POLICRONICA

    ¿Guerrilleros?…La visión corta del gobierno de la república encabezada por el priísta Enrique Peña Nieto, se equivocó, creyendo que con nombrar un gobernador sustituto en Guerrero, con antecedentes guerrilleros de un plumazo encapsularía la protesta iracunda, presuntamente infiltrada por “radicales”.

A 17 días de gobernador sustituto del estado de Guerrero, Salvador Rogelio Ortega Martínez, no ha  mostrado firmeza en el ejercicio del poder, porque no está convencido de lo que está haciendo, pues ha declarado reiteradamente que no criminalizará la protesta social, y que antes de reprimirla, renunciaría a la gubernatura. Otra declaración, que ofrece hasta su vida, para negociar con los que tengan a los 43 normalistas desaparecidos desde hace 45 días, inclusive pagar lo que pidan los captores, hasta pidiendo prestado para cubrir la exigencia. Para muchos o pocos,  podrían calificar estos desplantes de un hombre “valiente”, otros lo considerarían como exhibicionista y hasta frívolo. En nuestro caso, lo consideramos que Salvador Rogelio Ortega Martínez, sigue dormido de la sorpresa  del “regalo” que le diera el gobierno federal para ser gobernador sustituto por casi un año, y nunca en su vida había pensado en “sacarse la rifa del tigre”, cuando mucho aspiró a ser rector de la Universidad Autónoma de Guerrero por dos ocasiones, mismas que salió derrotado. Al entrar en el lugar del perredista Angel Heladio Aguirre Rivero que nada más alcanzó a desgobernar Guerrero por tres años y medio,  de los cuatros y medio que fue electo constitucionalmente, pero se fue antes por la masacre y desaparición de 43 normalistas en Iguala de la Independencia, ahora el sustituto no sabe qué hacer con el poder, pese a que es politólogo. El antecedente de Ortega Martínez de guerrillero, es por sus ligas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), complementado con sus ideas de izquierda, entonces cuando se buscó a la persona para entrar de sustituto,  no hubo dudas de que sería la persona ideal para negociar con los maestros, a quienes el  gobierno federal y el propio ahora sustituto los califican públicamente de “radicales”, pero en sus diálogos internos de los dos niveles, para ellos son auténticos guerrilleros infiltrados en la protesta social que encabezan los estudiantes y padres de familia de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” desde hace 45 días exigiendo la aparición con vida de los 43 jóvenes normalistas y días después se incorporaron a su lucha los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en la que el gobierno identifica públicamente que hay “radicales”, pero en realidad para ellos son miembros activos de los grupos subversivos que operan en Guerrero. El 26 de octubre, asumió la gubernatura de sustituto tomando protesta con la mano izquierda, que fue un mal augurio, y al siguiente día, ya estaba siendo atendido en la residencia de “Los Pinos” como gran estadista, por el presidente de México el priísta Enrique Peña Nieto, quien le completó echándole la maldición, porque todo lo que toca el gobierno, lo descompone, por ende le habría dado “línea” para integrar su gabinete. En el primer paquete de nombramientos—sigue estando pendiente el resto-- que hizo casi una semana después, incluyó un personaje de gran nivel político, académico y luchador social, Salvador Martínez Della Rocca, conocido como “El Pino”, quien por cierto este 10 de noviembre cumplió 69 años de edad. Teniendo a Ortega Martínez como gobernador sustituto y como titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Martínez Della Rocca, bien podrían controlar la protesta de las últimas semanas por los hechos sangrientos de Iguala de la Independencia con una acción de encapsulamiento y evitar que siguiera creciendo. Con una actitud neófita del gobierno federal, consideró, primero, que Ortega Martínez, con conocimiento de cómo actúa la guerrilla podría encontrar interlocución inmediata entre los profesores “radicales” de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), porque para el gobierno federal los tiene identificados y clasificados como los guerrilleros de al menos dos grupos armados que operan en la entidad suriana, por ende Martínez Della Roca, viejo luchador social y con su amplio antecedente como uno de los líderes del movimiento estudiantil de 1968, podría también ser factor de diálogo con los maestros y conociendo la lucha social y