viernes, 15 de abril de 2016

POLICRÓNICA

  C-4...Definitivamente está infiltrado el crimen organizado en el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) que opera en tres ciudades de Guerrero, y el gobierno estatal anuncia la renovación del personal, es un acierto, pero tardío, y se espera que haga efectivo.

El anuncio que hiciera ayer el Secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes y que  reconoció que los centros de monitoreo Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, más conocidos como “C-4”, tienen personal que filtra información, motivo por el cual serán cambiados de su cargos.  Esa no es una novedad, porque es un secreto a voces, creemos que el funcionario estatal, se está tardando demasiado, eso lo debió haber hecho desde el gobierno anterior, pues es una herencia del actual, porque la denuncia ciudadana y en este espacio, una y otra lo escribimos de que el C-4 está infiltrado por la delincuencia. En el terreno de los hechos es lo que ha sucedido, por ejemplo, un ciudadano llama al C-4, reporta hombres armados en algún lugar o un asalto a casas habitación,  el auxilio llega más de media hora después, cuando se supone que lo máximo 10 ó 12 minutos, según la distancia. Además los cuerpos policiacos no van tras los delincuentes,  sino que se quedan en el lugar a tomar nota, para que puedan hacer el reporte a sus jefes y de esa manera justificar su salario. Se espera que efectivamente haya ese cambio y que los ciudadanos recobren la confianza en el momento que hacen los reportes en contra de la delincuencia. Conocimos muchos casos y los escribimos en este espacio, que algunos denunciaban el robo, asalto o alguna agresión,  llegaban más pronto los delincuentes a amenazar a la víctima, que los mismos cuerpos policiacos, porque ellos supuestamente tenía la información de manera tardía. Pero lo bueno de todo esto, es que hay un anuncio, luego de que  Almazán Cervantes sostuviera una reunión a puerta cerrada con dos de cinco diputados locales que integran  la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, el funcionario estatal reconoció la problemática que existe al interior del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), ubicados en los municipios de Chilpancingo, Iguala y Acapulco.  En lugar de estar pensando otro C-5, lo que se necesita que el C-4 opere al ciento por ciento, pero en los últimos años en lugar de tenerle confianza, hay una total desconfianza, “porque no se les atiende con prontitud, hay algunas filtraciones de información, simplemente las fotografías que aparecen en medios electrónicos, eran filtrados desde ahí”. Esa explicación también es tardía del jefe policiaco, lo que necesitan los guerrerenses que el personal que esté al frente de los C-4 deben estar certificados y técnicamente capaces para llevar la responsabilidad de las denuncias ciudadanas y lo más importante, que no esté infiltrados por la delincuencia organizada. Tan benevolente está siendo el secretario y  el propio gobernador priista, Héctor Antonio Astudillo Flores, porque a pesar de que está comprobado de que el personal filtra información a la delincuencia, no será destituida de manera definitiva, sino solamente transferido a otras áreas, pues la delincuencia seguirá teniendo esos contactos, ahora con mayor cobertura, porque sabrán los movimientos administrativos. Hasta este no hay efectividad de los cuerpos policiacos y militares para combatir a la delincuencia, porque no hay voluntad policía y la filtración está a la orden del día, por ello no hay resultados. Eso debería analizar Astudillo Flores y haga una verdadera limpia de todo el personal “maleado”, y de una vez por todas poner nuevo personal para que maneje esos tres centros de monitoreo, si es que se trata de convertirlos en un apoyo para combatir a la delincuencia. De o hacerse el cambio total, solamente será una simulación y quedará en puro anuncio, porque ya está comprobado por las mismas autoridades de que los C-4, no garantiza seguridad para nadie, ni para los mismos funcionarios del gobierno estatal. Desafortunadamente tenemos que escribirlo, los empleados del C-4, tienen doble cara, una cobran un salario en la nómina del gobierno estatal y otra en la de la delincuencia, que seguramente no será tan jugoso, pero por el simple hecho de decir que están la “mañana” prestan sus servicios clandestinamente, sin pensar que se están haciendo comprometiendo y al rato tengan problemas. Tal vez no sean todos los trabajadores estén involucrados, pero la mayoría está al servicio de la delincuencia organizada...Veto...En días pasado el ex futbolista profesional y ahora flamante presidente municipal de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos,  Cuauhtémoc Blanco Bravo, públicamente vetó al corresponsal del periódico “Reforma”. Como todo mundo sabe, el ex pateador de balón, le incomoda la prensa que cuestiona, además no es la primera vez que el exfutbolista se molesta con los reporteros. De hecho, la exposición casi diaria a los medios de comunicación ha tensado su relación con ellos. Ante esta situación, el equipo de prensa del alcalde determinó evitar las preguntas en eventos y conferencias de prensa, pero su dolor de cabeza son las entrevistas banqueteras. Al terminar un evento quiso evadir a la prensa y salió por la puerta trasera, donde ya lo esperaban elementos de la Policía Federal, que a principios de abril relevaron a los militares que protegen al alcalde desde el pasado 2 de enero. Debido a lo reducido de un pasillo que da a la salida del recinto, la mayoría de los reporteros y corresponsales quedaron atrapados, pero Héctor Raúl González, corresponsal del diario “Reforma” en Morelos, se escabulló entre la multitud y llegó hasta el alcalde, mientras los demás le gritaban que se detuviera unos minutos. El corresponsal preguntó a Blanco Bravo: “Alcalde, ¿por qué nombraste a un médico en la Dirección de Barrancas, cuando debe ser un biólogo?”