POLICRÓNICA

   Alzheimer…Tanto al gobernador del estado el priista Héctor Antonio Astudillo Flores y su inexistente equipo de trabajo en el gabinete, les dio Alzheimer, se les olvidó que hay compromisos pendientes desde hace más de cinco meses que hicieron con habitantes de la sierra que se manifestaron en noviembre del 2015.

Pareciera que ya sufre de problemas de Alzheimer, el gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Antonio Astudillo Flores, junto con su gabinete, pues en menos de cinco meses, ya se le olvidó de los compromisos que  había contraído con  los miembros de la Unión de Comisarios de la Sierra y del Consejo del Autotransporte de la Sierra y Centro del Estado, cuando estos se movilizaron por vez primera el 16 de noviembre del 2015, y fue el mismo que los atendió por la noche en la instalaciones del  Instituto del Deporte y la Juventud de Guerrero (INDEG), que hasta se quedaron a pernoctar  en ese lugar a invitación del mismo mandatario, para que al siguiente día se le diera seguimiento a lo convenido. Si el jefe del ejecutivo no tuviera problemas de Alzheimer, junto con su inexistente equipo de trabajo de inmediato hubiera entendido de que era justa la protesta de los grupos de campesinos de la sierra, pero en lugar de saber, prefirió preguntar ¿Qué quieren?, cuando apenas había pasado cinco meses y 12 días de esos compromisos público, estos sin contar los que habría hecho en “privado” durante la campaña, pues los sierreños se volcaron en las urnas a su favor, por ello creemos que fue inútil  que los manifestantes hicieran un bloqueo por 12 horas y después se les echara la fuerza pública estatal y federal, con el falaz argumento de que los lideres no contestaban las llamadas telefónicas, cuando ya había compromisos de meses atrás y lo único que hicieron fue venir a Chilpancingo para hacer el recordatorio, que muchos de esos no se han cumplido a la fecha, pero en lugar de atenderlos, simplemente sufrieron Alzheimer el gobernador Astudillo Flores y sus colaboradores “fantasmas” y con esa misma “coordinación”, el jueves de la semana pasada afirmaron, en voz del secretario general de gobierno dicto línea, Florencio Salazar Adame, afirmando que desconocía que demandaban los manifestantes de la sierra de Guerrero. Para el mandatario y funcionarios, les vamos a recordar que hubo acuerdos arribados a las 20:30 horas de aquel 16 de  noviembre del 2015, cuando Astudillo Flores apenas llevaba escasamente 21 días en la gubernatura llegó a las instalaciones del INDEG y hasta cosechó aplausos y buenos comentarios, por esa inauguración de tratar los problemas de frente  y en público, antes que utilizar la represión, lo que finalmente ahora ocurrió con la detención de 73 campesinos que están internados en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, algunos no tenían nada que ve con los hechos. Aquella noche se narraba la información, de que después de una reunión en “privado” entre líderes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de la Sierra y el gobernador del Estado Héctor Antonio Astudillo Flores, lograron obtener diez acuerdos, seguridad y proyectos productivos en sus pueblos, además de mejorar carreteras para transitar por ellas. Ese día el propio mandatario  atendió a pobladores de la Sierra de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo y Chilpancingo, donde se acordaron diez puntos, entre los que destacaba que al día siguiente por la mañana que era  martes 17 de noviembre a las 12:30 del día serían recibidos en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), para que presentaran la denuncia en contra de quienes consideraban afectan la seguridad de esa zona del estado, su integridad y se proceda en los términos de la ley, luego de que cinco días antes habían sido desarmados los policías civiles de la sierra dependientes de la UPOEG que dirige Bruno Placido Valerio, por elementos del Ejército Mexicano y Policías Federales, además los delincuentes que atacaron a los pueblos de la sierra habían quemado carros,  asesinado a una persona y otras más desaparecidas. Otro de los compromisos que había asumido Astudillo Flores con los sierreños de que se establecería cinco grupos integrados cada uno por 35 elementos; diez de la Marina, diez policías federales, diez estatales y cinco de la ministerial se desplegarán en cinco puntos de la Sierra, con los que contempla reforzar la seguridad de la cabecera municipal de Tlacotepec y comunidades como Agua de Panteón, de Corralitos, Carrizal de Bravo. Los grupos de seguridad estarán comunicados entre sí para que cuando exista un problema de inseguridad en alguna de esas zonas todos se reúnan y se atienda la situación, además de que se encargarán de buscar al policía ciudadano Gilberto Chilapa de León, que se encontraba en