados y su presidenta Lambertina Galeana Marín, en una reunión realizada al medio día del miércoles 2 de abril en la sala de plenos, en donde habrían sido amenazados de que si continuaban respaldando el movimiento se atendrían a las consecuencias. “En este movimiento laboral se montaron los jueces, secretarios de acuerdos y actuarios, pero ellos no van por aumento salarial, ellos tienen  buenos salarios  y otros ingresos producto de la negociación de los casos de los justiciables; sus ingresos compensan con mucho las horas extras que trabajan, pero los trabajadores administrativos no, y no se justifica su participación en el paro laboral”. No quiso quedarse atrás el presidente de la Asociación de Jueces, Leoncio Molina Mercado, aprovechó el movimiento porque quiere ser magistrado, igual el resto de los jueces y secretarios, “que solamente participaron para posicionar sus proyectos personales”. En este movimiento, no apareció la dirigente de la sección 62 del SUSPEG, Jesús Sánchez Asabay ya que el propio Martínez Garnelo la corrompió con un par de plazas para sus familiares, por ello los trabajadores lo hicieron de manera independiente. Por ello,  los inconformes denunciaron algunos jueces y funcionarios del Tribunal que participaron inicialmente en el movimiento, ya se aprestan para ser designados como jueces de los juicios orales en el marco del Sistema Penal Acusatorio Oral, lo que implica una mayor retribución. Entre los “palomeados” está el presidente de la Asociación de Jueces del Estado, Leoncio Molina Mercado, quien al principio encabezó la protesta. Pero esto no es nuevo, forma parte de las prácticas añejas en el Tribunal Superior de Justicia, en donde todo es nepotismo, corrupción y tráfico de influencias, de lo que sólo se ve beneficiada la familia judicial, nadie más. Los mismos paristas revelaron mediante documento de que “en estos días se realiza el examen a quienes deberán fungir como jueces en los juicios orales y a pesar de las reservadas de la convocatoria, se conoce ya quiénes serán designados, estos son: Adrián Vega Cornejo, asesor de la presidencia del Tribunal; Leoncio Molina Mercado y Abimael Rodríguez Nava, consejeros de la Judicatura, a quienes se les retribuirá tal desempeño”. Además están considerados Lucio y Oscar Felipe Ortega Vega, hijos de la magistrada Yadira Icela Vega”. También están considerados, según este documento, Maritza Jiménez Santiago, sobrina del magistrado Vicente Rodríguez; Tanya Yamel Alfaro Zapata y Edilberto Calderón Juárez, hijos de los magistrados jubilados Eulalio Alfaro Castro y Edilberto Calderón Brito, respectivamente. Otros de los prospectos son Víctor Manuel Nava Casarrubias, sobrino de la magistrada Antonia Casarrubias García; Silvano y Gregorio Martínez Valentín, “protegidos” de los magistrados Edmundo Román Pinzón y Reymundo Casarrubias Vázquez.  Igualmente Esperanza Morales Flores y Martha Elena García Nolasco, ahijadas del magistrado presidente con licencia y actual secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo. Asimismo, en el documento se menciona a Andrés de la Rosa Peláez, quien se desempeñó como secretario general del Consejo de la Judicatura y, ahora, “será fedatario de un proceso del que será parte”. También se mencionan como posibles beneficiarios Rodrigo Ramos García, hijo de la consejera Gloria García Lemus, así como el visitador general del Consejo de la Judicatura, José Luís García Galán, es precisamente el órgano que instrumenta el proceso de selección de los jueces de los juicios orales. No son los únicos casos, cada magistrado tratará de colocar a sus recomendados evidenciándose el tráfico de influencias y nepotismo en la eufemísticamente llamada familia judicial. Los trabajadores inconformes con el procedimiento irregular en la designación de los jueces, son precisamente quienes tienen aspiraciones al cargo, por lo que exigen un proceso “público y transparente en el que se dé acceso a la prensa, y que exista la participación institucional de la SETEC  (Secretaría Técnica del Consejo de la Judicatura)”. Los mejores salarios para familiares de magistrados, es otra corrupción que impera en el Poder  Judicial, para ello va muy ligado al nepotismo, pues los magistrados y funcionarios del Poder Judicial que conforman la “familia judicial” han colocado en los mejores cargos a hijos, sobrinos, ahijados  y recomendados, a los que les asignan un salario triple con relación al trabajador que ocupa el espacio por méritos propios. Para ilustrar esto van algunos casos: la consejera de la Judicatura, Gloria García Lemus, incorporó a la nómina a sus hijos Gloria y Rodrigo Ramos García, el segundo cobra como asesor del Consejo, con un salario de 18 mil pesos quincenales. La corrupción, el nepotismo y la opacidad en el manejo de los recursos mantienen en el hartazgo a los trabajadores y de esto el principal responsable es el actual secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, público y notorio que éste sigue mandando en el TSJ desde la Secretaría de Gobierno, “eso todos en el Tribunal lo saben. Martínez Garnelo sigue teniendo el control del Tribunal en cuestiones políticas a través de la presidenta encargada de despacho, Lambertina Galeana Marín, y en la cuestión administrativa a través de un grupo de funcionarios incondicionales suyos, como el director del Fondo Auxiliar, Flavio Reyna Ponce; la secretaria de Finanzas y Administración, Rosalba Jiménez López, y el director de Recursos Materiales, Mario Francisco Pérez León.Con este paro histórico por parte de los trabajadores es el reflejo de la ingobernabilidad que existe al interior del TSJ y que con ello el Poder Judicial ya se está convirtiendo en un factor de inestabilidad en el gobierno del perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, y que el ambiente se vino descomponiendo desde la designación de Jesús Martínez Garnelo como presidente del TSJ y su posterior designación como secretario general de Gobierno, sin que haya renunciado a su nombramiento en el Tribunal, pues sigue siendo presidente con licencia. Pero lo más triste es que el gobernador le permite que siga manejando el Poder Judicial y la Secretaría general de Gobierno. También queda demostrado con esto, que es una total mentira de que hay independencia del Poder Judicial, los miembros del Poder Judicial se han sometido de manera voluntaria al mando, ya ni siquiera del Ejecutivo, sino del secretario de Gobierno por cuestiones económicas, por comodidad, por no perder sus privilegios y prebendas, o simplemente por aspiraciones políticas o intereses personales. También sale a relucir otra perversidad existe la intención del magistrado presidente con licencia, Martínez Garnelo, y de la presidenta encargada de despacho, Lambertina Galeana Marín, de jubilarse con el salario más alto que es el de magistrado presidente, para eso antes de que termine la administración estatal, Martínez Garnelo regresará a presidir el Tribunal, pero antes Galeana Marín solicitará su jubilación. Mientras tanto, la magistrada Norma Leticia Mendoza Abarca, nieta del ex gobernador Reymundo Abarca Alarcón, quien cubre a la actual magistrada presidenta y fue nombrada solamente por dos meses, previendo el regreso de Lambertina a la magistratura, también para que deje el espacio se jubilará como magistrada.