jueves, 28 de abril de 2016

Explorar puntos claves para
dar con los 43, sugiere WOLA 

Javier Francisco Reyes.--Hannah Smith, Oficial de Programas (WOLA), rescatan punto claves de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que deben ser exploradas.
Mediante comunicado hecho llegar a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, WOLA, iniciales en inglés, indica que el 24 de abril de 2016, el Grupo de Expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proveer asistencia técnica en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México presentó su informe final.

Añade el comunicado que los expertos, en su informe previo de septiembre del 2015, refutaron la teoría del gobierno mexicano de que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados y quemados en un basurero municipal, al no encontrar evidencia apoyando esta versión de los hechos, por lo que recomendaron varias líneas nuevas de investigación a seguir en su lugar. 
En febrero de 2016, un segundo informe externo hecho por un equipo de analistas forenses argentinos (Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF) también llegó a la misma conclusión: no hay suficiente evidencia científica que apoye la teoría original del gobierno. 
A pesar de las conclusiones de los dos informes, el gobierno mexicano siguió insistiendo en su teoría. Mientras tanto, muchas otras líneas de investigación más creíbles propuestas por el Grupo de Expertos permanecen sin explorar, como por ejemplo, la posibilidad de que los estudiantes interceptaron un autobús utilizado para transportar heroína como un posible motivo de los ataques violentos y coordinados hacia ellos. 
En su informe final, los expertos afirmaron que las recomendaciones resaltadas en su informe de septiembre del 2015 sobre la investigación, la búsqueda de los estudiantes y la manera de abordar desapariciones en México, siguen en pie.
En los meses después de que el Grupo de Expertos desacreditaron la versión oficial de la desaparición de los estudiantes del Gobierno de México, los miembros fueron objeto de campañas en los medios de comunicación que intentaban desacreditar sus trabajos previos y a ellos en forma personal. 
Estos intentos de difamación continuaron hasta la presentación de su informe final, resaltando un patrón de intimidación y criminalización enfrentado por cualquier persona que intenta descubrir la verdad sobre el caso.
 Puntos clave que requieren más investigación
 A continuación se presentarán seis puntos fundamentales señalados en los dos informes de los Expertos que merecen una investigación más profunda.
El gobierno mexicano manipuló evidencia. La evidencia fue manipulada en la escena del crimen del río San Juan, donde el gobierno supuestamente descubrió bolsas de basura que contenían los restos carbonizados de algunos de los estudiantes. La única identificación de uno de los estudiantes desaparecidos, Alexander Mora, fue hecho a base de un fragmento de hueso supuestamente encontrado allí. El Gobierno comunicó que la bolsa que contenía estos restos se recuperó oficialmente el 29 de octubre del 2014; sin embargo, evidencia fotográfica y video gráfico proporcionada por periodistas de Guerrero, muestran analistas forenses e investigadores de alto nivel de la Procuraduría General de la República (PGR) con uno de los sospechosos, en el río un día antes de que las bolsas fueron oficialmente reportadas. Ninguna de estas actividades fueron documentadas en los expedientes oficiales del caso. Los expertos forenses independientes del EAAF que acompañan el caso no fueron informados cuando el gobierno descubrió las bolsas el 29 de octubre del 2014 y no pudo verificar la cadena de custodia. 
Los teléfonos celulares de los estudiantes muestran actividad en horas y días después de que desaparecieron. Al contrario de la versión de eventos del gobierno mexicano, que establecía que los teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos fueron destruidos en el basurero municipal donde fueron asesinados y quemados, una investigación sobre la actividad de los teléfonos celulares de los estudiantes reveló actividad mucho después de que fueron supuestamente asesinados. Por ejemplo, uno de los estudiantes desaparecidos envió un mensaje a su madre a las 1:16 AM, una hora después de que el gobierno dice que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el vertedero de basura. Además, los teléfonos celulares de algunos de los sospechosos permitió a los investigadores seguir sus movimientos la noche del ataque a través de torres para antenas en el área. Estas líneas de investigación sobre los teléfonos celulares aún no se ha explorado completamente. 