ese momento desaparecido desde la emboscada que sufrieron el jueves en el camino de terracería entre Yextla y Ojo de Agua los policías civiles de la UPOEG. También se informó que se instruyó para que un lapso de diez días, el secretario de Desarrollo Rural, Juan José Castro Justo, en una nueva reunión que sostendría con pobladores, les entregaría un plan para poder poner en marcha proyectos productivos para pobladores de la Sierra. De igual manera el encargado de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), para que en tres días iniciara los trabajos de reparación de caminos en la comunidad de Los Morros e informara cuáles son áreas que restan por arreglar en lo que queda del 2015 y también en 10 días expondrá todo lo que realizarán en 2016. El gobernador dijo que también le instruyó al Secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, para que en diez días informara sobre los avances de una iniciativa para que en la Constitución se contemplen las 8 regiones de Guerrero, incluyendo a la Sierra. Además se acordó que de acuerdo a como avanzara la medida de seguridad reiniciarían con la reapertura de los servicios de atención en los hospitales de Tlacotepec y Filo de Caballos, así como de escuelas de todos los niveles educativos que existen en la región de la sierra. Se les brindarán medidas cautelares de seguridad a los líderes del movimiento de la policía ciudadana en esta zona, lo que conversaría de manera particular con cada uno de ellos. Ofreció Astudillo a los pobladores de la Sierra que se quedaran a dormir en las instalaciones del INDEG para que al día siguiente del martes sean acompañados en su regreso a sus lugares de origen por los cinco grupos de seguridad. La reunión se celebró alrededor de las 8:30 de la noche en el auditorio del INDEG. Del 16 de noviembre del 2015. En aquella ocasión los 300 campesinos de más de 30 pueblos de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco), Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Eduardo Neri (Zumpango), que salieron  desde la mañana del 16 de noviembre de Chichihualco llegaron a la capital cerca de la 1:15 de la tarde pero decidieron no marchar y esperaron una reunión con el gobernador Héctor  Antonio Astudillo Flores a las 5 de la tarde. En esa ocasión, los pobladores manifestaron estar en contra de que el Ejército continúe el desarme a los policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y demandan de que el gobierno estatal detenga a los líderes del grupo delictivo que opera en la sierra de manera impune. Después de cinco meses y doce días, vinieron a recordarle al gobernador priista Héctor Antonio Astudillo Flores, de que sus compromisos no se habían cumplido en su mayoría, en algunos casos a medias y otros seguían pendientes, pero prefirió sufrir  un agudo Alzheimer, en lugar de atenderlos, los dejó y estos labriegos ya ignorados procedieron al cierre total de la Autopista del Sol, al norte y sur de la ciudad. Este hecho paralizó la capital del Estado, al parar totalmente el transporte público y mantuvieron bloqueada esta vía por más de 12 horas, tiempo en el que las autoridades estatales dijeron desconocer las demandas de los manifestantes. En varios acercamientos con la prensa, los manifestantes encabezados por Servando de Jesús Salgado Guzmán, manifestaron que las exigencias era la dotación de proyectos productivos, obras en infraestructura carretera, médicos y maestros para las comunidades, la creación de la Secretaría de la Sierra y un Instituto del Transporte. Al no lograr establecer una mesa de negociaciones, elementos de la Policía Federal procedieron a desalojar el bloqueo a la Autopista, que se encontraba a la altura del crucero a Chichihualco, lo que derivó en una serie de enfrentamientos, con gas lacrimógeno, palos, tubos y piedras, dejando decenas de lesionados y detenidos. En el enfrentamiento fueron destrozados cientos de vehículos, en su mayoría unidades del transporte que participaban en esta movilización, y algunos de manera colateral que se encontraban varados en la zona de la riña, que se extendía por varios kilómetros de la Autopista del Sol. En el crucero de la Colonia Tatagildo, los manifestantes dieron alcance a una ambulancia de la Policía Federal, con cuatro elementos a bordo, que fueron golpeados y bajados de la unidad, misma que quedó completamente destrozada. Por la noche de manera preliminar, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar, y el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes informaban la detención de 64 personas, un número indeterminado de vehículos con reporte de robo y varias armas largas. En tanto el viernes pasado al mediodía, el mismo titular de Seguridad pública, informó que el número total de detenidos era de 73,  y son acusados de atacar a las