. La respuesta fue tajante: “Ya te dije que a ti no te voy a dar entrevista”. “A mí no me dijiste nada”, respondió el reportero. “Desde la otra vez te dije y no te voy a dar entrevista”, reviró Blanco Bravo. El alcalde mantuvo el paso, bajó las escaleras, y cuando se acercaba a la reja de salida uno de los escoltas se interpuso entre Blanco y González, que al cerrarle el paso le dio un empujón. “No me empujes, estoy haciendo mi trabajo”, soltó el periodista. Alexander Pisa, jefe de prensa del exfutbolista, le respondió: “Ya, no te empujó”. Y comenzó una discusión, mientras Blanco Bravo alcanzaba la salida del recinto. Fue entonces cuando otros reporteros y corresponsales lograron librarse del tumulto. Ya afuera el presidente municipal no tuvo opción. Se detuvo y dijo: “A ustedes sí les doy entrevista”. Se le preguntó si tenía algo que decir respecto de la nota publicada ayer por proceso.com sobre la denuncia de fraude fiscal en su contra. Y respondió: “Ayer ya lo expliqué, no hay ningún fraude, son cuestiones políticas. Cómo me gustaría que estuviera aquí el tesorero para que les explicara. Aquí no hay ningún fraude. Si ustedes quieren manejarlo así, manéjenlo así. No hay ningún problema, en verdad. Hay cosas, ya lo dije, hay muchos intereses y ya lo he mencionado muchas veces que hay mucha gente que no quiere que yo esté aquí”.–¿Pero hay fraude o no? –No, ya lo expliqué. Yo simplemente estoy trabajando, estoy feliz con lo que estoy haciendo, y mientras le cumpla a la gente no me interesa lo que digan otras personas ni los medios de comunicación. Ya lo he mencionado muchas veces. Si tú como medio de comunicación dices (algo), compruébamelo. Primero me lo tienes que comprobar y luego ya vienes y me reclamas”. Inmediatamente después de esta respuesta subió a su camioneta. Denuncian acoso de magistrado. En otro caso, el reportero morelense Carlos Quintero Juan realizó una protesta en las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para denunciar una campaña de hostigamiento en su contra por parte de las autoridades de esa instancia, luego de que publicó un reportaje en el que señaló de presunto tráfico de influencias al magistrado del Poder Judicial de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea. En conferencia de prensa, Quintero Juan dijo que incluso una patrulla del Mando Único lo ha estado acosando a nombre del magistrado en cuestión, cuyos policías han preguntado en diversas oficinas sobre su trabajo y detalles de su familia y domicilio. En un reportaje el periodista denunció que Gamboa Olea ha influido en ciertos juicios orales que le interesan al gobernador Graco Ramírez, con el objetivo de ganarse el apoyo de éste en el proceso de elección del próximo presidente del Poder Judicial, el próximo mes. Según Quintero, luego de la publicación de ese trabajo se desató una campaña de hostigamiento, acoso e intimidación en su contra supuestamente orquestado por el magistrado. Por ello, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Justicia del estado, y advirtió en los próximos días lo hará en la Procuraduría General de la República...Protesta...Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria 03 cuyas oficinas se ubican frente a la alameda Granados Maldonado de Chilpancingo, pararon labores en protesta por los “cambios” que autoridades de Salud han realizado “sin ninguna justificación”. Otro grupo de trabajadores los confrontó y evitó que el edificio donde laboran fuera tomado. Minutos antes de las tres de la tarde, decenas de trabajadores de esta jurisdicción salieron a la entrada principal y trataron de cerrar el acceso ante una serie de cambios que consideran “irregulares”.  Sin embargo, otro grupo de trabajadores evitó la toma del inmueble y se produjo un jaloneo durante un momento el cual pronto fue dispersado.  La denuncia central, es que gente nueva y sin trabajo de antigüedad o experiencia en esta área, ha llegado a ocupar cargos que suelen tener buena remuneración económica, mientras que los trabajadores que llevan años no fueron si quiera contemplados.“Se están dando cambios de manera arbitraria, son cambios sin una razón aparente. Los compañeros que tienen aquí años dentro de la jurisdicción fueron removidos sin previo aviso y sin motivos, esto es lo que ha generado el descontento de nosotros”, señaló Miguel Ángel Hernández Catalán, promotor de Salud en el municipio de Heliodoro Castillo. El trabajador evitó comentar si se trata de un asunto de cuotas políticas, aunque aseguró que la mayoría de los trabajadores se encuentran inconformes y no permitirán que se tomen decisiones de manera arbitraria. Luego de dialogar en la entrada de la jurisdicción que se ubica en lo que antes era hospital general, los trabajadores acordaron cerrar las instalaciones en tanto las autoridades de Salud se reunían con el sindicato para tratar de dar respuesta a la demanda.  

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