PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Castigarán delito de
desaparición forzada

Javier Francisco Reyes.-Luego de que la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, lo saludan el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, pues quienes cometan el delito  serán sancionados con más de 60 años de prisión.
Mediante un comunicado de prensa hecho llegar a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en

México que reúne cerca de 200 diversas organizaciones de defensores de derechos humanos en todo México.
En su comunicado, señalan que las familias saludan la aprobación de la Ley General que hiciera ayer los diputados federales, pues es una herramienta para enfrentar la grave crisis de desapariciones e impunidad en México
Las familias que conformamos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx) saludamos la aprobación de dicha Ley, por ser el resultado de casi tres años de arduo trabajo por parte de más de 60 colectivos de familiares y organizaciones de la sociedad civil (OSC), que han propuesto contenidos fundamentales de ésta y porque de implementarse de manera efectiva, será una importante herramienta para enfrentar la grave crisis de desapariciones en México.
También puntualizan que con la Ley se crea un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y 32 Comisiones Locales de Búsqueda de personas desaparecidas, estructuras que incorporan la participación de familiares y organizaciones de la sociedad civil, para dar con el paradero de nuestros seres queridos.
A su vez, la Ley reconoce y sanciona los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; promueve investigaciones exhaustivas -mediante la creación de Fiscalías Especializadas-; y establece mejores condiciones para acercarnos a la verdad, la justicia, el castigo a los culpables, y  para romper los patrones crónicos de impunidad que envuelven a esta práctica atroz.
La Ley también fortalece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo cual contribuirá a dimensionar la crisis de desapariciones en el país y responder a la verdadera magnitud de esta dolorosa problemática.
Asimismo, los derechos de las víctimas reconocidos en ella abrirán nuevas posibilidades para proporcionar medidas de reparación integral y atención a las miles de personas desaparecidas y a las familias que atravesamos este tormentoso camino.
Todo esto sólo será posible si las autoridades -de todos los órdenes de gobierno- cumplen con sus obligaciones e implementan la Ley de forma correcta.
Puntualizan que en el largo y desesperante camino de la búsqueda de nuestros seres queridos, frente a la inacción y colusión institucional, reconocemos en la Ley un instrumento perfectible, pero también necesario y urgente como un primer paso para prevenir, erradicar, combatir y sancionar las desapariciones.
No obstante, la obligación del Poder Legislativo no termina el día de hoy con la aprobación de esta Ley. La Cámara de Diputados tiene el ineludible deber de asignarle presupuesto suficiente, en este mismo periodo de sesiones, para su inmediata y correcta implementación.
Esto es una condición básica para que la Ley opere de manera efectiva en favor de las miles de personas desaparecidas en el país y de sus familias, y prevenga la realización de la conducta delictiva.
Además, las familias exigimos al Poder Ejecutivo la publicación inmediata de la Ley, ésta es una oportunidad histórica para responder a decenas de miles de familias que no podemos esperar más, comprometiendo a esta administración para sentar las bases de su pleno cumplimiento.
El camino apenas comienza, la aprobación es un paso más y la implementación será un reto. Por ello, exigimos reconocer nuestra experiencia y asegurar nuestra participación en cada momento: sin las familias no podrá darse una implementación efectiva y legítima de la Ley.