vías de  comunicación y dañar vehículos oficiales, y de propiedad particular que se oponían a su movimiento de protesta. Durante la conferencia, nunca se mostraron a los detenidos, mucho menos lo decomisado, por lo menos las armas y el estupefaciente. Sin embargo dieron a conocer que se había  decomisado armas largas, todas ellas de uso exclusivo del Ejército, Marina y Fuerza Aérea nacionales, se encontraban 3 fusiles AK-47, un fusil AR-15, equipado con aditamentos lanzagranadas, un fusil de la marca HK, así como una  escopeta calibre 12.También fueron incautadas cinco armas cortas consistentes en pistolas de grueso calibre, de uso exclusivo de la armada, y más de mil cartuchos de diferentes calibres entre ellos dos granadas de 40 mm y un kilogramo de cocaína. Pero nada de eso, por lo que se presume que podría ser un montaje y el gobierno de Guerrero pueda justificar el embate violento contra los manifestantes del jueves pasado 28 de abril del 2016. Pese a todo eso, ahora se anuncia con bombo y platillo la liberación de una orden de localización y presentación en contra del dirigente de Consejo  de Autotransporte  de la Zona Centro y la  Unión de Pueblos de la Sierra del Estado de Guerrero, Servando  de Jesús Salgado Guzmán por la comisión de diversos  delitos.Tampo se presentaron físicamente, ni fotografías de que cuatro integrantes de la Policía Federal, resultaron heridos por arma de fuego, mismos que por la gravedad de su salud, tuvieron que ser trasladados de urgencia a la ciudad de México. De igual forma se registraron daños a una ambulancia y una patrulla de la PF, así como una cámara de video vigilancia del sistema de C4 estatal,  y dos patrullas de la Policía del Estado que mantenían un puesto de vigilancia y control en el crucero que conduce al municipio de Chichihualco. Como daño colateral, se registró la muerte de un joven que dormía a la sombra de un tráiler que se había quedado varado por el bloqueo y que al momento de reabrir la circulación no se percataron de esto y fue aplastado por el pesado camión. Seguramente después de haber analizado su problema de Alzheime, ahora da el “reculón” de la represión y acordarse de que efectivamente había compromisos incumplidos, el fin de semana anuncia el gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores, que su administración brindará asesoría jurídica para los 71 detenidos durante el desalojo de la Autopista del Sol, la semana pasada. En una reunión—obligada por la retención de 12 elementos de la Policía Estatal durante más de 24 horas por pobladores de la comunidad de Filo de Caballos—en la Residencia Oficial de Casa Guerrero; comisarios liderados por el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, con el gobernador Astudillo Flores y el Fiscal General del Estado, Xavier Ignacio Olea Peláez, acordaron iniciar una mesa de diálogo con los inconformes.  A esa reunión “extrañamente” les fue negado el acceso a los hermanos de Servando de Jesús Salgado Guzmán, María Eugenia y Julio César, quienes arribaron con el grupo de comisarios, pero no pudieron ingresar a la residencia oficial, donde se llevó a cabo el encuentro de manera “privada”. Al término de dicha reunión, en conferencia de prensa, Astudillo Flores, expuso que su administración brindará asesoría jurídica a los familiares de los 71 detenidos, por delitos de orden federal, por lo que el Estado sólo podría dar acompañamiento en el proceso. Añadió, “Hemos pedido al presidente de la Comisión de Derechos Humanos que pueda haber un seguimiento muy puntual y muy justo, respecto a la detención y yo les eh manifestado a ellos también toda mi disposición como gobernador del estado para construir mesas de trabajo para los asuntos pendientes”. Astudillo Flores, es ofreció que dentro de las posibilidades que puedan existir que en los próximos días a través de la Coddehum, para que quienes demuestren su inocencia puedan quedar en libertad. Confirmó que 71 fueron consignadas, y todos fueron internados en el Cereso de Chilpancingo, todos por delitos del fuero federal, por lo que la intervención del estado, será de acompañamiento en el proceso que podría ser de tres a seis días, así como asignarles abogados para su defensa. También el titular del Ejecutivo Estatal, negó que el dirigente, Servando de Jesús Delgado Guzmán se encuentre desaparecido como lo ha informado su familia “hasta donde tenemos conocimiento ha presentado un amparo, eso no creo que sea porque está desaparecido, yo creo que está tratando de protegerse, por eso se amparó”. Asimismo, señaló que se han instalado mesas de trabajo para tratar las demandas referentes a caminos, hospitales y doctores, para que a la brevedad posible vayan agendando las obras que están demandando para la región de la sierra. Como una manera de chantajear y