magisteriales, sería otra pieza importante para encapsular las manifestaciones. Esto es tomando en cuenta su preparación académica como físico por la UNAM, antropólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y doctor en Sociología por la UNAM. En cuanto a trayectoria política, es miembro fundador del PRD, ha sido dos veces diputado federal (1997-2000 y 2003-2006), diputado local en el Distrito Federal (2006-2009) y secretario de Educación del Distrito Federal en la administración de Marcelo Ebrard (2012). Con este amplio currículo, el gobierno federal en coordinación con el gobernador sustituto, era el binomio ideal para “neutralizar” o encapsular, mediante el diálogo y convencimiento a los del movimiento que llevan ya 45 días en las calles, carreteras y toma de palacios municipales, principalmente con los “radicales”, identificados por el gobierno de la república vía a su gabinete de inteligencia como guerrilleros. Para ayudar a destensar el conflicto, el presidente Peña Nieto, aceptó el 29 de octubre un encuentro por más de cinco horas en Los Pinos, con los padres de los 43 normalistas de escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, aceptando 10 compromisos relativos a la búsqueda de los jóvenes, desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala de la Independencia. Entre ellos el mandatario reiteró la aplicación del estado de derecho y se comprometió a “ir al final de las investigaciones”, “encontrar a los responsables” y “aplicar la ley tope donde tope”. Pero nunca consideró el escenario de que en esa misma reunión los padres de familia, le gritarían al presidente Peña Nieta, al reprocharle de que si no podía resolverles sus demandas, entre ellas la principal, la presentación con vida de sus 43 hijos, que renunciara, eso no trascendió de inmediato, sino en los días posteriores platicado por los mismos asistentes. Esa misma tarde-noche, los padres se negaron a retirarse de Los Pinos hasta que el mandatario firmase la minuta del encuentro, misma que también  fue obligado  que lo signaran el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Debido a la presión nacional e internacional, el presidente Peña Nieto, se vio obligado  a recibir a los padres de familia, seguramente convencido por alguno de sus asesores del equipo que tiene, garantizándole de que no habría ningún problema. Pero sus miopes allegados, nunca dimensionaron el encuentro y qué repercusiones tendría, pues los familiares de las víctimas y representantes sociales, prácticamente lo tuvieron de rehén al declarar que no saldrían de Los Pinos si no firmaba un documento de compromisos, que de cualquier forma repudiarían tras conseguir su firma. Entre las torpezas de quien lo organizó, fue no haber mapeado a todos los asistentes. Por eso, cuando ya estaban dentro de la residencia presidencial, la Policía Federal detectó que entre los asistentes estaban dos jefes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y por lo menos dos importantes elementos del frente de masas del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgentes (ERPI). Tras la reunión en la misma noche del 29 de octubre, los familiares se dirigieron a la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en donde públicamente rechazaron el documento, porque no resolvía nada, por consecuencia se programaron más movilizaciones y violencia en Guerrero. En este momento, el gobierno de la república, definitivamente no puede actuar contra los presuntos guerrilleros, a quienes por ahora los califica como maestros “radicales” y el mismo lenguaje lo reitera el propio gobernador sustituto Ortega Martínez, para no decirles que son auténticos miembros de la guerrilla de los grupos subversivos EPR y ERPI. Como el gobierno de la república ya detectó a los –guerrilleros--- que dirigen el movimiento por sus actuaciones radicales y al no saber exactamente sus alcances, lanzó un alerta al estado de Guerrero, a partir del 7 de noviembre del 2014, esto después de que el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dio a conocer la captura de tres presuntos implicados en los hechos de Iguala de la Independencia, quienes supuestamente confirmaron haber asesinado y quemado a los 43 estudiantes normalistas. Como es impredecible el rumbo de la protesta, por ello, el gobierno federal adoptó medidas de prevención ante la eventual reacción “radical” de los grupos adheridos al magisterio disidente de la CETEG