POLICRÓNICA

   Notarías...Quien piense que tener una notaría pública en el estado de Guerrero, es producto de los conocimientos del derecho y la fedataria, tras un examen de oposición, está equivocado, debe haber de por medio un padrino político o familiar incrustado en las esferas del poder.

En los últimos meses y normalmente cada vez que termina un gobierno estatal, aparece la avaricia de quienes buscan tener una patente de notaría pública, que no es otra cosa que un negocio particular de por vida. En Guerrero lamentablemente se manejan esas notarías por influencias. El pasado 8 de julio, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del gobierno del estado informó que 30 licenciados en derecho presentaron al gobernador sustituto Salvador Rogelio Ortega Martínez, sus solicitudes paraa participar en el examen de aspirante a notario, aportaron su documentación e información conforme a la Ley del Notariado del Estado de Guerrero. Pero no se dio a conocer de que en esta larga lista, son pocos los abogados independientes que buscan alcanzar una notaría y que será difícil, porque carecen de un padrinazgo político. Hasta donde se alcanza a leer en esa lista, aparecen hijos de notarios, ex funcionarios y familiares del ex gobernador Ángel  Heladio Aguirre Rivero, así como funcionarios del actual gobierno del sustituto, Salvador Rogelio Ortega Martínez, son los que integran mayoritariamente la lista de los aspirantes a participar en el examen para tener derecho a una patente de notario. Trasciende que en la presente semana el gobierno del estado podría determinar quiénes cumplen con los requisitos y la documentación, para notificarles la hora, fecha y lugar de la aplicación del examen correspondiente. En un breve análisis, se alcanza a descubrir que Francisco Antonio Aguirre Gutiérrez es sobrino del gobernador con licencia, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y hermano de quien fue su asesor externo, Ernesto Aguirre Gutiérrez, así como hijo del ex presidente del Colegio de Notarios, en el gobierno de Aguirre Rivero, Juan Jesús Delfino Aguirre Utrilla. También aparece en la lista Gregorio Apreza Herrera, ex vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien tomó conocimiento de las denuncias que fueron presentadas en contra de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) e integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), por las movilizaciones, tomas de las casetas de cobro y edificios públicos, en demanda de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos y hoy en día aparece en el directorio de la FGE como coordinador de asesores. Soraya Benítez Radilla fue directora general de Administración y Desarrollo de Personal del gobierno del estado, con Ángel Heladio Aguirre Rivero, y también fue aspirante a la Auditoría General del Estado (AGE). Marco Antonio Cruz Manjarrez Salgado, ex encargado de la dirección de Asuntos Jurídicos de la AGE, y actualmente director de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). Al concluir el gobierno de Carlos Zeferino Torreblanca  Galindo solicitó también la aplicación del examen. Héctor Dávalos Cartas es hijo del ex rector de la Universidad Americana de Acapulco, Héctor Dávalos Rojas. María Antonieta Dávalos Montero es esposa de un directivo del periódico Novedades de Acapulco. Uriel Eleuterio Fernández Peláez es egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y actualmente funge como asesor general del fiscal general, Miguel Ángel Godínez Muñoz, además es socio en el despacho jurídico que Godínez Muñoz tiene en el puerto de Acapulco. Elías Fierro Rivera es abogado litigante egresado de la UAG y colaboró en la notaría pública número 1 de Chilpancingo con Juan Pablo Leyva y Córdoba. Yolanda María Fraga Liévano es nuera de quien fue director de Asuntos Jurídicos en el gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero, Efraín Cardoso Miranda. Alejandro García Gutiérrez es hijo del notario número 1 del distrito de Alarcón, con sede en Taxco, Alejandro García Maldonado. Ana Catalina García Ramírez es hija del notario número 10 del distrito de Tabares, con sede en Acapulco, Miguel García Maldonado. Juan Pablo Leyva y Lasso es hijo del notario número 1, con sede en Chilpancingo, Juan Palo Leyva y Córdoba. Cristian Alberto Montaño Aguilar es delegado del Registro Público de la Propiedad en Zihuatanejo. Jorge Bernardo Ochoa Jiménez es hijo del notario número 3 de Acapulco, Jorge A. Ochoa. Francisco Javier Salgado Coronel es hijo del ex coordinador del Ejecutivo del gobierno estatal y ex secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez. Salgado Coronel fue subsecretario de Seguridad Pública al inicio de la administración del gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero, pero dimitió cuando la administración aguirrista fue señalada de nepotismo. Lázaro Vega Morales, abogado litigante que trabaja en la notaría número 1 de Zihuatanejo, y Manuel Zurita Allec, es subgerente jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo en Zihuatanejo. Julio César Vargas Calvo es delegado regional del Registro Público de la Propiedad en Zihuatanejo.Hay una lista al parecer de abogados litigantes que carecen de un padrino político, no se encontraron antecedentes de ser familiares o recomendados de alguien, busca una patente de notaría pública de manera independiente, cosa que dudamos, porque son pocas las que se van a entregar y la intención del gobierno del estado que encabeza Ortega Martínez, es que se entreguen a los familiares de los “cuates” para garantizarles su futuro. Entre los que no tienen al parecer “padrino político”, está  Balfré Marcelo Morales Martínez, es abogado litigante. Así como Simón Morales Sosa. Ramos Rodrigo Ortiz D’ora, abogado litigante egresado de la Universidad Loyola