POLICRÓNICA

Una mujer agente de tránsito flagrantemente violó el reglamento de Tránsito y Vialidad, no usó equipo de seguridad (casco), su sanción está en duda para los ciudadanos, porque no se informa que sucedió con el conductor, además mintió la autoridad  el concepto de “infracción” A38167, fue por circular en sentido contrario, y la gráfica dice todo lo contrario, van correctamente sobre la avenida “Benito Juárez”. (Leer  PoliCrónica).

Inegirepresor…Cuando se supone que es una noble y de buena fe el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cada diez años en esta ocasión lleva a cabo el Censo de Población y Vivienda 2020, sin embargo ahora sabe que su labor es  prácticamente policiaca y hasta represora contra los ciudadanos que no reciban a los encuestadores.

En una anterior entrega cuestionamos en este espacio de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), siendo una siendo una instancia federal tiene un presupuesto de 16 mil 572.9 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2020, de los cuales 53.5 por ciento está siendo destinado para el Censo de Población y Vivienda 2020 y 46.5 por ciento para los programas regulares. En este trabajo del 2 al 27 de marzo lo harán 205 mil personas, de las cuales 150 mil serán encuestadores que visitarán dos millones de viviendas diarias de México. Con este millonario presupuesto que tiene el INEGI en Guerrero su coordinador estatal Ismael Maldonado Valenzuela, puso a su personal como como “limosneros” a través de la red social Facebook a pedir espacios gratis en los diversos medios de comunicación para difundir su propaganda. La “exigencia” de Maldonado Valenzuela de pedir espacios regalados a los medios de comunicación de Guerrero, como si a estos los mantuviera la divina providencia, cuando  el mismo gobierno del nuevo régimen de la Cuarta Transformación, está criminalizando no solamente a los ciudadanos, sino a las empresas de todos los tamaños de que deben declarar sus ingresos y justificar su procedencia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está exigiendo recaudar más dinero mediante la rigurosa fiscalización que a partir de junio todo aquel ciudadano que ahorre 5 mil pesos en el banco, los tendrá que declarar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En estos momentos se llevan a cabo los trabajos del Censo de Población y Vivienda 2020, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del 2 al 27 de marzo en todo el territorio nacional, incluyendo al estado de Guerrero y que permitirá a los guerrerenses, saber cuántos somos, donde estamos y que hacemos. En Guerrero  los trabajos los está dirigiendo Ismael Maldonado Valenzuela, en su calidad de titular de la Coordinación Estatal del INEGI, pero está siendo omiso que solo  ofrece información de lo que  los encuestadores requieren para que este trabajo estadístico cumpla sus metas y objetivos en Guerrero en los rubros de la economía y la población, datos siempre aceptados y muy respetables. Pero lo que no está informando y de lo que debe saber sabe el grueso de la población en que el INEGI, hoy en día no es una instancia de buena fe para recaudar información de la sociedad, sino que aplica una política coercitiva, nosotros la calificamos y la escribimos que es un organismo represor. Hasta el día de hoy en Guerrero, el desconocido de Ismael Maldonado Valenzuela, no ha informado a los surianos de que el INEGI cambió al pasar de buena fe a una instancia represora. Tampoco lo han hecho los funcionarios de los tres niveles de gobierno, convirtiéndose en verdaderos cómplices, al no dar a conocer a sus gobernados del alto riesgo que corren del 2 al 27 de marzo si no “cooperan” con el INEGI, que serán sancionados severamente. Los habitantes de Chilpancingo, y todo el estado de Guerrero o cualquier ciudadano mexicano debiera estar perfectamente bien enterado de que si no participan en el Censo 2020 del INEGI puede recibir una multa que va de los 443.40 pesos a los 43 mil 400, tal como lo estable la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía. Si los ciudadanos encuestados se niegan a responder las preguntas formuladas por el personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recibirían sanciones que van de las 5 a las 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que