NOTA

Concede juez amparo
al rector y esposa:CG
CUERNAVACA, MOR.--El Juzgado Cuarto de Distrito con sede en esta capital otorgó la suspensión provisional al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, y a su esposa, la también investigadora María Elena Ávila Guerrero, quienes son acusados de enriquecimiento ilícito.
El abogado César García, defensor de los dos académicos, informó que este lunes se interpuso el amparo con el argumento de que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos se había
excedido al solicitar orden de aprehensión y de cateo para capturar al rector y a la académica.
En entrevista, señaló que Vera Jiménez acudió ante un juez durante septiembre y octubre para llevar adelante el proceso por presunto peculado. “Nosotros siempre hemos acudido. El rector no se esconde, siempre ha dado la cara. Queremos que retiren la orden de aprehensión en su contra para que se presente y enfrente esta nueva acusación”, sostuvo.
Sin embargo, este lunes por la mañana se interpuso el amparo, recurso que fue admitido por el Juzgado Cuarto de Distrito de Cuernavaca, mismo que resolvió por la tarde otorgar la suspensión provisional para que ni Jesús Alejandro Vera Jiménez ni su esposa María Elena Ávila Guerrero sean detenidos. El número de juicio de amparo es el 1802/2017.
Como se informó con oportunidad, el sábado por la madrugada un aparatoso operativo se puso en marcha en el fraccionamiento Paraíso Country Club, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, donde el rector tiene su vivienda, para realizar un cateo con el fin de capturar al rector y a su esposa por el delito de enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, los académicos de la UAEM no se encontraban en el lugar, por lo que el operativo sólo duró 10 minutos y luego se dejó una copia de la orden a los presentes en la vivienda, una pareja de trabajadores.
El abogado fue testigo del operativo y lo videograbó señalando todas las irregularidades y “violaciones a derechos humanos y a la ley” que se cometieron en esa acción.
Ayer domingo, un grupo de activistas, políticos, legisladores y defensores de los derechos humanos emitió un desplegado en el que enmarcan la acción del gobierno de Graco Ramírez contra el rector como una “venganza política”, luego de que Vera Jiménez se ha encargado de denunciar las violaciones a los derechos humanos de la administración estatal, particularmente aquellas que tienen que ver con las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla.

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