del Pacífico. Isidro Robles Leyva es abogado litigante.Alfredo Rodríguez Vega es el corredor público número 4 de Acapulco.Ramón Santos Silva es abogado litigante. Fidel Serrato Valdez es corredor público y dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Acapulco. De Ma. Del Carmen Sosa Salazar no se encontraron antecedentes. En tanto Patricia de los Ángeles Arista Hernández es abogada litigante, de la que no se encontraron mayores antecedentes. Brenda Deyanira Alarcón López; de ella no se tienen mayores antecedentes, salvo que es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Loyola del Pacífico, en Acapulco, en 2009. Abogados consultados, coincidieron que no saben de sus antecedentes como profesionista en derecho notarial. Jesús Galeana Sánchez es litigante, representante legal de los ejidatarios de Plan de Los Amates, municipio de Acapulco, y quien logró obtener un amparo a favor de los campesinos, para la suspensión de la expropiación de 29 hectáreas que pretendía el gobierno federal. Rosa García Carrera, de ella no se tienen antecedentes. Entonces no debe extrañar que alguno de los beneficiarios sean hijos de reconocidos ex  o actuales funcionarios de la administración pública. Otra vez se van a quedar con las ganas de alcanzar una notaría los abogados que de buena fé están participando en la selección. Desafortunadamente en Guerrero, tienen los cargos quienes cuentan con un padrino en las esferas del poder y alcanzar una notaría, es un negocio de por vida...Controversial...Por un bueno tiempo, el Estado de Mexicano, mantendrá ocupados a todos los ciudadanos de este país bananero, sin excluir a nadie sobre lo que ya bautizan como “La Fuga del Siglo”, del presunto narcotraficante su nombre completo es Joaquín Archivaldo  Guzmán Loaera (a) El Chapo Guzmán.  La perversa intenciones es mantenernos distraídos, en tanto avanza en otras cosas que perjudicarán en la economía de los ciudadanos, como es la galopante devaluación del peso mexicano, frente al dólar, así como los efectos negruzcos de las reformas estructurales. El gobierno federal está manipulando la información a su antojo para mantener ocupados a los mexicanos, utilizando a los medios electrónicos de este país, como es la televisión y la radio, por ello es necesario leer los medios alternativos, independientes, que son pocos en nuestro querido México. Después de 48 horas de “La Fuga del Siglo”, comienza a trascender que al menos cinco reclusos más se habrían fugado junto con “El Chapo”, según fuentes policiacas y se trata  que esos internos fungieran como escoltas del capo sinaloense y entraron a la zona de regaderas con él el día sábado a las 20:52 horas. Como se sabe el mismo secretario de Gobernación federal, Miguel Angel Osorio Chong, reconoce públicamente de que en la celda en donde estaba el sinaloense, tiene dos puntos “ciegos”, es decir, las cámaras no alcanzan a captar los movimientos del interno, con el argumento infantil, por humanidad y por sus derechos humanos, tal vez tenga razón, pero a los más de 120 millones de mexicanos, no lo cree ni un pelo. Como escribíamos, trasciende que no se fue solo  “El Chapo” como se ha magnificado y tampoco creemos que el túnel subterráneo hay costado un millón y medio de pesos para escavar un kilómetro y medio.  Sobre los adicionales cinco fugados, la información se mantiene hasta ahora bajo reserva por las autoridades federales. Los informantes, que también participaron en las labores de búsqueda en el túnel por el que se escabulló “El Chapo”, aseguraron también que no resulta claro si existe una conexión entre el boquete edificado para la huida y los ductos del Sistema Cutzamala. Lo que sí tienen claro es que la estructura con salida al inmueble del predio de “Santa Juana” cuenta con algunas ramificaciones. Otra arista de la información, es que las autoridades del ayuntamiento de Almoloya de Juárez desconocían la existencia de la obra en construcción que sirvió de fachada para la evasión del capo sinaloense. El presidente municipal Vicente Estrada Iniestra confirmó que la edificación carecía de permiso de construcción. El lote fue adquirido en 1989 por una persona de nombre Calixto Estrada Castillo. La compra fue protocolizada por el notario público Gabriel Escobar I. Ezeta, según consta en la escritura 26298 del 15 de junio de ese año, con clave 1021200351, y conforme a la cual sigue siendo el legal propietario del inmueble. Sin embargo, el alcalde reitera que el dueño no tramitó ningún permiso para construir, por lo que la obra se realizó de manera ilegal. El funcionario municipal se lavó las manos al asegurar que no procedió a clausurarla porque desconocía que estuviera en obra.  Ahora en busca del fugado, desde ayer, unos mil 500 policías estatales y federales andan en busca de los albañiles que participaron en la construcción del inmueble en cuyo interior se encontró el túnel por el que escapó “El Chapo”. La verdad es de risa este tipo de declaraciones y peor ya comienza causar pánico entre los vecinos del municipio y de Santa Juanita, pues tienen miedo de proporcionar detalles. No obstante, los elementos policiacos confiaron que el principal albañil de la construcción es oriundo de Oaxaca, y que hace alrededor de 15 días regresó a su entidad de origen. También indicaron que el responsable del inmueble tiene unos 60 años de edad, que contaba con una camioneta de carga cerrada con capacidad para tres toneladas, y que dicho vehículo se habría empleado para sacar la tierra y para introducir maquinaria, ingenieros y trabajadores. A los albañiles, indican, “se los tragó la tierra”, y si acaso son parte de la comunidad, destacan, difícilmente hablarán por temor. Como estas historias se comienzan a difundir para socializarlas y de manera perversas diluir el caso de “El Chapo Guzmán”.