se equivale a 86.88 pesos. De acuerdo con el propio instituto, en general la participación de la población es muy alta, pues hace 10 años el porcentaje de mexicanos que no respondió los cuestionarios fue sólo del 0.6 por ciento. El INEGI alista mecanismos adicionales para responder Censo 2020, sin embargo, la Ley del INEGI establece en los artículos 103 y 106 que: los ciudadanos que se nieguen a proporcionar información, así como proporcionar datos falsos, incompletos o incongruentes, cometen infracciones. A nivel nacional Edgar Vielma Orozco es el director general de estadísticas sociodemográficas del INEGI del cual es presidente, Julio Alfonso Santaella Castell, aseveró que las respuestas de los ciudadanos servirán para diseñar las políticas públicas de México durante la próxima década sobre todo en: educación, seguridad y atención médica. El INEGI además prepara este año mecanismos adicionales para incentivar la participación de los ciudadanos en el Censo Nacional de Población y Vivienda en México: la entrevista casa por casa; una calcomanía en el domicilio con un código QR y una carta o el vínculo al cuestionario en línea, además de un número telefónico gratuito para responder la encuesta. Así que ya saben los ciudadanos de México y de Guerrero, si se niegan o no están en sus domicilios por motivos diversos, serán multados.  Desde nuestra percepción lo escribimos como represión descarda, porque creíamos falsamente que el INEGI es una instancia de buena fe, y no coercitiva, como ya estamos enterados.  Desde el 2008 existe Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica con sus 126 artículos, pero actualizada en dos ocasiones, el 8 de julio del 2014 y el 25 de abril del 2018. Si alguna familia por razones de trabajo, pasan semanas, meses y años fuera del domicilio, también serán sancionadas, y para evitarlo, como hacerle, esas preguntas debiera responder el coordinador en Guerrero del INEGI, Ismael Maldonado Valenzuela, pues muchas familias no estarán, y para seguir manteniendo su vivienda, le piden el favor alguna persona de confianza para que pague sus respectivas contribuciones. También están los casos de las personas que se fueron al extranjero a buscar nuevos horizontes y oportunidades, porque tristemente en México, no hay muchas, por ello abandona su terruño. Algunos se van a estudiar, otros a trabajar y otros más cambian de residencia por lograr mejores estadíos de vida de esas familias. En México y en Guerrero hay infinidad de casas abandonadas, por lo tanto los propietarios no podrán responder el cuestionario de los encuestadores ¿acaso tendrá que regresar desde el extranjero para responder las preguntas?, peor si se fueron de braseros junto con sus familias. Esos imprevistos, no las contempla la ley, solo habla de sanciones para quienes no respondan, sin pensar que muchos mexicanos y guerrerenses se encuentran en el extranjero o fuera del estado porque hasta ahora, esos censos del INEGI han servido para maldita la cosa. Si realmente  se cumpliera estrictamente como lo establece la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, seríamos un país y un estado sin migración.Entonces nos parece que las autoridades del INEG están actuando como una instancia coercitiva, ya no es buena fe, sino con tendencias policiacas al tratar de obtener la información de los ciudadanos  a producto de gallina, exige información, supuestamente para aplicar políticas públicas, cosa que no creemos, porque  hoy en día el gobierno de la 4T busca obtener dinero hasta por debajo de las piedras. Lo mismo hicieron con los Censos Económicos 2019, estos se hacen cada 5 años. Constatamos que los encuestadores al no encontrar a las personas de los negocios, aunque estuviera cerrados o sin actividad por cuestiones de la crisis económica, dejaban mensajes escritos de que a la fuerza tendría que responder sus preguntas. Hasta ese momento desconocíamos de la existencia  de sanciones, en esos documentos que dejaban por debajo de la puerta o cortina, en todo momento estuvieron llenos de amenazas y exigiendo de que los propietarios o encargados de los negocios tendría que  contestar los cuestionarios, e inclusive invocaban la aplicación de la que ahora sabemos que existe Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. En