COLUMNA

Resquicio

Hipólito Marbán

 LEY 701 SIN REGULACION SECUNDARIA

  La llamadas policías comunitarias cuyo nacimiento se da en la montaña alta como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 1992, posteriormente a la división de esta, nace la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), de igual manera la división entre sus principales operadores con el corredor Xaltianguis-Ocotito nace el FUSDEG cuyo bastión es precisamente la comunidad de Petaquillas municipio de Chilpancingo, el abandono

gubernamental en cuanto a la prevención del delito, al abuso de autoridad de policías institucionales contra la población civil, la corrupción que sigue envolviendo a las fiscalías de los distritos del estado de Guerrero, la intimidación y azote del crimen organizado en municipios y comunidades de paso obligatorio de enervantes, obligó que los ciudadanos se organizaran para hacer frente al clima de inseguridad que aquejaba a esas regiones llamadas abandonadas, hoy municipios importantes como Acapulco, Chilpancingo, Chilapa de Alvarez, Tlapa e Iguala, sienten en carne propia el abandono de prevenir y erradicar el delito, Salvador Alanís miembro activo del FUSDEG, reconoció (periódico el sur 9-11-2015) que algunos se aprovechan del buen nombre de los policías comunitarios para el trasiego de marihuana y amapola, entiéndase como un foco rojo que tilda de un crecimiento a un corto plazo si el gobierno hace caso omiso, y en verdad no se necesita indagar bastante, las divisiones y enfrentamientos entre los mismos miembros de policías comunitarios, las mutuas acusaciones de provocar conflictos internos, retenes de cooperación voluntaria en cada comunidad que el ciudadano común recorre, no es más que la clara división y descoordinación que existe entre estos autodenominados policías comunitarios, y si a ello le agregamos las constantes violaciones de derechos humanos en allanar domicilios, detenciones fuera del marco legal constitucional, quejas de fianzas excesivas que solo ellos saben los destinos del dinero recabado, la obligación de darles de comer y cooperar, a llevado descontento de familias que en un principio apoyaron el nacimiento de estas policías, las mismas familia se han visto obligadas a abandonar sus orígenes ante el acoso de los policías comunitarios, los ministerios públicos de Ayutla de los Libres y Teconapa son el claro ejemplo de que no pueden hacer nada contra estos “levantados” que si bien es cierto de una u otra manera han cumplido con bajar el índice de violencia en las comunidades donde tienen presencia, también han creado un sistema violatorio de derechos humanos, del cual no existe entendimiento más que lo que digan las supuestas mayorías, de nada sirve que se escuden de la Ley 701 que da autonomía plena de autogobernarse en usos y costumbres, si de esta no se deriva una ley secundaria regulatoria de esos usos y costumbres, ya que hoy por hoy sus alcances están al libre actuar de quienes se dicen amparados con esta ley 701, cuando en los tratados internaciones, jurisprudencias, la constitución local señalan con claridad que la actuación de los usos y costumbres no deben estar por encima de la leyes ni por encima de la dignidad humana, ósea pues que en caso de detención, existe un término legal, y no veinte días o meses en los llamados campos de reeducación, sin una garantía legal como seres humanos, el nacimiento de estas policías comunitarias que desde un principio se dio para hacer frente al crimen organizado, hoy en día litigan asuntos del orden civil, familiar y por supuesto penal del ámbito fuero común y federal, necesario legislar y crear una ley secundaria reguladora de la ley 701, sin violar los usos y costumbres, pero con usos y costumbres no fuera del marco y alcance legal, porque de lo contrario las atribuciones arrebatadas a las instituciones legales, será para generar un caos jurídico y hasta el resquebrajamiento de las ya ampliadas lagunas jurídicas, el gobierno no debe de confundir la tolerancia como un derecho meramente legal.