𝗛𝘂𝗮𝗰𝗵𝗶𝗰𝗼𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝙜𝙧𝙖𝙣 𝙗𝙞𝙨𝙣𝙚

Fernando Hinterholzer Diestel

Nuestro país viene padeciendo desde hace más de dos décadas, al crimen organizado.  Esta situación es confirmada, al ubicar a México entre las naciones más afectados por redes criminales muy violentas y con una gran capacidad de control territorial e institucional. El diagnóstico es claro: México figura entre los veinte primeros puestos en trece de los quince mercados ilícitos evaluados, desde el narcotráfico hasta delitos financieros y trata de personas. Los grupos criminales aquí no solo delinquen: gobiernan. En varias regiones sustituyen al Estado, imponen normas, ofrecen “servicios” y extraen rentas. A esto se suma una violencia letal desbordada y una institucionalidad debilitada, con procesos judiciales ineficientes, cárceles saturadas y altos niveles de impunidad. Pero el impacto económico es enorme. Hoy en día, el mayor de los negocios criminales al que se está enfrentando el Estado, superando por mucho al narcotráfico y la guerra entre cárteles, es la del combustible ilegal,  extraído de los ductos de Pemex con la complicidad de funcionarios de la paraestatal, de policías locales y federales y de miembros de las fuerzas armadas: el negocio del combustible ilegal, llamado huachicol, “genera utilidades de 12 mil millones de dólares y aprovisiona entre 25 y 30% del combustible que utiliza el país”, de ese tamaño es el negocio. 

Hay que reconocer, que el gobierno de la presidente Sheimbaum se han dado golpes muy importantes contra esa trama criminal y cada acción es un señalamiento directo contra la pasada administración, “que dejó crecer y cobijó ese enorme entramado criminal”. Por lo que, para seguir combatiendo este delito, el gobierno está obligado a tomar medidas contra quienes fueron protectores, cómplices y beneficiarios en el pasado inmediato, a pesar de los múltiples aseguramientos de millones de litros de gasolina y diésel ilegal, de las pipas, de los carros tanques asegurados, no hay una sola persona detenida, y aquí muchos opinadores levantamos las cejas, a quien protegen o quién está detrás de este “gran bisne transexenal”, es pregunta. AMLO aseguraba durante su gobierno que había erradicado el problema del huachicol, lo que, evidentemente, fue una gran mentira. Al revisar las acciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de octubre pasado a la fecha, encontraremos que el problema no fue erradicado e, incluso, creció exponencialmente en relación con lo que sucedió en tiempos de Peña Nieto. Expertos en temas de seguridad y energéticos consideraron que el combate al huachicol en gobiernos anteriores fue circunstancial y “seguramente cómplice” del gran negocio criminal en el que están inmiscuidos grandes grupos criminales. Para operar el tráfico de las gasolinas en niveles gigantescos, se requiere de “una gran corporación empresarial que cuente con los activos, equipos y personal necesarios para diseñar todo el mecanismo de huachicoleo”. 

El delito es investigado en Estados Unidos, que lo considera uno de los principales instrumentos del crimen organizado en México. Allá hay denuncias, investigaciones del departamento del Tesoro y hasta detenidos. Aquí se han encontrado millones de litros de combustibles en entidades como Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Baja California, con grandes empresas encubiertas, pero no tenemos una sola detención de impacto ni de la venta de combustibles en Estados Unidos y que se envían hasta India, Japón y China, como tampoco del huachicol fiscal. Hace unos se publicó que las pérdidas en el IEPS, en impuestos especiales sobre gasolinas, por huachicol fiscal, alcanzó más de 554 mil millones de pesos al año. Y las utilidades que tienen quienes operan el huachicol fiscal superan los 300 mil millones de pesos al año. Ni un detenido, ninguna red destruida, ningún funcionario investigado en un negocio de esa magnitud. Gran complicidad.

Este delito es, además, el principal responsable de la violencia en Guanajuato y zonas vecinas, mucho más que el tráfico de drogas, también en zonas de Tamaulipas y Baja California, los personajes involucrados están relacionados con varios estados incluyendo Sinaloa. La actividad ilegal se acompaña de violencia y corrupción de altos niveles.  En Tamaulipas, empresarios como José Luis Palos y Julio César Almanza fueron asesinados tras denunciar presiones criminales por el control del combustible clandestino en las aduanas. El caso más sobresaliente fue el de Sergio Carmona Ángulo, “El Rey Del Huachicol”, asesinado en 2021 en Monterrey. El “empresario”, operaba a través de una empresa fantasma, y “presuntamente financiaba campañas políticas de figuras de distintos partidos, como el exgobernador de Tamaulipas, del actual gobernador Américo Villareal (Morena) y Mario Delgado (Morena), actual secretario de la SEP”. Tras el fallecimiento de Carmona, Código Magenta, documentó que el heredero de los negocios fue Ángel Arnoldo Ramírez Salinas. Asimismo, encontraron contratos millonarios entre la empresa y dependencias federales. “Ramírez falleció el 26 de abril, luego de que el vehículo en el que se trasladaba se desabarrancara en la carretera Guadalajara-Colima. Carlos Narváez Romero, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas, sobrino del entonces director de Pemex, Octavio Romero, fue asesinado en Polanco, el 13 de mayo del 2024.  De acuerdo con Código Magenta, Narváez era cercano a funcionarios de aduanas acusados de extorsión y huachicol fiscal”.