y a los normalistas, así como sectores sociales que exigen la presentación con vida de los 43 normalistas. La  misma tarde del viernes 7 de noviembre se ordenó “alerta máxima” a todos los elementos de las distintas corporaciones policiacas mediante un oficio que refiere que “por instrucciones del titular de la División de Seguridad Regional, y con el número de oficio PF/DSR/DGO/DGARNO/1151/2014, deben permanecer alerta e informar lo que vean en las carreteras federales y estatales”—Guerrero--todo relacionado a los normalistas de Ayotzinapa. El documento no menciona con qué fin deben de estar alertas, pero si menciona que a todo el personal policiaco se le debe instruir estar alerta para cualquier acontecimiento. En estos últimos días, los estudiantes que integran la Asamblea Popular Nacional, han realizado diversos actos, como acaparamiento de vehículos oficiales del gobierno estatal, “decomiso” de mercancías a empresas trasnacionales, marchas y bloqueos. Entonces estamos frente a un virtual movimiento guerrillero, están encendidos los focos rojos, eso no nada más lo sabe el gobierno de la república y el nuevo gobernador sustituto, sino también de los medios impresos y televisivos internacionales, por ello mucho interés en  la protesta social del estado de Guerrero, porque están  a la expectativa y de que un momento a otro podría estallar un brote guerrillero de pronósticos reservados. Esto desde luego, si el gobierno de la república, no ofrece una información apegada a la realidad de los 43 normalistas desaparecidos desde hace 45 días. No estamos haciendo apología de la guerrilla, sino que es un escenario posible por las condiciones en que se está dando la protesta social y por los discursos de cada uno de los actores responsables de ofrecer una solución contundente...Amenazas…En medio de este movimiento de exigencia de justicia y aparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, han aparecido “chilangos” encapuchados, pero no los que participan en los actos de vandalismo, sino que amenazan y arremeten contra auténticos periodistas que cubren todos los eventos  en la que también participan miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG). En los últimos días en esta entidad federativa, en medio de las manifestaciones hace acto de presencia de “chilangos” encapuchados quienes amenazan a los auténticos Periodistas que cubren las actividades de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de la CETEG. Esto sucedió durante una actividad en el punto conocido como “Tierras Prietas” al norte de Chilpancingo. Ahí aparecieron por primera vez, unas personas identificadas por los mismos comunicadores sociales  como “chilangos”, y se dijeron ser de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) quienes enfrentaron a los reporteros locales, nacionales y extranjeros a quienes de manera amenazante dijeron que eran “Periodistas de México”. A la distancia de 45 días de protestas, no se había suscitado un enfrentamiento entre “colegas periodistas”. Sin embargo habría que precisar, que ningún reportero local, corresponsal o enviado de los periódicos, televisoras nacionales y extranjeras, los conocen, peor aún, ningún auténtico periodista anda encapuchado. Esto ha generado desconfianza entre los que andan cubriendo la información de las diversas acciones que realizan los grupos inconformes, ahora adheridos a la Asamblea Nacional Popular (ANP). Ante su evidente desconocimiento del respeto entre colegas periodistas para estar en los diversos escenarios de las manifestaciones, se descubrieron estos conocidos como “chilangos”, quienes en lugar de facilitar el trabajo diario de los informadores e inclusive “acreditados” ante la CETEG, ahora estos “desconocidos” amenacen a los verdaderos periodistas. Por esa actitudes violentas y hasta de amenazas, no se descarta que estos “seudo periodistas”, en realidad sean infiltrados del gobierno federal para desestabilizar al movimiento de los normalistas y cetegistas, que insisten en no aceptar las versiones perversas del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, con su explicación entramada de la supuestas indagatorias y pesquisas en torno al caso Iguala de la Independencia y que hasta el menos informado no acepta que los 43 jóvenes normalistas hayan sido asesinatos, calcinados y aventados en seis bolsas al río “San Juan” del municipio de Cocula, región norte del estado de Guerrero, México.