Los sospechosos fueron torturados. Los informes médicos muestran que casi el 80% de los sospechosos detenidos para este caso tenía lesiones indicativos de tortura o maltrato. El Grupo de Expertos analizó los casos de 17 de los detenidos cuyos testimonios son clave para apoyar la teoría del gobierno mexicano sobre el vertedero de basura y encontraron indicios de que fueron torturados. Esto plantea serias preocupaciones que las autoridades mexicanas coaccionaron confesiones para apoyar su teoría de lo que sucedió con los estudiantes. 
Los tres niveles de las fuerzas de seguridad del gobierno estuvieron presentes durante diferentes ataques a los estudiantes. El Grupo de Expertos descubrió evidencia adicional que reveló la participación de la policía municipal de las ciudades de Iguala, Cocula y Huitzuco, la policía estatal, la policía federal y la policía federal ministerial. Los soldados del Batallón número 27 en Iguala también estaban al tanto de los ataques hacia los estudiantes y presente en algunas de las escenas de crimen. Como los Expertos señalaron previamente, a pesar de estar al tanto de los ataques prolongados contra los estudiantes, ninguna fuerza de seguridad intervino para protegerlos. 
El ejército no cooperó completamente con la investigación. A pesar del hecho que los soldados estaban presente en algunas de las escenas del crimen, incluso cuando estaban pasando estos crímenes, el gobierno de México no le exigió a los militares que presentaran pruebas o cooperaran con el Grupo de Expertos. Aunque los soldados proporcionaron varios testimonios a los investigadores mexicanos, los Expertos habían solicitado la oportunidad de estar presente en las entrevistas de seguimiento para corroborar la información y reunir más detalles de los acontecimientos de esa noche. El ejército también tiene evidencia clave de la noche cuando los estudiantes desaparecieron, incluyendo fotos y videos de los crímenes mientras estaban ocurriendo, y comunicaciones de radio de soldados informándole a sus superiores sobre lo que vieron que no le han proporcionado a la PGR. En su informe final, el Grupo de Expertos incluyó una lista de preguntas que el gobierno debe utilizar para el seguimiento del caso con los militares. 
El gobierno no investigó profundamente la posible conexión con el tráfico de drogas transnacional. Sólo cuatro de los cinco autobuses que los estudiantes utilizaron la noche del ataque fueron incluidos en la investigación original del gobierno federal. La noche del ataque, la policía federal interceptó el quinto autobús, descargaron los estudiantes, y escoltaron al autobús de Iguala. El gobierno federal ha omitido este autobús de su investigación inicial a pesar del testimonio de los estudiantes con respecto a su existencia, su inclusión en los expedientes de las autoridades del estado de Guerrero y las secuencias de video en el autobús. El quinto autobús visto en las cámaras de vigilancia durante la noche del ataque y descrito por los estudiantes, no coincide con el autobús que las autoridades presentaron más adelante al Grupo de Expertos para examinar. En su informe de septiembre del 2015, la hipótesis de los expertos es que este quinto autobús faltante pudo haber contenido drogas ocultas o dinero perteneciente a Guerreros Unidos, un grupo de crimen organizado que es conocido por el uso de autobuses comerciales para el tráfico de drogas. Esta hipótesis no fue explorada completamente por el gobierno mexicano. A pesar de que en septiembre de 2015 de los Expertos preguntaron a la PGR que solicitaran información al Departamento de Justicia de Estados Unidos con respecto a un caso en Chicago en contra de los miembros de los Guerrero Unidos por el uso de los autobuses para transportar heroína a la ciudad, esta solicitud no fue realizada sino hasta febrero de 2016 y el gobierno mexicano todavía está esperando para recibir la información del Departamento de Justicia. Recientemente, el gobierno afirmó que los estudiantes que viajaron en este quinto autobús lo detuvieron y lo desocuparon por su propia voluntad; sin embargo, no se proporcionó ninguna información sobre por qué los estudiantes presuntamente salieron del autobús o a dónde se dirigieron después de esto.  

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