El negocio inverso es el que sigue el huachicol fiscal, que representa 30 por ciento de todo este negocio. En el “huachicol fiscal” se evita el pago de impuestos al ingresar hidrocarburos al país con documentos falsificados o con fracciones arancelarias incorrectas. Por ejemplo, se importa diésel, pero se declara como lubricantes para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. También incluye la sub-declaración de volúmenes importados y la venta de combustibles a precios por debajo del mercado, afectando a empresas legales y a la recaudación fiscal. Ha habido algunos golpes a empresas y personas, pero el negocio permanece inalterable. Imagínese usted el recorrido burocrático que se requiere para extraer el crudo, depositarlo, cruzar la frontera en un sentido o en el otro, distribuirlo y venderlo a sus usuarios, dentro o fuera del país. Estamos hablando de un negocio de cientos de miles de millones de pesos que no se puede realizar sin amplias redes de protección y complicidad. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), informó en abril pasado, que “el contrabando de combustible es la principal fuente de financiación de grandes organizaciones criminales”, como el CJNG, el Cartel de Sinaloa, la Familia Michoacana, el Cartel del Golfo.

Estos éxitos contundentes en el combate al huachicol, son por supuesto consecuencia de la presión de Estados Unidos, y ponen a la Dra. Sheimbaum en un dilema político complejo. Qué hará con los funcionarios que han sido cómplices y permitieron que todo esto pudiera pasar, porque en la medida que las incautaciones son gigantescas y flagrantes, la pregunta suena más fuerte: cómo es posible que nadie haya visto en el sexenio pasado. La secretaria de Seguridad del sexenio anterior es la secretaria de Gobernación, otro exsecretario de Seguridad ahora es gobernador y presidente del Consejo Nacional de Morena y claro, el ex, ahora palencano decía que ya se había acabado con el huachicol, y no hizo nada para combatirlo. Los golpes espectaculares de Harfuch contra el huachicol se encaminan a terminar las alianzas del crimen, pero también a decir “misión cumplida’’ a la lucha contra el huachicol. Y la pregunta es, el gobierno de Sheinbaum, presionado por EU, efectivamente va por todos los políticos, empresarios y demás involucrados en el huachicol y el crimen organizado, o se trata solamente de una simulación. Quiénes son sus cómplices dentro del gobierno. Porque mover buques tanque, cientos de pipas, establecer una refinería clandestina y operar ferro-tanques no es algo que se haga sin el respaldo de una gran logística y sin una red de complicidad. “Ya nos huachicolearon y no nos volverán a huachicolear”. ES CUANTO

𝘼𝘿𝘿𝙀𝙉𝘿𝙐𝙈: En el gobierno municipal de Acapulco no les interesa combatir el nepotismo. Por el contrario, la presidenta municipal, Abelina López, proclamó, sin empacho alguno, como “el orgullo de su nepotismo”, a quien se dice es su pareja, Leticia Lozano Zavala secretaria del ayuntamiento. También están en la nómina como subsecretaria de Administración Araceli Lozano Zavala, hermana de la secretaria general del ayuntamiento, así como Hugo Lozano Hernández, sobrino de la presidenta municipal suplente y quien fuera dos años director del Comisión de Agua Potable y Alcantarillado local donde actualmente es el encargado del área comercial. Abelina López y la familia Lozano se han hecho de muchas propiedades, por lo que sería importante que aclararan el origen de los recursos con los que fueron adquiridas porque podría ser enriquecimiento ilícito, algo contrario a los principios que Morena tanto pregona. Las propiedades inmobiliarias de Abelina y los López fueron adquiridas en su mayoría durante el periodo en que han formado parte del gobierno municipal de Acapulco. 

#𝘌𝘹𝘪𝘨𝘪𝘳𝘭𝘦𝘊𝘭𝘢𝘶𝘥𝘪𝘢𝘤𝘶𝘮𝘱𝘭𝘢.