su momento tampoco se socializó de la existencia de esta ley que en este espacio estamos dando a conocer, y sus implicaciones, medida a la calificamos como represora. Condenas que esto se vaya a aplicar a algún ciudadano mexicano o guerrerenses, porque creemos que habrá muchos motivos por el que no estarán en sus casas, como ya sucedió con los negocios, muchos están cerrados en definitiva, tal vez algunos por omisión nunca borraron sus letreros en que anunciaban que servicios prestaban y eso no lo está contemplando el gobierno democrático, sino que solo están pensando en sacar información con un método coercitivo. Cuando también por ley, están obligados a informar anticipadamente a fin de que no haya pretextos de que no sabían los ciudadanos a que sanciones se verían sometidos en caso de no cumplir. En todo caso, sería bueno, aplicarles la misma ley a los servidores públicos por no cumplir con esa parte de su obligación de socializar las leyes a las que se tiene que someter a los ciudadanos mexicanos y guerrerenses en este tipo de censos. Definitivamente  los ciudadanos por falta de información oportuna, los agarran en un estado de indefensión total, por omisión de las mismas autoridades del INEGI.…Dudoso…Los ciudadanos dudan de que efectivamente las autoridades de la Subsecretaría de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Chilpancingo hayan sancionado ejemplarmente a su elemento por violar su propio reglamento. Esto después de ser captada y sus fotos circularan por Facebook en la que una mujer agente de tránsito a bordo de una motocicleta sin usar casco ni protección. Falso, no es solo una mujer, quien maneja la motocicleta no oficial, sin placa de circulación, es una persona del sexo masculino, sin uniformo, sin casco, una gorra, y lleva como acompañante una mujer con uniforme blanco, en sus espaldas tiene el letrero “Tránsito Municipal”. La duda de los ciudadanos de la capital del estado de Guerrero, es que si realmente, Lázaro Adalberto Figueroa Ramírez, subsecretario de Tránsito y Vialidad sancionó ejemplarmente a su agente de tránsito. El funcionario municipal de Chilpancingo mediante boletín informó que impuso una multa a una de sus agentes por circular en la parte trasera de una motocicleta, sin usar casco ni protección, esto después de ser captada y sus fotos circularan por Facebook. Sin embargo van dos personas en la motocicleta, y en el boletín no lo refiere, además en el concepto de “infracción” A38167, a quien corresponda, aplicada es por circular en sentido contrario, pero la gráfica los desmiente, van correctamente en la vía, porque los carros van en el mismo sentido. Entonces es otra mentira de la dependencia de tránsito y la mujer, de quien hasta el momento de desconocer su identidad, comparecería ante el Consejo de Honor y Justicia del área municipal, para aplicarle una sanción por faltar al reglamento. De acuerdo con un comunicado, la Subsecretaría de Tránsito y Vialidad indicó que los reglamentos se aplicarían a toda la ciudadanía, sin ninguna excepción. Circuló una fotografía donde se aprecia a la mujer viajando en la parte trasera del asiento de una motocicleta en un tramo de la Avenida Juárez, en Chilpancingo y nunca informan que sucedió con la persona conductora. Supuestamente a la agente, se le impuso una multa de 175 pesos, de acuerdo a un recibo que compartió en redes el área municipal, pero nunca informan de que debieron ser dos infracciones. Sin embargo las mismas autoridades de Tránsito han dado a conocer  que  la sanción mínima por esa falta administrativa, no es menor a los 480 pesos. Tampoco se informó que si la mujer agente de tránsito tenía licencia de manejo o el conductor, éste último se le debió haber localizado y revisar sus papeles si están en regla. Como no se hizo, entonces hay complicidad de las autoridades con los infractores viales, no se está aplicando la ley parejo, hay excepciones. Tampoco se dio a conocer la identidad de la servidora pública municipal infractora. Toda la información estuvo a medias, cuando en otros casos de ciudadanos comunes y corrientes los exhiben públicamente cuando hay resistencia. Entonces está fundada la duda de los ciudadanos de que sean ejemplo a seguir, porque dice el refrán popular “el buen juez comienza por su propia casa”.