tratar de recomponer las cosas de la represión, el gobierno del estado obligó al comisario de la comunidad de Filo de Caballos, Arturo López Torres, señalar que aceptarán el apoyo del Gobierno Estatal para buscar la libertad de los 71 presos, pues dicen nada tuvieron en los disturbios registrados el pasado jueves. Acusó que el movimiento nunca portó armas, pues se trataba de una movilización pacífica, y que aseguró que quienes provocaron el caos fueron gente infiltrada ajena al movimiento.Asimismo negó que hayan sido retenidos elementos de la Policía Estatal para presionar a las autoridades, dijo que los elementos solo estaban de paso y en cuanto culminaron sus actividades se retiraron de la comunidad. Ojalá que no se vaya a repetir otra vez el efecto del Alzheimer al mandatario estatal y a sus funcionarios, porque parece que están sedientos de sangre. ...Giei...Comenzó el mes de mayo, ya sin la presencia de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cada uno de los cinco, ya regresaron a sus respectivos países, pues su tiempo de 14 meses se cumplió el pasado 30 de abril, con un mensaje cifrado en el marco del “Día del Niño”, es decir se cometió una “niñeza” con los expertos para despedirlos del país y ya no sigan sobre la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia y este grupo estuvo por último el pasado miércoles en las instalaciones de la escuela para entregar a los 43 padres de familia una copia de su informe. Ahí, el abogado de las 43 familias, Vidulfo Rosales Sierra afirmó que el Grupo de investigadores trastocó intereses de la clase política mexicana, lo que derivó en el bloqueo del gobierno de este país para su permanencia.  Se fueron los expertos, no sin antes los del GIEI dejaron una hoja de trabajo de una ruta de 20 puntos. Los expertos enviados a México por la Comisión Interamericana para colaborar en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 cerraron sus 14 meses de trabajo con la divulgación de una hoja de ruta para la fiscalía en la que, entre otras cosas, piden que cambie la tesis oficial de los hechos y que la investigación la lleve de forma exclusiva la oficina creada a tal efecto y no otras áreas de la procuraduría. El gobierno mexicano sigue manteniendo que los 43 jóvenes fueron quemados en un basurero y que sus restos fueron arrojados a un río cercano. “Es momento de que la Procuraduría General de la República cambie su versión pública sobre los hechos”, incorpore “los hallazgos importantes ya probados” y “señale que no existe certeza” sobre el destino de los estudiantes, declaró el grupo en un comunicado. El gobierno mexicano sigue manteniendo que los 43 jóvenes fueron quemados en un basurero y que sus restos fueron arrojados a un río cercano, pese a que dos peritajes diferentes aseguran que no hay evidencias científicas que sostengan esa versión, más allá de las confesiones de los presuntos autores materiales que luego denunciaron haber sido torturados. En la hoja de ruta de 20 puntos, que consideraron necesarios para intentar llegar a la verdad, el grupo subraya la importancia de que la investigación sea dirigida “únicamente” por la oficina creada específicamente para el caso y que depende del área de derechos humanos de la fiscalía. Pidieron que se investigue a “todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación”. En este sentido, hicieron mención especial de los involucrados en la recolección de evidencias en el río donde supuestamente fueron arrojados los restos de los jóvenes  entre quienes está el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón y pidieron que se aclare tanto la destrucción de algunas evidencias como la aparición repentina de otras. Los expertos insistieron en la importancia de mantener las búsquedas; garantizar el diálogo y la atención a las familias; aclarar la actuación de la policía federal, el ejército y otras corporaciones de seguridad; e investigar tanto la tesis del tráfico de heroína como posible móvil del crimen como todas las denuncias de posibles torturas y otras violaciones a los derechos humanos. El grupo entregó el viernes su hoja de ruta y su informe final a la procuradora general de la República, Arely Gómez González, y sin temor a equivocarnos, se va directo al archivo, porque efectivamente con la investigación se tocaron muchos intereses que ni usted ni nosotros sabemos, solamente los del GIEI y después de un tiempo los habremos de conocer en voz de cada uno de ellos. Por lo pronto, los padres de los 43 normalistas se quedaron solos otra vez con su lucha incasable, y sin tener una certeza de encontrar a sus hijos, la única que hay para ellos es seguir hasta sus últimas consecuencias. Al comenzar el mes de mayo los 43 padres de familia de los estudiantes desaparecidos seguirán con su incansable lucha.